La fiscalía pide 30.000 euros a Joana Ortega por burlar la sentencia del 9-N

Las consecuencias de la consulta independentista del 9 de noviembre de 2014 no terminan aún para Joana Ortega, que fue vicepresidenta del Gobierno catalán en aquella primera llamada a las urnas que fue el preludio del 1-O. La Fiscalía ha pedido que Ortega pague una multa de 30.000 euros por haber burlado la condena de inhabilitación que le fue impuesta por organizar el 9-N. Tras la condena, la exvicepresidenta ejerció como asesora del Departamento de Empresa de la Generalitat, lo que según la fiscalía era incompatible con la pena de inhabilitación que cumplía y que le impedía ejercer cargos públicos.

La fiscalía acusa a Ortega de un delito de quebrantamiento de condena, al entender que asumió el cargo de asesora en proyectos transversales del Departamento de Empresa y Conocimiento, entre mayo y octubre de 2019, “con evidente ánimo de impedir la condena firme” impuesta tras la consulta. Ortega cobró un total de 32.110 euros brutos. La fiscalía cree que su trabajo estaba conectado con el Departamento de Empresa y la retribución estaba “asimilada a la de un puesto de trabajo de funcionario de nivel A”.

Ortega evitó, siempre según la tesis de la acusación, cumplir la condena de nueve meses de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas que le fue impuesta por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) junto al expresidente Artur Mas y la exconsejera de Educación Irene Rigau. Los tres fueron condenados por un delito de desobediencia en la organización de la consulta del 9-N. El TSJC denunció a Ortega en los juzgados al entender que había “burlado” la pena impuesta.

En su declaración ante el juez, Ortega alegó que en el cargo no ejercía funciones de gobierno, por lo que no entraba en los supuestos que contemplaba la pena de inhabilitación. La exvicepresidenta remitió informes jurídicos de la Generalitat que avalan su contratación como asesora.

Tras la acusación, reiteró su “inocencia” y dijo que su nombramiento fue con “absoluta transparencia”. “Fui asesora durante seis meses, cumpliendo escrupulosamente mi horario y las tareas que me fueron encomendadas”, afirmó en un comunicado. “Ni con una interpretación amplia de los términos de la condena se puede entender que suponía desarrollar tareas de gobierno”, insistió Ortega, que considera “tremendamente injusta” la nueva causa judicial. “Confío en que la justicia declare que esta acusación no tiene ningún fundamento y confirme mi inocencia”.