El pazo del caudillo

En 1938 los prebostes franquistas coruñeses decidieron comprar el pazo de Meirás, perteneciente a los herederos de Emilia Pardo Bazán, “para ser donado al Generalísimo de los ejércitos y Jefe del Estado Nacional Excelentísimo Señor Don Francisco Franco Bahamonde”. Para ello constituyeron una “Junta pro-pazo del Caudillo”, cuyo presidente honorario era el gobernador civil, y que presidía efectivamente Pedro Barrié de la Maza, propietario del banco Pastor.

Al banco Pastor le dieron su nombre los descendientes de José Pastor Taxonera. Muchos comerciantes catalanes, como los Pastor, y franceses, como los Barrié, se habían establecido en A Coruña aprovechando los decretos de Carlos III de liberalización del comercio de ultramar desde ese puerto. Cuando el comercio trasatlántico se hundió por las guerras de Europa y de América no fue infrecuente la diversificación del negocio naviero incluyendo el corso y el tráfico de esclavos, generando grandes fortunas, y especialmente la de Barrié. Un trenzado de relaciones endogámicas de la floreciente oligarquía local hizo posible que a lo largo del siglo XIX el antiguo negocio de los Pastor acabara siendo absorbido por la familia Barrié. En 1936 Pedro Barrié de la Maza todavía conservaba el nombre de Pastor en su banco. También era propietario en A Coruña de la Fábrica de gas y electricidad S.A. Existía otra empresa del mismo sector, Electra Popular Coruñesa, fundada en 1932 por José Miñones, empresario y diputado de Unión Republicana.

Sin más acusación que su adscripción política, fue fusilado el 2 de diciembre de 1936. Todos sus bienes y empresas fueron expropiados. Electra Popular Coruñesa fue absorbida, gratuita y patrióticamente, por la empresa eléctrica de Barrié, dando lugar a la creación de FENOSA, Fuerzas Eléctricas del Noroeste S. A. El origen corsario y esclavista de la fortuna de Barrié no es especialmente honorable, pero este último eslabón de crimen y latrocinio impune es execrable. Por estos méritos y por el importante apoyo económico que Barrié dio a Franco, este le concedió un título aristocrático “por su generosidad impregnada de sentimiento cristiano”. El título elegido fue el de conde de Fenosa, es decir, del acrónimo de una sociedad anónima, lo cual es insólito y grotesco, pero también es cruel y siniestro, porque es el nombre de una empresa creada a partir de requisas y fusilamientos.

La junta de Barrié decidió financiar la adquisición del Pazo con un crédito obtenido de la banca local, crédito que se amortizaría mediante una suscripción popular voluntaria entre los vecinos de la provincia. La recaudación fue escandalosamente insuficiente. Entonces recurrieron a la suscripción forzosa, como las que se hacían para financiar las operaciones bélicas. Pero seguía siendo insuficiente y decidieron disponer directamente de los fondos propios de los ayuntamientos, procediendo finalmente a la detracción forzosa de las nóminas de los funcionarios.

No consta escritura pública ni inscripción registral de la donación hecha por la junta de Barrié a Franco en 1938. Por eso en 1941 se simuló una compraventa entre Franco, representado por Barrié, y la vendedora, que ya había vendido a la junta dos años antes, y por un precio fingido que Franco no pagó. Con este trámite fraudulento, consiguió la inscripción registral a su nombre. No acabaron aquí los fraudes y coacciones. Además, se ocuparon las fincas colindantes del pazo, exigiendo a sus propietarios que las vendieran a Franco por un precio simulado.

Así disfrutaron del pazo como propietarios Franco y sus herederos. Ningún gobierno democrático inquietó a estos, pese a las incesantes reivindicaciones cívicas. Pero en julio de 2019 la Abogacía del Estado, siendo ministra de Justicia Dolores Delgado, demandó a los herederos del dictador. Alegó que el pazo pertenece al Estado porque durante más de treinta años fue la segunda residencia oficial del Jefe del Estado, con el mismo uso institucional, mismo personal y recursos económicos que el palacio del Pardo, perteneciente al Patrimonio Nacional del Estado.

Un juzgado civil de A Coruña, en septiembre de 2020, le dio la razón: el dictador solo fue un usuario institucional del pazo, nunca el propietario. Los herederos, obviamente, discrepan. Afirman que como el pazo fue de la jefatura del Estado, necesariamente fue propiedad de Franco, y ahora de ellos como herederos. La sentencia no es firme. Los herederos ejercitarán todos los recursos procesales que les ofrece una legalidad democrática que no se merecen. Pero, más allá de la incerteza del pleito, lo dramático e indignante es quién compró el pazo, y cómo. Fueron jerarcas y banqueros fascistas actuando manu militari, con recaudaciones e incautaciones coactivas, documentadas fraudulentamente. Fue un botín de guerra.