Los promotores del Hermitage avisan de que el proyecto “no existirá” cuando acabe su judicialización

El tiempo ya apremia en el caso del proyecto del Hermitage en Barcelona. En su primera exposición pública en los últimos cinco años, los promotores del plan para ubicar un centro cultural vinculado al museo de San Petersburgo han admitido que la vía judicial que se acaba de abrir, y que puede llevar a un largo periplo de resultado incierto, puede acabar condenando el futuro del espacio. “La solución judicial no es una solución. Dentro de ocho años [periodo que creen que se prolongará todo el proceso hasta una posible solución del Tribunal Supremo] este proyecto no existirá”, ha señalado Albert Pinadell, coordinador general del proyecto tras el que está el fondo suizo con sede en Luxemburgo Varia.

“Se ha de intentar solucionar ahora. En 2023 las cosas pueden ser diferentes o peores para el proyecto”, ha afirmado Pinadell en referencia a la posibilidad de esperar a las próximas elecciones municipales y un supuesto cambio de gobierno. Actualmente, es el grupo de Ada Colau, Barcelona en Comú, el que se opone a que un edificio diseñado por Toyo Ito con exposiciones temporales alimentadas por el fondo del museo Hermitage se instale en un terreno de la Autoridad Portuaria de Barcelona (APB), cerca donde hoy se levanta el hotel W. En su opinión, lo único que acabarán decidiendo los juzgados será si el Ayuntamiento o la APB tienen que indemnizar a los promotores del Hermitage por no haber acabado de ejecutar la concesión administrativa facilitada por el puerto.

En un acto convocado en el Círculo del Liceo, Pinadell ha dibujado una cronología de todos los avances, frenos y disputas administrativas y judiciales por las que ha seguido en los últimos cinco años el devenir del proyecto. No estaba solo. Le acompañaba el concejal de Turismo e Industrias Culturales del Ayuntamiento de Barcelona, Xavier Marcé, quien ha dejado claro que la posición del PSC es diametralmente opuesta a la de los comunes, grupo del que ha dicho que sentía “una clara antipatía e indisposición” ante en el complejo.

Durante el coloquio, Marcé ha llegado a afirmar que el caso que ha rodeado al proyecto es “la historia de un disparate” que puede acabar con un “disgusto importante para la ciudad”. Se refería a la posibilidad de que los inversores acabaran, por cansancio, dando puerta a Barcelona y desde Hermitage se optara por trasladar el proyecto a otras ciudades. Rosa Carretero, una de las personas que llevan más tiempo tras el plan (desde que este surgió en Barcelona hace diez años), ha indicado a EL PAÍS que 22 capitales de provincia españolas se han puesto en contacto con Hermitage Barcelona, la sociedad que tiene el convenio con San Petersburgo, o directamente con el museo ruso para intentar hacerse con la inversión del centro cultural.

Pese a esas ofertas, Marcé ha asegurado que los promotores harán todo lo que puedan para que se quede en Barcelona. Hay una razón de peso para ello: pocas ciudades tienen el peso turístico y la capacidad de atracción de visitantes con la que juega la capital catalana. Pero más allá de eso, el regidor ha mostrado temor sobre cómo podría acabar todo el proceso judicial y ha coincidido con Pinadell sobre las dudas de cómo puede fallar un juzgado. El edil también ha subrayado que la imagen que se puede estar proyectando a Rusia puede acabar redirigiendo el museo hacia otro lugar y ha puesto también énfasis en el clima de “desconfianza” que se puede abrir a partir de ahora entre dos entes imprescindibles para Barcelona, el Ayuntamiento y el puerto. Además, la judicialización supone inmovilizar una parcela de terreno donde se querría ubicar el museo.

Hermitage Barcelona sostiene que no ha lugar la oposición del Ayuntamiento a su proyecto después de que en 2015 se modificara el plan especial de la nueva bocana del puerto para introducir la posibilidad de levantar equipamientos culturales en la zona, un uso que antes no estaba previsto. “Una de las opciones era que el Hermitage tomara la concesión, que es por eso que el Ayuntamiento amplió los usos del solar”, ha explicado Pinadell.

El problema es que aquella modificación incluía una cláusula que obligaba a que cualquier proyecto contara con “la conformidad expresa del Ayuntamiento” otorgada a través de un convenio. Y ese convenio es el que nunca se ha firmado, pese a las propuestas que ha realizado la Autoridad Portuaria de Barcelona y Hermitage Barcelona. Su última oferta fue incluir usos del edificio para el Liceo, plan que trabajaron con el centro operístico de la ciudad.