El Govern “batallará hasta el final” para aplazar los comicios

La Generalitat “batallará hasta el final” para defender el decreto que aplaza las elecciones catalanas, suspendido de manera cautelarísima por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y que será analizado este jueves por los magistrados. Así lo aseguró este miércoles el presidente en funciones, Pere Aragonès, que intervino en el Parlament. El dirigente republicano insistió en la necesidad de alterar el calendario electoral para evitar el pico de la pandemia. ERC y Junts, pese a los reproches mutuos, defendieron un decreto que la oposición calificó de “chapuza”.

”Batallaremos hasta el final para defender la fecha acordada”, insistió Aragonès, que pidió poder dirigirse al Parlament de manera extraordinaria a raíz de la decisión de la justicia de dejar sin efecto el decreto de suspensión de los comicios que él mismo había firmado el pasado viernes. El jefe encargado del Govern esbozó los argumentos que se defenderán este jueves ante el tribunal, que tiene que decidir si acepta o no los recursos contra el decreto de aplazamiento electoral. De eso depende que las elecciones se celebren o el 14 de febrero (el plan inicial) o el 30 de mayo, como acordaron el Ejecutivo catalán y la gran mayoría de partidos. La decisión de los magistrados es recurrible pero hay dudas sobre la efectividad de ir a otra instancia y si eso agregaría más ruido.

La Generalitat decidió este miércoles extender dos semanas más el cierre perimetral municipal y las restricciones al comercio y la hostelería, medidas con las que se pretende frenar el avance del virus. Preocupa especialmente el impacto que está teniendo en las UCI, donde ayer se reportaron 612 ingresados. Aragonès aseguró que sería un contrasentido que se mantengan esas medidas y, al mismo tiempo, en nueve días, se invite a la ciudadanía a que participe de manera masiva en los comicios.

ERC y Junts per Catalunya insisten en que detrás de los recursos contra el decreto está el Gobierno central. Aragonès mostró su “preocupación, perplejidad e indignación” por lo que considera una “judicialización” de las elecciones. El jefe de filas de Junts en el Parlament, Albert Batet, dijo que no se trata de un incidente aislado sino que el Estado pone en duda de manera automática “la legitimidad del Govern”. De momento, el tribunal solo ha optado por mantener cautelarmente la cita del 14-F a la espera de entrar en el fondo de los recursos contra el decreto.

La sintonía de los socios del Govern a la hora de defender el aplazamiento y el texto que lo sustenta no fue suficiente para evitar reproches mutuos. “No podemos venir aquí a atacar al PSC y después darles los votos en el Congreso”, le reclamó Batet a Aragonès cuando el líder de ERC insistió en que los socialistas están detrás de las acciones legales para proteger las opciones del candidato y ministro de Sanidad, Salvador Illa.

El jefe de filas de ERC en la Cámara, Sergi Sabrià, insistió este miércoles en criticar al vicepresidente primero de la institución, Josep Costa (Junts) por asegurar en Twitter que “alguien debería dimitir” en el Ejecutivo autonómico tras conocerse la suspensión. El diputado de Junts Francesc de Dalmases salió en la defensa de su compañero y con Sabrià se acusaron mutuamente de “cinismo”.

Un decreto “chapuza”

La oposición aprovechó la intervención de Aragonès para ahondar en sus dudas sobre el decreto si bien todos, menos el PSC, insisten en los riesgos de votar dentro de menos de un mes con la actual situación sanitaria. El líder de Ciudadanos, Carlos Carrizosa, y la portavoz socialista, Eva Granados, coincidieron en calificar de “chapuza” el texto aprobado el viernes por el Ejecutivo catalán. Para Granados es escandaloso que Aragonès vea un “abuso” en la aceptación de una medida cautelarísima, que no es definitiva, e insistió en la idea de que un president en funciones no puede convocar unas nuevas elecciones, al no contemplarlo la Ley catalana de la Presidencia.

Carrizosa alegó que “desde un principio” era evidente que el decreto estaba mal elaborado y criticó que se culpe al Estado de conspirar. El PP lamentó que no se haya consultado previamente a la Junta Electoral Central sobre cómo blindar el texto. Aragonès recordó que el decreto de convocatoria de las elecciones, del 21 de diciembre, ya recogía la posibilidad de posponer los comicios por motivos epidemiológicos y que nadie se opuso a ello.