Varapalo de la Sindicatura a que solo la Generalitat inyecte capital en Montmeló

Nuevo varapalo a la gestión de Circuits de Catalunya, la sociedad que explota las instalaciones de Montmeló. Un informe de la Sindicatura de Cuentas sobre su ejercicio de 2018 aflora irregularidades en la dirección de la empresa controlada por la Generalitat y participada por el RACC y el Ayuntamiento de Montmeló, socios minoritarios a los que acusa de “incumplir de manera continuada” las aportaciones que debían realizar ante las continuas pérdidas generadas por su explotación, lo que generó “mayores aportaciones” de capital de las arcas autonómicas.

La compañía perdió 10,2 millones en 2018 y otros 7,5 millones de euros un año antes. Pero los números rojos venían de lejos y de forma continuada (acumulaban 28,66 millones desde 2014), lo que obliga cada año a hacer ampliaciones de capital, cuando no se resolvía el agujero económico a través de préstamos participativos, casi siempre a cuenta de la Generalitat, que directamente controla el 51,5% del capital, y a través de Avançsa, sociedad dependiente del Departamento de Empresa, que controla otro 26,9%.

En 2018, por ejemplo, la Administración catalana inyectó 4,5 millones en el capital, mientras que un año antes Avançsa había prestado tres millones de euros. Ni el RACC, con un 14,4% de las acciones, ni el Ayuntamiento de Montmeló, con el 7,2%, participaron de esas pérdidas. Y antes lo hicieron a cuenta de créditos comerciales, aunque en una cuantía inferior a un convenio de socios suscrito en 2013, según las cuales el RACC tenía que hacer aportaciones equivalentes a su entonces 18% de capital, con un máximo de un millón de euros, y el Ayuntamiento de Montmeló lo tenía que hacer a través de otro convenio que no se acabó de registrar. Además de las inyecciones de capital, el circuito recibe cada año subvenciones millonarias por parte de la Generalitat, la Diputación y el Ayuntamiento de Barcelona.

El informe de la Sindicatura, que ayer superó la admisión a trámite de la Mesa del Parlament, aflora otras anomalías en la gestión de la sociedad, en línea con una auditoría encargada por la Intervención de la Generalitat. Desde la falta de control y cuantificación de las entradas gratuitas para acceder a los grandes premios de motociclismo y automovilismo, hasta contratos con poca concurrencia o la ausencia de un registro de contratos menores o los pagos de pluses fuera de convenio (con un coste conjunto de 551.569 euros), aparte de la plantilla o la contratación de empleados de trabajo temporal validada solo por el director general, pese a que era un requisito imprescindible que pasara por el consejo de administración.

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El informe, al que ha tenido acceso EL PAÍS, también pone en entredicho un pago trimestral al RACC por tareas de “dirección deportiva” de 50.004 euros por su colaboración pese a que “no se sustenta en ningún documento o contrato vigente”. El contrato original que unía esa vinculación, de 1996, había vencido en 2001.

“En los contratos de publicidad con el RACC, Repsol y La Caixa se excluían los días de celebración de los grandes premios, pero finalmente se mantuvo la publicidad los días del Gran Premio de MotoGP sin que eso supusiera ningún ingreso adicional a los previstos en los contratos”, señala el documento elaborado por la Sindicatura, que subraya que lo mismo sucedió en el caso del Gran Premio de Fórmula 1 en una curva patrocinada por el RACC. Una situación similar de publicidad no sufragada sucedió en zonas internas del circuito para los ayuntamientos de Barcelona y Montmeló, la Diputación de Barcelona, la Agencia Catalana del Turismo y el RACC.