La justicia anula una multa a Gas Natural por cortar la luz a una anciana que murió

Rosa murió sola, a los 81 años, en su piso de Reus, después de que se incendiase el colchón donde dormía. El fuego fue provocado por una vela con la que la mujer iluminaba a duras penas la vivienda. Dos meses antes, la compañía le había cortado el suministro eléctrico por impago. El caso de Rosa, que falleció el 14 de noviembre de 2016, a las puertas del invierno, se convirtió en bandera de la lucha contra la pobreza energética, que en ocasiones mata. Y tuvo consecuencias. Entre otras, una sanción millonaria de la Generalitat a Gas Natural. Pero la empresa recurrió a los tribunales. Y, ahora, ha ganado esa batalla.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha anulado la sanción de 500.000 euros que la Generalitat impuso a Gas Natural. La sentencia fue dictada, en realidad, el pasado mes de diciembre. Pero no trascendió hasta ayer, cuando la Alianza contra la Pobreza Energética la dio a conocer. “Una vez más, el poder judicial sucumbe a los intereses del oligopolio eléctrico y su voluntad de doblegar la ley contra la pobreza energética más garantista del Estado”, lamentó el colectivo en un comunicado.

El Departamento de Economía impuso la sanción en mayo de 2017 al concluir que la empresa había “incumplido las previsiones” de la Ley de Pobreza Energética; en concreto, la necesidad de disponer de un informe de los servicios sociales del municipio antes de cortar el suministro a un cliente. La Generalitat consideró “muy grave” la infracción y le impuso la sanción de medio millón.

Gas Natural presentó una demanda ante el TSJC para que se anulara la sanción. La empresa argumentó que la Generalitat no es competente para regular el régimen jurídico de los cortes de suministro, que la sanción no estaba motivada y era desproporcionada o que existía una “confianza legítima” entre la administración y la compañía para cumplir los supuestos de la ley.

Pero el argumento que ha atendido el tribunal para dar la razón a Gas Natural es que l Generalitat no había desarrollado, en un reglamento, los preceptos de la ley. No existe “una concreción suficiente en los textos legales”, que carecen de “un desarrollo y cohesión reglamentario cierto y preciso”, dicen los magistrados. La sentencia no es firme, por lo que la Generalitat aún puede presentar un recurso.

La situación de vulnerabilidad de Rosa era conocida por el Ayuntamiento de Reus al menos desde 2013. Cuando se produjo su muerte, el entonces consejero de Empresa, Jordi Baiget, dijo que la mujer había rechazado ayudas sociales que se le habían ofrecido. La anciana sí recibía una ayuda para pagar el agua, después de que la empresa suministradora sí advirtiera al consistorio de que iba a cortar el suministro.

La decisión judicial ha disgustado a las entidades sociales. La Mesa del Tercer Sector de Cataluña ve “inadmisible” la anulación de la multa y denuncia que la sentencia “deslegitima” la Ley de Pobreza Energética. “Es un paso atrás. El poder económico pasa por delante de los derechos de los ciudadanos a una vida digna”.