El Defensor del Pueblo exige neutralidad a las universidades públicas catalanas

El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, ha exigido a los rectores de las universidades públicas catalanas “neutralidad ideológica” en referencia a la aprobación de un manifiesto conjunto contra la sentencia del procés. El pronunciamiento se produce después de que este pasado lunes una juez de Barcelona condenase a la Universidad de Barcelona (UB) por vulnerar el derecho a la libertad ideológica, de expresión y de educación y por su falta de neutralidad, después de que en un claustro extraordinario se aprobase un manifiesto contra la sentencia del procés, que suscribieron también el resto de las universidades públicas catalanas.

Fernández Marugán ha respondido a la demanda de amparo solicitada por la plataforma Universitaris per la Convivència (UpC), según la cual, tras la sentencia, ocurrieron varios “incidentes” en las universidades catalanas que ponían en peligro la libertad de cátedra, el derecho a la educación y la neutralidad ideológica.

Entre los hechos citados por la entidad se encuentran el boicot y suspensión de clases, la alteración extemporánea del sistema de evaluación, la ocupación del espacio público con símbolos partidistas, incluso en período electoral, y la aprobación de manifiestos de claro contenido político.

A raíz de la demanda de UpC, el Defensor de Pueblo decidió poner en marcha una actuación informativa en todas las universidades públicas de Cataluña. Con fecha 1 de octubre de 2020, el Defensor del Pueblo ha respondido a la queja presentada el pasado noviembre por Universitaris per la Convivència, y que se ha hecho pública este jueves.

El Defensor cita en su resolución que, en las respuestas recibidas por parte de las universidades, se observa un común tono autoexculpatorio, alegando que hicieron lo posible por mantener la normalidad ante los altercados y por garantizar tanto el derecho de los estudiantes a la huelga como el de asistir a clase con normalidad; y un tono justificativo en relación con la modificación de los sistemas de evaluación y con la aprobación de manifiestos en los claustros. En este último caso, las universidades apelan a la libertad de expresión de los claustrales y al derecho a la autonomía universitaria.

A partir de estas respuestas, el Defensor del Pueblo ha incidido en su resolución en el “deber de neutralidad ideológica que pesa sobre todas las instituciones públicas, universidades incluidas”, y ha informado de que dará conocimiento de los hechos objeto de la queja ante las Cortes Generales.

A la vez, Fernández Marugán ha señalado que la institución que encabeza “ha trasladado a los rectores de las universidades consultadas que las universidades, como instituciones vinculadas al cumplimiento de los fines que les asigna el ordenamiento jurídico, están integradas por personas con amplia diversidad ideológica, por lo que sus órganos de gobierno deben respetar esa diversidad cuando ejercen sus funciones, sin asumir o presentar como propia de la institución una determinada posición ideológica”.

El argumentario del Defensor del Pueblo continúa diciendo que “las universidades públicas, como las demás instituciones que ostentan este carácter, deben respetar el principio de neutralidad ideológica que es exigible a todas ellas en una sociedad plural y democrática”.