Rufián pide a la Fiscalía que se prohíba la publicación de escuchas del ‘caso Voloh´

ERC insiste en que el caso Voloh —que investiga varios delitos, como el desvío de fondos públicos para el expresident Carles Puigdemont— es un montaje y que buscará el cobijo judicial. El primer paso de esa ofensiva lo ha dado este lunes su portavoz en el Congreso, Gabriel Rufián, que ha presentado una denuncia a la Fiscalía. El republicano ve vulnerado su derecho a la intimidad, argumentando que el sumario incluye grabaciones suyas que nada tienen que ver con los delitos en cuestión y pide por ello que se prohíba su publicación en prensa.

Dentro del sumario, cuyo secreto fue levantado hace varias semanas, se recogen diferentes conversaciones interceptadas por la Guardia Civil y con orden judicial a empresarios vinculados a ERC, como el exconsejero Xavier Vendrell. El juez Joaquín Aguirre consideró de interés, de cara a investigar el desvío de dinero a Puigdemont, incluir una conversación interceptada por la Guardia Civil el pasado marzo, entre Rufián, Vendrell y otras personas cercanas a ERC.

En ese audio, que fue publicado por El Confidencial, el hombre fuerte de ERC en Madrid critica el bajo perfil político del actual president en funciones, Pere Aragonès, y pide “meter whisky”, en referencia a subirle el tono al discurso de cara a confrontar a Junts. En la denuncia, Rufián recuerda que la Ley de Enjuiciamiento Criminal impide incorporar al sumario las conversaciones ajenas a los delitos que se investigan.

Según la denuncia, se desconoce si estas conversaciones fueron autorizadas o no; sobre ellas pesa el derecho de reserva y se acusa a la Guardia Civil de filtrarlas directamente al medio. “Las conversaciones no tienen ninguna relación con el objeto de ninguna investigación judicial entonces son claramente explotadas con una finalidad de desprestigio y pugna política”, dice el texto.

Rufián solicita que se confirme e investiguen los hechos y que se hagan “las gestiones oportunas” para dar protección a las víctimas. Esto es, hacer lo que corresponda para que los medios “dejen de publicar cualquier grabación de conversaciones en las que relacionado” y se retiren los artículos ya existentes.

ERC busca aprovechar la discrepancia entre el juez y el ministerio público. Este último no pidió ninguna medida cautelar contra los detenidos y la Fiscalía Anticorrupción se opuso a las escuchas al no apreciar algunos delitos.