¿Casualidad o causalidad?

En su comparecencia en Perpiñán del pasado 9 de octubre tanto Artur Mas como Carles Puigdemont y Quim Torra repitieron una afirmación que a continuación TV-3 se encargó de ir difundiendo profusamente en diversos espacios y franjas horarias (en más de un caso sin citar la fuente, como si se le estuviera ocurriendo en ese momento al conductor o conductora del programa), la de que bajo el reinado de Felipe VI tres presidentes de la Generalitat habían sido condenados por tribunales españoles. Ni los autores originales de la afirmación ni quienes luego se hicieron eco de la misma se han tomado la molestia en ningún momento de explicar el auténtico calado de dicha constatación temporal, pero el mero hecho de señalarla ya daba a entender, inequívocamente, la existencia de una relación causa-efecto entre Jefatura del Estado y condena judicial.

Para Mas, Puigdemont y Torra existe relación causa- efecto entre la Jefatura del Estado y sus condenas

Claro que, aplicando el mismo planteamiento (hablar de razonamiento resultaría manifiestamente impropio), también podrían haber ido todos ellos más allá de la constatación y haber señalado que en realidad han sido la totalidad de los presidentes nacionalistas de la etapa democrática los que se han visto procesados. El dato —tal vez olvidado con las prisas por los tres expresidentes— de que Jordi Pujol presidió la Generalitat bajo el reinado de Juan Carlos I y está corriendo la misma suerte ante los tribunales que los tres presidents mencionados acreditaría, de acuerdo con esta aplastante lógica, que los Borbones en general la tienen tomada con los nacionalistas.

Las palabras de este trío de políticos vinieron a coincidir en el tiempo con las declaraciones de la portavoz de JxCat en el Congreso de los Diputados, Laura Borràs, en las que afirmaba estar a disposición de Carles Puigdemont y de la militancia para ser la candidata de su partido en las próximas elecciones al Parlamento de Cataluña, previsiblemente a celebrar a mediados del próximo mes de febrero. Dado que la diputada independentista tiene una causa abierta en el Tribunal Supremo, y que ello está sucediendo bajo el reinado de Felipe VI, es previsible que, llegado el caso, también se le endosara a este la responsabilidad por una posible condena y se considerara que lo de la ojeriza del monarca al nacionalismo independentista es un hecho más que contrastado.

A estas alturas, señalar que la investigación contra la señora Borràs es por una presunta malversación, prevaricación, fraude a la Administración y falsedad documental durante el período en que estuvo al frente de la Institució de les Lletres Catalanes, entre 2013 y 2018, resultaría de tan escasa utilidad como recordar que a Jordi Pujol el magistrado que instruye su causa le acusa de ser el responsable máximo de una organización criminal para la comisión de delitos económicos. A qué engañarnos: sería una batalla perdida. Si le ha costado tan poco al independentismo convertir el delito de desobediencia cometido por Quim Torra (y aceptado por él mismo ante el tribunal que lo juzgó) en un atentado contra la libertad de expresión, transformar el masivo enriquecimiento familiar, en el caso de Pujol, o las presuntas irregularidades contractuales para beneficiar a un amigo, por parte de Borràs, en conspiraciones políticas contra Cataluña ha de ser coser y cantar.

En adelante, un ‘president’ que se precie estará dispuesto a inmolarse en el altar de los tribunales españoles

Esta aparente facilidad con la que el independentismo consigue que, una y otra vez, la versión que le conviene en cada momento se imponga sobre la realidad de los hechos y quede instalada como verdad irrefutable entre amplios sectores de la ciudadanía catalana puede ser valorada desde más de un punto de vista. Quizá en el presente contexto valdría la pena señalar uno, de especial relevancia de cara al futuro. Y es que dicha facilidad podría convertirse en un caramelo envenenado para el próximo president de la Generalitat, en el previsible supuesto de que el cargo recayera sobre un político independentista. Porque si hasta ahora la presión que resultaba insoportable para un independentista de cualquier facción, tanto republicana como exconvergente, era la de ser acusado de traidor (o, en su variante evangélica, de Judas), es previsible que en adelante un president que se precie deba de estar dispuesto a inmolarse en el altar de los tribunales españoles, entre otras cosas para no ser menos que sus predecesores en el cargo y, de paso, contribuir a hacer buena la hipótesis de la ojeriza de la más alta magistratura del Estado al independentismo catalán. De lo contrario, ya sabe lo que le espera.

Manuel Cruz es catedrático de Filosofía en la Universidad de Barcelona y senador por el PSC-PSOE.