Adam Casals: “Pedir un aval público para responder ante el Tribunal de Cuentas era una falta de respeto al contribuyente”

Los 34 ex altos cargos de la Generalitat investigados por el Tribunal de Cuentas, por supuestamente dedicar dinero público a la promoción internacional del procés, están lejos de ser un grupo monolítico y unísono. Adam Casals (Barcelona, 48 años) es una de esas voces discordantes. El que fuera el delegado del Govern en Austria entre 2015 y 2017 reniega sin paliativos de la vía unilateral liderada por Carles Puigdemont y defiende que jamás puso su oficina al servicio del independentismo. Recurrió a amigos y familiares para pagar los 120.000 euros que le solicitó el ente fiscalizador para afianzar las posibles responsabilidades fiscales.

Casals, a diferencia de muchos de los encausados, no milita en ningún partido independentista ni continúa en el Ejecutivo catalán. Tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que implicó entre otras cosas su cese y el cierre de la oficina en Viena, volvió a la actividad privada y ahora se dedica a la consultoría en temas de relaciones internacionales. “Cuando mi nombre sale en la lista de investigados, eso ya es una pena de telediario”, lamenta.

Esa distancia le ha puesto las cosas más difíciles a la hora de poder defenderse a nivel jurídico y responder económicamente. ERC y nombres importantes de la órbita de Junts como el expresidente Artur Mas o el exconsejero Francesc Homs (que precisamente fichó a Casals en 2014) ofrecieron dinero y patrimonio para avalar a los suyos. Casals, como otros pocos, optó por buscarse la vida. De plano, junto su abogado, rechazaron la posibilidad de recurrir al polémico sistema de avales puesto en marcha por el departamento de Economía, vía el Instituto Catalán de Finanzas (ICF).

“Mi abogado me advirtió que eso podría acabar en una causa penal”, recuerda. La semana pasada la Fiscalía rechazó formalmente las querellas contra el mecanismo de aval del Govern que habían presentado Ciudadados y Vox. El PP también lo llevó al Tribunal Constitucional al considerarlo ilegal, un paso que el Gobierno central descartó.

Casals acepta que si bien el texto lo avaló el Consejo de Garantías Estatutarias, hay más motivos para el rechazo. Ve un dilema ético en que, en un momento crítico a nivel social y económico, se reserven 10 millones de euros para apalancar la posible responsabilidad patrimonial de exservidores públicos. “Pedir ese aval era una falta de respeto hacia los contribuyentes”, apostilla.

Cuando era delegado del Govern, Casals advirtió en varias tribunas de las consecuencias de la falta de respuesta política por parte del Gobierno de Mariano Rajoy a la situación en Cataluña. Incluso le acusó de “erdoganizarse”, en referencia al presidente turco Recep Tayyip Erdogan, en una entrevista al diario Der Standard en 2017. Él se autodefine como un “catalanista moderado” e insiste en que su oficina jamás estuvo “al servicio del independentismo” pese a que acepta que sí llegó a tener presiones. “Siempre pusimos la delegación al servicio de todos. Aquí estuvieron las juventudes de Ciudadanos, durante un encuentro del Alde; la ahora presidenta del Congreso, Meritxell Batet o el tenor Josep Carreras”, ejemplifica.

A la espera de conocer la evolución de la causa en el Tribunal de Cuentas y ver si también se abre la vía penal, Casals evita referirse sobre si sus compañeros en otras delegaciones sí se implicaron en la promoción de la independencia. “Tengo respeto por esas personas y tengo que creer en su presunción de inocencia”, dice. Responde por lo suyo. “Mi trabajo nunca fue el de una embajada y siempre intenté mantener la neutralidad institucional”, remarca.

En este punto, el ahora consultor también se aparta del discurso del resto de sus excompañeros en el Govern. Él defiende que se deje trabajar al Tribunal de Cuentas mientras que ellos insisten en que la parálisis en la renovación del ente (muchos cargos están relacionados con el Partido Popular) mina su capacidad de fiscalización y lo califican como una herramienta más en lo que consideran una “causa general” contra el independentismo. “La ley con la que funciona el Tribunal la aprobó en su día CiU”, recuerda.

Con la llegada de Quim Torra a la presidencia de la Generalitat se puso fin a la intervención del 155 y se le ofreció ser “restituido” en su puesto. Y aunque lo rechazó defiende que Cataluña, como el resto de comunidades autónomas, hagan acción exterior dentro de sus competencias, aunque con cambios. “Hace falta evaluar y mostrar el retorno en imagen e impacto económico de las delegaciones. Que los ciudadanos vean que somos útiles”, sugiere. Y alerta de que la imagen maltrecha tras el procés. ¿El mundo nos mira? “Cataluña solo sale en los telediarios alemanes cuando hay papeleras en llamas”, critica.