Un juez condena a la Generalitat por no proteger a un ‘mosso’ vulnerable a la covid

La desprotección de los trabajadores durante los primeros compases de la pandemia de coronavirus está empezando a tener consecuencias en los tribunales. Un juez de lo contencioso de Girona ha condenado al Departamento de Interior a indemnizar con 2.000 euros a un agente de los Mossos d’Esquadra por exponerle al riesgo de contraer el virus pese a que, por su enfermedad, es una persona especialmente vulnerable.

El agente, que trabaja en la unidad de investigación de accidentes de tráfico de Girona, padece asma e insuficiencia renal crónica. El 19 de marzo, poco después de que el Gobierno declarse el estado de alarma, el mosso comunicó a sus compañeros y a sus superiores su enfermedad y su condición de persona especialmente vulnerable ante la covid. Una circular de Interior indicaba ya entonces que a los funcionarios en situación de riesgo se les debía ofrecer “la posibilidad de hacer trabajo de oficina o teletrabajo”.

La sentencia considera acreditado que el departamento “le obligó a seguir patrullando” y a “realizar las funciones ordinarias de su puesto”, lo que supuso un “claro riesgo de exposición al contagio”. La resolución atiende la demanda del abogado de USPAC José Antonio Bitos y considera que se ha vulnerado el derecho fundamental a la integridad física y moral, recogido en la Constitución.

El agente “informó de modo adecuado de sus patologías” a sus compañeros y jefes, tal como explicaron en el juicio. Uno de ellos explicó que hacían controles a vehículos —para asegurar que se cumplían las restricciones a la movilidad— sin poder mantener las distancias y que el agente estaba “muy angustiado y ansioso”. Otro añadió que patrulló con él en una furgoneta que “no disponía de separación física”.

La respuesta de Interior al gente no fue satisfactoria: le dijeron que podía trabajar “con guantes” y le recordaron que la policía desarrollaba una “tarea esencial”, por lo que evitaban a toda costa enviar a mossos a casa. El 31 de marzo, la Dirección General de Policía rectificó y le incluyó en un listado de agentes que, por su vulnerabilidad, debían ser confinados en sus domicilios.