El riesgo de las rivalidades territoriales

Los ciudadanos están preocupados porque todavía no hemos tocado fondo en esta crisis. Las informaciones diarias reflejan que tanto la situación de la sanidad como de la economía sigue agravándose. La única señal de esperanza es que estamos en la Unión Europea, que ha acordado un gigantesco paquete de ayudas sin precedentes. La más relevante ha sido la aprobación el pasado julio del fondo Next Generation EU (NGEU) que tiene una dotación de 750.000 millones de euros, de los que 140.000 millones serán para España. De estos, 72.700 millones son a fondo perdido.

La obtención de este dinero estará condicionada a la presentación de planes de reforma y proyectos de inversión por parte de los Estados. Los criterios de estos planes deben responder a las recomendaciones que realiza la Unión Europea en el marco del Semestre Europeo. La prioridad es reforzar los sistemas sanitarios y responder a los desafíos del cambio climático, la digitalización, el refuerzo del capital humano y la eficiencia del sector público.

Desde el mismo momento en que trascendió la iniciativa europea, el entonces presidente de la Generalitat, Quim Torra, reclamó 30.000 millones de euros de los fondos europeos para Cataluña, aunque no precisó cómo conseguirlos. Paralelamente el Govern creó la Comisión para la elaboración del Plan para la Reactivación Económica y Protección Social como consecuencia de la crisis de la covid–19 (Coreco). El Plan recoge 20 proyectos con un coste de 31.764 millones de euros para un periodo de doce años (2020-2032). Entre 2021 y 2025 el presupuesto es de 19.552 millones de euros.

El pasado 6 de octubre el Ejecutivo catalán creó el Comité Asesor Catalunya-Next Generation para apoyar la tarea de la Coreco. Este comité, presidido por el vicepresidente de la Generalitat, tiene como objetivo promover proyectos que se presentarán al fondo Next Generation en base a las propuestas recogidas en el plan para la reactivación económica. La creación de este comité provocó malestar entre las patronales y sindicatos por haber sido excluidos de su gestación y sobre todo porque exigían que la valoración de los proyectos debía contemplar el diálogo social.

Resulta sorprendente que los documentos oficiales no mencionan cómo será el acceso de Cataluña a estos fondos cuya negociación con Europa corresponde al Gobierno central.

Confiemos en que no trasciendan demasiado nuestras rivalidades internas. En cualquier caso la aplicación de las recomendaciones europeas específicas para España serán muy beneficiosas para los catalanes porque contribuirán a reparar las graves deficiencias de Cataluña en materia social. Una de las recomendaciones europeas se refiere a reforzar el sistema sanitario en trabajadores, productos médicos e infraestructuras. Hay que tener en cuenta que Cataluña ha sido la comunidad que más recortó en gasto sanitario. Como ha señalado el economista Emili Ferrer, citando la Estadística de Gasto Sanitario Público Consolidado, entre 2010 y 2017, el gasto sanitario en Catalunya disminuyó el 9,6%, frente al 7,4% de la media española.

Otras recomendaciones europeas a España exhortan a reforzar la protección de los desempleados y la cobertura de los receptores de renta mínima. Todas muy pertinentes para Cataluña. Es significativo que la UE apele también a mejorar la coordinación entre los distintos niveles de Gobierno. Sería imperdonable que se perdieran ayudas de la UE, procedentes de los impuestos que pagarán los europeos, por falta de entendimiento entre nosotros.