La CUP quiere celebrar un nuevo referéndum antes de 2025

La CUP quiere celebrar un referéndum para la autodeterminación de Cataluña antes del año 2025. El partido presentó ayer su propuesta política con la que irán a las elecciones catalanas previstas el 14 de febrero, en la que se comprometen a hacer una nueva votación “partiendo de la experiencia conseguida en los sucesivos embates de los últimos tiempos”.

“Nos comprometemos a trabajar para generar las condiciones óptimas para hacer efectiva una ruptura con el Estado español en nuestro camino hacia la independencia. Nos hace falta volver a coger la iniciativa en la confrontación con el Estado para defender nuestros derechos y libertades como pueblo”, reza el documento.

En un comunicado, la CUP explica que el partido pretende ser “un agente clave, capaz de condicionar y marcar la agenda social y política del país”. Tras su aprobación, la formación presentará públicamente su “plan estratégico” de cara a los comicios catalanes en un acto el 3 de diciembre en la Fabra i Coats de Barcelona.

En la propuesta, la CUP expone su estrategia de “conflicto como motor de cambio”, ya que consideran que el Estado no facilitará una resolución al conflicto catalán, por lo que apuesta por la movilización, la desobediencia y situar la situación de Catalunya en el terreno internacional.

Los anticapitalistas argumentan que un referéndum para resolver el conflicto solo puede ser posible por dos vías: una negociación con el Estado que incluya el reconocimiento de Cataluña como nación, el derecho a la autodeterminación y permitir un referéndum, o ejercer la autodeterminación “mediante una ruptura democrática unilateral, que propicie el escenario resolutivo internacional incluyendo el referéndum, forzando al Estado español a tenerlo que asumir”.

Consideran que para lograr ambos escenarios hay que reforzar la “confrontación, la autotutela de derechos colectivos, la disputa de la soberanía con el Estado y el capital, y la ruptura democrática”. Para ello proponen aumentar la movilización y la desobediencia civil, la municipalización de servicios públicos esenciales, hacer leyes “de soberanía y control público sobre el territorio”, y en defensa de derechos sociales más allá de la Constitución y el Estatut, entre otras.