El riesgo de perder el tren

La izquierda catalana en su conjunto se halla ahora mismo en inmejorables condiciones para conseguir que el Gobierno de España contribuya a que Cataluña salga del callejón sin salida en que está metida desde 2012. Los primeros pasos para lograrlo se han dado. Pero luego vino una pausa, impuesta por la pandemia, o eso pareció. Y ahora se está en un momento de indefinición, en el que elementos exógenos como por ejemplo el deslizamiento hacia un ambiente preelectoral permanente, tienden a posponer las decisiones.

Dos de los partidos catalanes de izquierdas tienen a sus máximos dirigentes como ministros en un gobierno de coalición del PSOE con Unidas Podemos y el coordinador general del otro, Pere Aragonès, encabeza el Gobierno de la Generalitat, aunque sea al frente de un gobierno de coalición con la derecha independentista. Uno de estos ministros es Miquel Iceta, líder del socialismo catalán en los duros momentos de 2017 en los que Pedro Sánchez logró recuperar la secretaría general del PSOE gracias, entre otras cosas, al decisivo apoyo del PSC. El otro ministro es Joan Subirats, el padre de la formulación ideológica de los comunes. Pero resulta que, junto a estas fuertes posiciones del PSC y los comunes, Aragonès cuenta además con el grupo de 13 diputados de ERC en el Congreso que es socio parlamentario imprescindible para la mayoría de gobierno progresista en España. El sueño dorado de cualquier político catalanista.

Dado el escenario político general, una mejor oportunidad es a estas alturas impensable. Durante la primera mitad de la legislatura, Sánchez y las izquierdas catalanas han avanzado mucho en su primer objetivo compartido acerca de la crisis catalana: desinflamar el conflicto político-constitucional, con hitos tan importantes y sensibles como fueron los indultos a los dirigentes independentistas condenados por el Tribunal Supremo. No es poco, desde luego. Pero, cubierta esta fase, prácticamente no se han movido de la casilla de salida en el otro objetivo: encauzar el conflicto por la vía del diálogo entre gobiernos, sacarlo de las manos de los jueces en las que lo puso el gobierno de PP dirigido por Mariano Rajoy y acordar por lo menos una propuesta de solución.

Tras los indultos, apenas se han movido de la casilla de salida para encauzar el conflicto por la vía del diálogo

Deshacer este nudo se está revelando una tarea muy difícil. Para todas las partes. Entre los tres partidos de la izquierda catalana no hay acuerdo ni siquiera acerca de la definición del problema a resolver. Tampoco lo hay entre los gobiernos de Sánchez y Aragonès, excepto en que cualquier solución debe abordarse por la vía del diálogo.

Las posiciones de partida aclaran poco o nada. ERC pone sobre la mesa las reivindicaciones del independentismo: amnistía para los perseguidos judicialmente desde el otoño de 2017, y luego, referéndum de autodeterminación. Los socialistas han dicho desde el principio que previo a cualquier acuerdo entre los gobiernos de España y de Cataluña debe haber otro entre los partidos catalanes, se entiende que por lo menos entre los que puedan sumar una mayoría en el Parlament suficiente para reformar el Estatuto de Autonomía. Es decir, una mayoría que forzosamente debería incluir a las izquierdas y a Junts. La propuesta de Junts, el partido del expresidente Puigdemont exiliado en Bélgica, es la misma que la de ERC, pero en su caso con el convencimiento, y la advertencia de que no será aceptada por el Gobierno central y que por tanto lo que procede es preparar ya un nuevo intento unilateral de independencia.

Sánchez ha pospuesto sin concretar fecha la propuesta de los comunes de reformar el tipo penal de los delitos de sedición y rebelión

Desde hace más de un año está también sobre la mesa la propuesta de los comunes consistente en reformar el tipo penal de los delitos de sedición y rebelión para hacerlos coincidir con la formulación que rige en los países del entorno europeo. Eso permitiría resolver la situación de Puigdemont y otros exiliados, lo que restaría argumentos a los partidarios del unilateralismo y ensancharía la vía del diálogo. Esta propuesta, sin embargo, ha desaparecido de la agenda del gobierno de Sánchez, que ha decidido posponerla para más adelante sin concretar fecha.

Llegados a este punto, la pregunta que se impone tras la larga pausa y en medio de la indefinición es obvia: ¿Hay alguien entre los dirigentes de la izquierda catalana y la mayoría progresista española que piense que puede haber a medio plazo una mejor relación de fuerzas que la actual para proponer una solución a la crisis constitucional catalana? ¿A qué esperan?