La pandemia deja en el alambre las cuentas de los ayuntamientos

El varapalo económico provocado por la pandemia ha dejado tocadas, y en algún caso hundidas, las cuentas de los ayuntamientos catalanes. El mazazo ha sido de doble filo: “Se han reducido los ingresos y se ha multiplicado el gasto”, relata Àlex Garrido, alcalde de Manlleu y responsable del área de administración de la Federación de Municipios de Cataluña (FMC). Los ayuntamientos, con una capacidad de endeudamiento limitada por ley, han tenido que idear estrategias para abrir líneas de crédito y poder dar abasto con las crecientes necesidades sociales, sin caer en un hoyo de déficit de imposible remonte.

La excepcional flexibilidad con que se aplica este año la regla fiscal permite a los alcaldes tener manga ancha para dedicar a gastos corrientes los remanentes de tesorería, cuando por ley se tienen que destinar a enjuagar deuda. Pero el bálsamo no elimina los contratiempos, si acaso los pospone. Hacienda ha abonado a los consistorios los anticipos de la PIE, la participación de los ayuntamientos en los ingresos del Estado, pero cuando dentro de unos meses se ajuste la liquidación para concretar cuánto le correspondía recibir realmente a cada municipio, a la mayoría le saldrá a devolver dinero. Entonces, será menester buscar muy al fondo de la caja.

El quebradero de cabeza no ha sido anecdótico. Lo certifica Àlex Garrido, responsable del área de administración de la Federación de Municipios de Cataluña (FMC): “Lo que pasa en un ayuntamiento se repite en todos”, explica.

Girona cifra en más de seis millones de euros el impacto del coronavirus en los presupuestos. Mataró reporta un perjuicio de 11 millones y Tarragona lo desglosa en 5,3 millones, con una caída del 92% de los ingresos por la tasa turística. L’ Hospitalet de Llobregat registró un desplome del 11% de los ingresos propios por la bajada de tasas y precios públicos. La tormenta no ha pasado.

Caída de ingresos

“Los años 2021 y 2022 estarán, a buen seguro, marcados por una crisis sanitaria y económica sin precedentes, dentro de la historia contemporánea”, pronostica Jordi Fortuny, responsable del área de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Tarragona. “No se trata solo de lo que ya ha hecho esta crisis, el tema es prever lo que provocará, porque si este efecto es sostenido en el tiempo, poco podemos proyectar a las políticas que tenía cada municipio”, manifiesta Olga Arnau, alcaldesa de Vilanova i la Geltrú y presidenta de la Federación de Municipios de Cataluña (FMC). “Ahora se focaliza en las necesidades que ha provocado el día a día del virus, pero un municipio tiene más carencias. Hoy paramos el choque, pero mañana vamos a ver qué capacidad tenemos para gestionar”.

La recaudación municipal va estrechamente ligada al dinamismo de la actividad económica y a la agitación que viva el mercado inmobiliario. Con los reiterados confinamientos decretados a lo largo del año pasado, las transacciones se paralizaron y las operaciones de compra y venta se desplomaron. “La caída de ingresos en plusvalías ha sido muy acusada”, afirma Garrido. Se refiere al impuesto municipal que grava el aumento de valor en una transmisión de bienes, lo que técnicamente se conoce como impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana. Llevado a la práctica, si se compró un piso hace diez años por 100.000 euros y ahora es vendido por 150.000, ese diferencial tributa.

Pone como ejemplo el municipio donde gobierna, Manlleu: “Hemos pasado de ingresar un millón de euros en 2019, a solo 400.000 euros el año pasado”. Con un presupuesto municipal de 20 millones, Garrido destaca que lo que se suele recaudar en plusvalías sirve para sostener durante todo el año el teatro municipal, la escuela de música y la aportación del Ayuntamiento a la guardería municipal. Los ingresos derivados de permisos de obras y por licencia de actividades también están tiritando, por efecto del cerrojazo provocado por la pandemia.

Mientras, el flujo de dinero que sale de la caja no ha aminorado, sino al contrario. “En los servicios gestionados de manera externa, caso de piscinas, centros cívicos o guarderías, para evitar ERTE y despidos muchos ayuntamientos han seguido pagando igualmente por el servicio, a pesar de que estuviera todo cerrado”, apunta Garrido.

A eso se le añaden las líneas de ayuda directa, abiertas para paliar la emergencia social. “Los municipios hemos sido los primeros que hemos abierto la caja, hemos tenido que dar respuesta inmediata”, afirma Olga Arnau. “Nos hemos peleado con la Generalitat y la Administración del Estado, primero porque tuvimos que modificar presupuestos para dar cabida a las urgencias y, luego, para adaptarnos a la caída de ingresos”, dice Arnau.

La fórmula para cuadrar la caja tiene poco de mágica, según el alcalde de Manlleu: “Si no podemos hacer todas las obras que habíamos previsto en la escuela de música, haremos la mitad”.

En Cataluña se calcula que 80.000 personas viven en municipios pequeños y micropueblos. Mario Urrea, alcalde de Torrebesses, es el presidente de la asociación que trata de darles voz para paliar sus demandas: más atención para mejorar servicios y frenar el despoblamiento. “En las ciudades el impacto ha sido mayor que en los pueblos pequeños”, señala Urrea. Alude al “déficit” que ha supuesto para los municipios grandes tener que asumir gastos de servicios ruinosos durante la pandemia, “por ejemplo las redes de transporte público”, cita. Apunta, también, a la mayor demanda en los bancos de alimentos y ayudas sociales. “En cambio, en los micropueblos no hay personas sin techo, no hay nadie que duerma en la calle”, afirma Urrea, al tiempo que opina que estos pueblos no arrastran una mochila tan pesada: “Probablemente tengamos una situación económica más saneada porque somos muy prudentes a la hora de afrontar inversiones”.

Torrebesses, 300 vecinos, tiene un presupuesto municipal de 400.000 euros. Su alcalde dice que para hacer frente a obras mayores como mejorar la red de alcantarillado no queda otra que esperar a que se abran fondos de ayuda de administraciones superiores. Pone como ejemplo el despliegue de la fibra óptica, que tiene un coste de 40.000 euros: “Claro que querríamos la fibra óptica, pero no vamos a hacerlo si no nos ayudan”.