Interior investiga a 50 ‘mossos’ por las cargas contra la sentencia del ‘procés'

El Departamento de Interior ha anunciado este lunes que está investigando a 50 agentes de los Mossos d’Esquadra por su actuación durante las manifestaciones del pasado mes de octubre contra la sentencia que condenó a los líderes del procés, en las que se produjeron graves enfrentamientos en las calles de Barcelona, con la quema de centenares de contenedores y rotura de mobiliario urbano.

La Generalitat encargó entonces una auditoría interna como nunca antes se había producido y hoy se presentaron las conclusiones en un acto presidido por el consejero de Interior, Miquel Buch, y al que también asistió el Síndic de Greuges, Rafael Ribó, que se atribuyó el impulso de la auditoría. Las cifras que ha facilitado Interior en un acto celebrado a puerta cerrada es que los 50 agentes investigados participaron en 34 episodios diferentes.

La mitad de los casos ya están en manos de los jueces y, por tanto, Interior ha de esperar al resultado del proceso penal antes de resolver la investigación interna contra los policías. El resto se están estudiando internamente. Las causas penales se abrieron tras las denuncias de los manifestantes por las cargas policiales, en las que cuatro personas perdieron un ojo supuestamente por la actuación policial y se produjeron decenas de heridos de diversa consideración.

Las imágenes de los enfrentamientos entre policías y manifestantes y la quema de contenedores en la plaza Urquinaona de Barcelona y en calles del Eixample evidenciaron una violencia que hacía mucho tiempo que no se veía en la ciudad. Solo en el caso la capital catalana los daños producidos en cuatro noches de disturbios ascendieron a un millón y medio de euros Los datos oficiales reflejan ahora lo que fueron aquellos días: desde que anunció la sentencia del Tribunal Supremo el pasado 14 de octubre y hasta que acabó aquel mes se celebraron en Cataluña 877 manifestaciones o concentraciones. Una de cada cinco fue violenta, una cifra que contrasta con la de 2017, en que solo lo fue una de cada diez.

El consejero Buch quitó hierro a la violencia que se produjo en algunas de esas concentraciones y aludió a su origen. “Las protestas fueron mayoritariamente cívicas y pacíficas. La sentencia afectaba a representantes legítimos”, aseguró.

La actuación de los Mossos d’Esquadra provocó entonces un enfrentamiento público entre el presidente de la Generalitat, Quim Torra, y su consejero, hasta el punto de que le reclamó públicamente que esclareciera la actuación de los mossos contra los manifestantes por considerarla desproporcionada. En aquellos días se barajó incluso la posibilidad de la destitución de Miquel Buch, pero finalmente no se produjo y se anunció una auditoría interna que ha durado seis meses y que el consejero de Interior calificó como “una revisión de 360 grados”.