Las trampas de Millet y Montull que torpedean la sentencia del Palau

El caso Palau siempre fue un campo minado. Y lo sigue siendo. Las maniobras de Fèlix Millet y Jordi Montull para eludir responsabilidades y conservar su fortuna ilegal dificultaron la investigación judicial desde sus inicios, en 2009, después de que los Mossos d’Esquadra registraran una institución señera de la cultura catalana. Ahora, doce años después, los principales implicados en el expolio siguen haciendo trampas que torpedean la ejecución de la sentencia (ya firme) y, por tanto, la reparación del daño causado.

Alquileres de fincas que se ocultan a la justicia. Objetos de valor embargados que desaparecen de la casa familiar. Rentas ventajosas para los hijos. Esas y otras tretas han provocado que Millet, preso y con 85 años, se vea inmerso en otra causa penal y que Montull, en tercer grado y con 78, vaya por el mismo camino.

En septiembre de 2009, Millet y Montull confesaron que se habían apropiado de 3,3 millones del Palau para pagar reformas domésticas y viajar con sus familias a destinos exóticos de medio mundo. Ese “arrepentimiento” temprano les valió para esquivar la prisión preventiva, pero estaba lejos de la realidad de los hechos. La sentencia dictada por el Tribunal Supremo en 2020 fijó en 23 millones el saqueo, aunque nunca se conoció el destino final de una buena parte de ese dinero. El expresidente del Palau y su mano derecha, además, evitaron mencionar que cobraron por hacer de intermediarios en el pago de comisiones por obra pública (6,6 millones) entre Convergència y empresas adjudicatarias, algo que sí confesaron en el juicio para lograr una rebaja de la pena.

La recuperación de los fondos sustraídos ha sido problemática desde los orígenes. “Un calvario”, señalan gráficamente fuentes de la acusación. En 2012, Josep Maria Pijoan —el juez que dio el impulso definitivo a la investigación— embargó los bienes de Millet y Montull, incluidas dos obras de arte: Figura de dona, de Isidre Nonell, y Retrat de la nena Sardà, de Ramon Casas. El juez ordenó que fueran depositadas en el Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC) y, ante la sospecha de que la pareja podía disponer de más bienes no declarados, ordenó el registro de la mansión de Millet en L’Ametlla del Vallès. Bingo. Fueron halladas otras 44 obras de arte y objetos de valor.

La ejecución de una sentencia es una de las partes más desconocidas del proceso penal, pero es esencial porque es el momento en que se hace justicia. La Sección Décima de la Audiencia de Barcelona, el órgano que se encarga de ese trámite porque enjuició los hechos, lleva año y medio tratando de resarcir a los perjudicados por el expolio; en especial, al Palau de la Música, que no está dispuesto a perdonar ni un euro y ha llevado a cabo una labor de averiguación que ha puesto contra las cuerdas a Millet y Montull.

Al llevar a los peritos a la mansión de L’Ametlla para tasar los bienes embargados, el Palau descubrió que faltaban algunas piezas cuyo paradero Millet, preso en Brians 2, asegura que desconoce. Una jueza de Granollers le ha abierto un nuevo procedimiento penal por malversación de fondos públicos, ya que el juez le había designado como depositario de esos bienes.

La documentación de la ejecutoria, a la que ha accedido EL PAÍS, está repleta de pasajes que evidencian episodios sorprendentes y maniobras extrañas.

Un óleo de Joaquim Mir

Hace unos meses, la presidenta del Palau, Mariona Carulla, contactó con el dueño de la Sala Parés para preguntarle por el valor aproximado de las obras de Casas y Nonell embargadas, que Millet había comprado allí. Para su sorpresa, el galerista Joan Anton Maragall le dijo que, en 2005, había adquirido un tercer cuadro: L’hort del Batlle (1924), un óleo sobre tela obra de Joaquim Mir. Ese cuadro nunca fue encontrado ni puesto a disposición de la justicia y la fiscalía ha pedido que los Mossos d’Esquadra lo localicen a toda costa: que busquen en galerías y casas de subastas, que sondeen en investigaciones de Interpol y que averigüen si se ha solicitado permiso de exportación.

Pero la principal vía por la que los condenados han obstaculizado el pago de la responsabilidad civil son los alquileres de inmuebles embargados.

La justicia detectó que Montull mintió al decir que los únicos ingresos que percibía proceden de su pensión de jubilación (2.000 euros), con los que debía mantener a su mujer. En realidad, estaba cobrando también por alquilar una casa en El Masnou (Maresme). Pero hay más.

La documentación incluida en la ejecutoria señala que su hija Gemma Montull, exadministradora financiera del Palau y condenada cuatro años y medio de cárcel, también ocultó temporalmente el cobro de alquileres. En octubre de 2020, la Audiencia de Barcelona acordó suspenderle la pena. A cambio, se comprometió, entre otras cosas, a abonar 500 euros al mes, los mismos que dijo que iba a abonar su padre, Jordi Montull. “Son cantidades ridículas con las que no podrán cubrir la responsabilidad civil”, advierten fuentes jurídicas.

Un escrito del Palau advirtió de que, en el plan de pagos que presentó, Gemma Montull admitió que había estado percibiendo ingresos por tres alquileres distintos —de 550, 2.000 y 600 euros— que hasta ese momento no estaban sirviendo para resarcir a la institución musical. Se da la circunstancia de que una de las viviendas, “ha sido arrendada a su hijo”. Es una finca de 200 metros cuadrados en la localidad de Teià (Maresme) por la que el hijo pagaba 600 euros al mes. En el contrato, además, figura que el hijo tendrá derecho preferente de compra. “Gemma Montull se asegura así que dicho inmueble permanezca en el patrimonio familiar y que lo sea por un precio muy inferior a su valor de mercado”, según el escrito de los abogados del Palau, Marc Molins y Laura Parés.

También fue el Palau el que alertó a la sala de que en la finca de L’Ametlla del Vallès, donde vivían Millet y su esposa (fallecida en 2018) había, en realidad, más de una vivienda. “Con una fotografía aérea se advierten dos edificaciones separadas”, señala la institución, que además tuvo constancia de que esa segunda finca “está arrendada y generando ingresos a los condenados que escapan del control judicial”.

Jordi Montull y su mujer Mercè Mir, por otro lado, debían abonar una transferencia de 10.000 euros al juzgado derivados de la compraventa de un bien embargado, titularidad de la familia. Pero la transferencia nunca llegó, supuestamente por un error al introducir el código IBAN. En septiembre, la Audiencia de Barcelona les dio cinco días para volver a hacer la transferencia correctamente. Hasta ahora, el dinero no ha llegado a su destino.