Sobre las causas de la violencia callejera

La naturaleza del Estado, el monstruo frío de Nietschze, parece misteriosa en Cataluña. Una parte sustancial de los catalanes asegura que quiere uno propio, solo para los catalanes, pero de su comportamiento se deduce que no saben muy bien de qué hablan. En los hechos, se trata solo de una palabra denigratoria de significado ambiguo e incluso confuso. Tan pronto sirve para evitar la designación de un territorio por su nombre usual y universalmente aceptado de España; como también para denominar al gobierno y a las instituciones, poderes, corporaciones, jerarquías e incluso empresas, que de una forma u otra se oponen a la idea de que Cataluña se declare unilateralmente independiente y se constituya a su vez en otro Estado.

Así, puede ser la denominación eufemística de España para quienes no quieren reconocer su existencia y a la vez la denominación descalificadora de todo lo que obstaculiza la independencia. El primer caso da lugar a curiosos usos lingüísticos, que permiten hablar de la selección del Estado, las lluvias sobre el Estado o incluso la orografía estatal, especialmente hilarantes cuando se convierten en normas obligadas en los medios de comunicación públicos. El segundo caso nos dice simplemente que el enemigo natural de Cataluña es la España innombrable, cuya sola existencia excluye la existencia del Estado catalán y constituye un instrumento dirigido a evitar por todos los medios que Cataluña tenga uno propio.

Es claro el postulado: España no existe. Y si existe es ajena a Cataluña y nada bueno puede esperarse de ella. Con un problema práctico adicional: para separarse, democráticamente según se asegura, hace falta la mayoría social, que por el momento está lejos de ser realidad. Por tanto, “hay que ampliar la base”, tarea nada fácil si se tiene en cuenta que quienes deben ser objeto de la ampliación suelen ser ciudadanos catalanes perfectamente conformes e incluso a gusto con la idea de que España exista y con la seguridad de que de ella se puede esperar tantas cosas buenas como suele esperarse del resto de los países de Europa.

De forma que el combate maniqueo entre Cataluña y España está perfectamente servido. Este era el objetivo de la artificiosa construcción lingüística. La distinción alcanza matices metafísicos, que invierten el orden de las cosas. Se hace la justicia debida cuando alguna institución ‘del Estado’ toma una decisión que se supone favorece los intereses de la independencia, mientras que siempre es posible atribuir a la malévola acción del Estado, de España, todo aquello que vaya en dirección contraria.

Ese Estado denigrado jamás es el Estado de derecho, de la división de poderes, de la jerarquía de las leyes y del imperio de la Constitución y de su árbitro, el Tribunal Constitucional. No lo es en las palabras, porque la exigencia de la unilateralidad arrumba con todas estas monsergas leguleyas. Tampoco lo es en los proyectos legales y constitucionales diseñados por los independentistas, que optaron por el iliberalismo a la hora de soñar en los procedimientos constituyentes y en los nombramientos de magistrados. Como cree el ladrón que todos sus de su condición, quienes no creen en la separación de poderes para ellos mismos menos creen en ella cuando se trata del gobierno español que les oprime.

Ese Estado denostado tampoco es el Estado de las autonomías despreciadas ni el Estado miembro de la Unión Europea que cede soberanía y la comparte con los otros 26 Estados socios. Si reconocieran lo primero deberían admitir que la Generalitat es Estado, y que España es el Estado propio de los catalanes, que gracias a su Constitución gozan de las libertades, la democracia y un sistema de autogobierno que ya quisieran para sí los sardos independentistas amigos de Puigdemont. Si reconocieran lo segundo abandonarían la oposición imaginada entre la justicia europea democrática y la injusticia española autoritaria con la que ocultan que las leyes y tribunales europeos son parte indisociable de la democracia española, de forma que quienes se acogen a ellas, Puigdemont sin ir más lejos, no hacen nada más que ejercer sus derechos, protegidos por un Estado democrático y de derecho llamado España que es socio de la Unión Europea.

Son muchos los que nos alegraremos si las distintas cortes europeas, la de Luxemburgo y la de Estrasburgo, allanan el camino legal para la resolución del embrollo en el que llevamos enredados desde hace diez años; y no lo entenderemos en ningún caso como la desautorización del Estado y menos todavía de España. Otra cosa es que determinado juez o tribunal pueda salir escaldado del envite, cosa perfectamente normal e incluso sana en una democracia. Los conflictos jurídicos más vidriosos también pueden actuar como pruebas de esfuerzo que sirven para mejorar el sistema democrático. Ojalá sea este el caso y no sirva para lo contrario, para que los partidarios de una auténtica involución se hagan con el gobierno.

La denigración de la regla de juego democrática y el insulto sistemático a la comunidad política que la ha acordado están entre los derechos y libertades públicas a preservar. Pero ejercidos desde las instituciones por quienes deben cuidar del cumplimiento de las leyes y proteger las libertades de todos constituye un llamamiento a vulnerar las leyes y a perturbar la convivencia. Nadie puede extrañarse de la facilidad con que prenden los incendios y la violencia en nuestras calles, hace unos meses por motivos aparentemente políticos y actualmente porque es la hora del alcohol y del destrozo. Menos sentido tiene todavía que los mismos que se han dedicado a tan incívica tarea desde los gobiernos municipales o desde la Generalitat se acusen ahora unos a otros de las consecuencias del pésimo ejemplo con el que han predicado en los últimos años.