Comienza el juicio contra los cinco ‘síndicos electorales’ del 1-O
Los cinco juristas renunciaron a realizar esa función tras ser multados por el Constitucional
El Juzgado de lo Penal número 11 de Barcelona inició este miércoles el juicio contra los cinco letrados y académicos designados por el Parlamento catalán para formar parte de la sindicatura electoral, el organismo creado por la Generalitat en 2017, a imagen y semejanza de la Junta Electoral Central, y que supuestamente debía garantizar la validez del referéndum ilegal de independencia del 1-O. Los cinco renunciaron a ejercer esa función antes de celebrarse la votación, después de que el Tribunal Constitucional les impusiera multas diarias de 12.000 euros. El tribunal acabó levantando esa sanción.
La Fiscalía les acusa de desobediencia grave y usurpación de funciones, un delito por el que, cuando presentó el escrito de acusación en 2018, pidió para cada uno de ellos dos años y nueve meses de cárcel. Alternativamente, solicita que se les condene solo por desobediencia a una multa de 5.400 euros e inhabilitación para cualquier función “que responda a un nombramiento discrecional efectuado por una administración”.
El juicio se inició con las declaraciones de ocho testigos: los síndicos territoriales, que sostuvieron que los cinco acusados nunca llegaron a ejercer. Los acusados son Jordi Matas, catedrático de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad de Barcelona; Marc Marsal, miembro de la Comisión Jurídica Asesora de la Generalitat; Marta Alsina, abogada; Tània Verge, profesora de Ciencias Políticas y Sociales en la Universidad Pompeu Fabra, y Josep Pagès, profesor de Derecho Constitucional en la Autónoma de Barcelona. Pagès concurrió en la lista de Junts per Catalunya en las elecciones generales de 2019 y podría acceder al escaño al correr la lista cuando Laura Borràs y Jaume Alonso-Cuevillas renuncien al acta para ser diputados del Parlament.
Los síndicos fueron nombrados el 7 de septiembre de 2019 y cesaron en sus cargos el 26 de septiembre, dejando así sin efecto los acuerdos que adoptaron, después de que el Tribunal Constitucional les impusiera una multa coercitiva de 12.000 euros diarios a cada uno. En opinión de letrado, la “gravedad” de las sanciones impuestas por el Constitucional, que ya ha dictado sentencia firme sobre el asunto, demuestra que su finalidad era “disuasoria” y “represiva”, lo que supondrían doble castigo en el caso de que acabaran condenados también por la vía penal.
En apoyo a los acusados han acudido esta mañana a las puertas dela Ciutat de la Justícia el expresidente de la Generalitat Quim Torra, el presidente del Parlament, Roger Torrent, y los principales líderes de las formaciones independentistas y de las entidades soberanistas ANC y Òmnium Cultural.
