Casi todos los prismas de la pobreza

Para Yolanda el viernes pasado era el primer día de playa. Madre de una niña de 10 años, participaba con su hija y una quincena más de chavales, dos monitores y dos voluntarios en una de las salidas del Centre Obert de Torre Baró, uno de los dispositivos de Càritas en el barrio de Bacelona con la renta per cápita más baja. Todos se sometían al control de temperatura antes de coger el tren que los llevaría hasta la playa de Badalona. “Pues me hace mucha ilusión, un día de tranquilidad después de todo lo que llevamos encima”, explica Yolanda. “Lo que llevan encima” es el azote del coronavirus en todas sus consecuencias: su madre murió el 30 de marzo, su padre también estuvo ingresado —”y todavía está flojísimo”, dice— ella no puede trabajar por una lesión y no se veía capaz de ayudar a su hija con el trabajo escolar durante el confinamiento. “Pero hoy toca pasarlo bien”, zanja.

La del viernes era una actividad al aire libre, como la mayoría que organiza este casal: “Porque es la mejor manera de guardar las distancias y porque, además, han pasado tres meses encerrados. Ahora hay que estar fuera”, resume Hildoara, responsable del centro de Torre Baró que programa actividades extraescolares durante el curso y el casal para 50 niños y adolescentes entre 6 y 14 años. Un centro que durante la pandemia repartió tabletas y ordenadores en préstamo a las familias que no tenían esos recursos. Y eran muchas. La mayoría de las familias que atienden son inmigrantes. “Hace años eran gitanos, ahora son los menos, y lo más frecuente son familias latinas y también marroquíes y pakistaníes. Y familias monoparentales de madres que huyen de la violencia”, añade.

Este recurso de Càritas forma parte de uno de los siete grandes programas de la entidad con un impacto directo en las familias con menos recursos, que son las que se han visto más castigadas por la pandemia. Entre abril y mayo pasado, los servicios de primera respuesta de Càritas atendieron a 10.700 personas, el doble que en el mismo periodo de 2019. Y los dispositivos de la entidad en las parroquias prestaron ayuda a 40.000 personas de la Diócesis de Barcelona en esos dos meses con el agravante de que la mitad de ellas era la primera vez que acudían a Càritas.

Entre ellas, gran parte de la comunidad filipina de Ciutat Vella, empleada en la hostelería y en el servicio doméstico y muchas veces en economía sumergida. El miércoles acudían a recoger la tarjeta monedero que Càritas les ha facilitado, algunas mujeres, ya con el carro para ir a comprar a la salida de la oficina de la plaza Nova de Barcelona.

“Muchos tenían que cobrar el ERTE pero el problema han sido los retrasos y una economía muy justa para aguantar un mes sin ingresos”, apunta Lluïsa Sebastià, una de las responsables de esa oficina. Para dar una idea de las emergencias económicas que han atendido, explica que antes de la covid las ayudas económicas mensuales —la mayoría para el realquiler de habitaciones— no iban más allá de 200.000 euros y desde abril pasado la media es de 450.000 mensuales: “No lo podemos sostener más tiempo”. El ir y venir en esa oficina es constante. También es allí donde se hace la formación de los voluntarios que han experimentado un cambio notable a raíz de la pandemia: “Se apuntaron unos 600, muchos de ellos, jóvenes”.

La pandemia ha tenido otros efectos colaterales en algunos de los programas de la entidad. Un centro de atención a jóvenes de la Barceloneta se ha reconvertido en un punto de distribución de alimentos y tarjetas monedero. Juanma Camacho es el educador social que trabajaba con los chavales que iban al centro y ahora es el encargado de la gestión de las ayudas que se distribuyen a 400 familias, a las que conoce por sus nombres.

Otra importante función de Càritas, la inserción laboral, también ha tenido que adaptarse a los nuevos tiempos. Las aulas del centro ocupacional de la calle de Aurora están vacías porque se han suspendido las actividades colectivas. En uno de los despachos, Carla atiende, previa cita, a las personas que acuden a Càritas para entrar en bolsas de trabajo. Frente a ella, Pepe, un peruano con experiencia en el cuidado de personas, se queja de que la policía se extralimita con los migrantes y exhibe una multa que le pusieron por no llevar bien colocada la mascarilla: “Me amenazó con la expulsión por no tener los papeles”.