El Govern prevé que los funcionarios vuelvan a la oficina a partir del 15 de julio

El gobierno de la Generalitat ha comunicado este jueves a los sindicatos de la función pública su intención de que, con la recta final de la pandemia ya encarada, los trabajadores públicos dejen el teletrabajo y vuelvan a las oficinas. El Govern quiere pactar esta propuesta con vistas a que el Procicat de mañana relajará sus recomendaciones sobre el teletrabajo. El objetivo es volver progresivamente a la presencialidad a partir del 15 de julio. Los sindicatos acusan al Ejecutivo de no negociar la medida y piden concretar los detalles para garantizar la seguridad de los trabajadores. Esta medida afecta a unos 20.000 funcionarios que todavía no han vuelto al trabajo presencial.

La relación entre los sindicatos mayoritarios de la función pública y la principal empresa del territorio, la Generalitat, no fue muy fluida en la última legislatura. Las centrales criticaban al entonces consejero del ramo, el ahora vicepresidente Jordi Puigneró, de desentenderse de las reivindicaciones de los trabajadores públicos y de no negociar con sus representantes. Vieron con buenos ojos el relevo con la nueva responsable del área, la consejera de Presidencia, Laura Vilagrà, pero ahora temen que se repitan las dinámicas de antes. Ambas partes habían acordado reunirse este jueves en la Mesa General de Negociación de los Empleados Públicos para unos puntos concretos: las retribuciones de 2021, el retorno de la paga extra recortada en 2014, y el incremento salarial del 0,9% pendiente para este año.

Pese a este orden del día, el departamento de Presidencia remitió a los sindicatos el miércoles un documento con la propuesta para la vuelta a la presencialidad. La presentación de un documento a pocas horas de la reunión irritó a los sindicatos, que acusan al Govern de no querer negociar bien algo tan importante como la vuelta a la presencialidad, que además consideran repentina. “Desde UGT consideramos totalmente inoportuna esta medida con los datos epidemiológicos actuales de crecimiento de la pandemia y manifestamos nuestra posición en contra: se trata de personal administrativo que ha demostrado que su tarea se puede desarrollar plenamente desde casa”, señala el sindicato en un comunicado.

Manel Pulido, coordinador del Área Pública de CCOO, considera que el anuncio de la vuelta a la oficina era previsible, pero critica la falta de voluntad de diálogo del Govern. “No queremos que sea como en la última legislatura”, avisa. Iolanda Adroher, secretaria del sector de la Generalitat en UGT, explica que tras la reunión, pese a que han visto buenas intenciones, no ha habido acuerdo, aunque admite que hay poco margen de negociación porque la Generalitat tirará adelante con el plan si el Procicat lo avala. El plan prevé que si es necesario por razones de salud los trabajadores tendrán que cambiar de centro de trabajo o de horario. “Estamos en contra, si volvemos a la normalidad, volvemos del todo”, dice Adroher.

El plan de retorno prevé la excepción de teletrabajo para los que tengan que confinarse por covid 19, y retoma el decreto sobre teletrabajo en la administración del Govern. Esta norma, aprobada de forma premonitoria justo antes de la pandemia, da derecho al trabajo a distancia dos días por semana a unos 40.000 funcionarios del sector administrativo. Los sindicatos consideran que, ya pasada la experiencia de la pandemia, este decreto se queda corto y hay que revisarlo. “Se pueden ampliar los días y se puede incluir a más colectivos, como por ejemplo sanitarios, que pueden hacer parte de su trabajo a distancia”, dice Adroher.

Retorno de la paga extra de 2014

En la reunión con la Generalitat, los sindicatos han conseguido que la consejera Vilagrà se comprometa a devolver, como máximo el próximo mes de noviembre, el 55% de la paga extra recortada en 2014. La Generalitat ha incumplido en varias ocasiones su palabra de retorno de esta paga recortada, y se escuda en que no dispone de una partida para ello. En la reunión también se ha llegado a un acuerdo para hacer efectivo en septiembre el incremento salarial del 0,9% para el año 2021, con carácter retroactivo al 1 de enero. Este incremento es un acuerdo estatal que la Generalitat tiene que aplicar, y está por ver si añade un porcentaje adicional de aumento salarial. Los sindicatos también han ido a la reunión con el objetivo de presionar para acabar con los altos índices de temporalidad que hay en la administración, y que afectan a 120.000 trabajadores públicos que no tienen plaza fija, el 30% de los empleados. El miércoles, la Plataforma de Internas de Cataluña se manifestó para pedir una conversión de todos los contratos eventuales a fijos, algo que genera discrepancias entre los sindicatos porque, por una parte conseguiría el objetivo de regularizar a los trabajadores, pero por otra vulneraría la obligación de hacer concurso público para las plazas.