El fiscal pide cárcel para dos ediles por presionar a hoteles para echar a los policías del 1-O

Las consecuencias penales del referéndum del 1-O parecen no tener fin. Dos concejales del PSC de Pineda de Mar (Maresme) y el jefe de la policía local afrontan una petición de tres años de cárcel por un delito de coacciones. El fiscal les acusa de presionar a los responsables de la cadena hotelera Checkin para expulsar al medio millar de agentes del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) que permanecían alojados en dos de sus establecimientos. Los concejales exigieron “sí o sí” la salida de los policías y les amenazaron con cerrar los hoteles durante cinco años.

El episodio que llevará al banquillo a los dos cargos políticos y al jefe de policía ocurrió la noche del 2 de octubre. Los ánimos estaban caldeados. El día anterior, la Guardia Civil y la Policía se emplearon con dureza para detener el referéndum. Los agentes, desplazados a Cataluña durante el conflictivo otoño catalán de 2017, sufrieron escraches en distintas localidades donde se alojaban. Una de ellas fue Pineda de Mar.

Hacia las 21 horas, la primera teniente de alcalde, Carme Aragonès, el concejal de Urbanismo, Jordi Masnou, y el entonces jefe de la policía local, Carles Santacreu —que iba de paisano— se presentaron en el hotel Checkin. Frente al hotel, cientos de personas protestaban por la presencia de los policías. Según el relato del fiscal, los tres acusados se valieron de su condición de “autoridad” para “conminar” a la dirección a expulsar a los funcionarios.

Los tres cargos “franquearon” la puerta del hotel y “demandaron” una entrevista con el director. En su despacho, la primera teniente de alcalde socialista le exigió la expulsión de los policías con el “apoyo amedrentador” del otro concejal y del jefe de policía. El director llamó al gerente. Por teléfono, Carme Aragonès reiteró la petición.

Pero el gerente se negó a plegarse a la exigencia de la concejal porque no se había producido ningún problema con los clientes. El fiscal explica en su escrito que un total de 496 policías permanecieron alojados en dos hoteles de la cadena en Pineda de Mar “con total normalidad” hasta ese día, y que el “compromiso contractual” indicaba que debían seguir allí al menos hasta el día 5.

La concejal insistió. Y le puso al teléfono a Jordi Masnou, que como responsable del urbanismo municipal le advirtió expresamente y en un tono “desafiante y conminatorio”, siempre según el fiscal. El edil le insistió en que debía echar a los policías “sí o sí”. Pero como el gerente se resistía, la conversación subió de tono. Masnou le dijo que él era “el que mandaba allí” y que “si él decía blanco, es blanco”. También le advirtió de que, si no se marchaban los policías, cerraría el hotel al día siguiente y haría “todo lo que tuviera que hacer” para lograr cerrar el hotel durante “cinco años”.

La comitiva municipal se marchó sin haber logrado su objetivo y el gerente, ante el temor de sufrir represalias, escribió una carta: “Debido a una reunión con responsables del Ayuntamiento de Pineda de Mar, nos vemos obligados, bajo amenaza de cerrarnos los hoteles durante cinco años, a desalojar el contingente de policías nacionales de los dos hoteles”. Y la remitió al director del hotel para que los desalojara a la mañana siguiente. El recepcionista fue quien tuvo que dar la noticia a un inspector jefe del CNP. Tenían que irse. La fecha límite: las 16.00 del 3 de octubre.

Tras su intervención, la concejal Aragonès concedió una entrevista en televisión. Allí detalló que el ayuntamiento había llegado a un “acuerdo” con la dirección del hotel para que los policías abandonaran por sí mismos los establecimientos. “Hemos pedido que se tenían que ir, porque los ánimos están irritados y no hay motivo de que estén aquí”, dijo. “No hemos necesitado ninguna medida de fuerza, pensamos que el diálogo es lo mejor”.

Además de la pena de cárcel, el fiscal pide que los tres acusados sean inhabilitados para ejercer cargos públicos también durante tres años. Considera que las coacciones son especialmente graves porque fueron cometidas por autoridades públicas. Junto a ellos acudió también la concejal de ERC Mònica Palacín, en la oposición; su caso fue archivado porque no intervino en la conversación.