El Govern expedienta al exconsejero Bosch por su gestión de un presunto caso de acoso

Casi un año ha tardado el Govern de la Generalitat en tomar una decisión sobre si debía o no abrir un procedimiento sancionador contra el exconsejero de Acción Exterior, Alfred Bosch, a raíz de su gestión de un presunto caso de acoso de su exjefe de gabinete Carles Garcías. La portavoz del Ejecutivo en funciones, Meritxell Budó, ha explicado este martes que se ha abierto el procedimiento por una “presunta infracción de los principios éticos y de las normas de conducta” de los trabajadores del Gobierno catalán después de que un informe de los servicios jurídicos respaldara optar por este camino. Budó ha asegurado que la tardanza responde a los tiempos internos de la Administración y ha quitado hierro a que la decisión se tome dos semanas después de las elecciones al Parlament.

Bosch dimitió el 9 de marzo del año pasado después de que el diario Ara revelara el testimonio de presuntas víctimas -Budó desconoce si se han presentado denuncias ante la justicia- y quedara en evidencia cómo Esquerra decidió investigar de manera interna el caso, eludiendo los protocolos de la Generalitat para esos abusos. Bosch, además, habría intentado recolocar a Garcías dentro del departamento. La apertura del expediente, adelantada por Efe, implica que habrá una instructora que se encargará de realizar una investigación propia, donde el exconsejero podrá dar su versión y proponer una posible sanción. La portavoz ha asegurado que no puede dar más detalles por un tema de confidencialidad.

El camino para tomar una decisión fue largo y pone una sombra de duda en la supuesta transparencia de la que tanto presumen en Esquerra. Los republicanos defendieron que se solucionara el caso por los mecanismos del partido -Garcías fue expulsado del partido- y entendían que la dimisión del consejero ya implicaba la máxima asunción de responsabilidades. El pasado 9 de diciembre, el departamento de Políticas Digitales y Administración Pública elevó al Consell Executiu la propuesta de incoar el expediente tras la investigación derivada de la actuación de Bosch. El president en funciones, Pere Aragonès, usó la potestad que tiene para retirar ese punto del orden del día de la reunión, argumentando que había otro informe, del comité asesor de ética pública, que sugería completamente lo contrario. En este último órgano la mayoría de miembros son del entorno republicano.

Aragonès pidió entonces a los servicios jurídicos de la Generalitat, que dependen del área de Budó, que dirimieran la cuestión. Finalmente se abre el expediente que tiene por objetivo “dirimir la existencia o no de responsabilidad por parte del exconsejero al no haber activado el procotolo en caso de acoso sexual”. Budó ha defendido que Aragonès pidiera el tercer informe. “Pese a que haya retrasado la decisión final, pedir más información para poder tomar una decisión de un tema tan relevante como este no es sobrante”, ha asegurado.