Las multas a Vueling y a operadores telefónicos disparan las sanciones de Consumo en Cataluña en 2019

La Agencia Catalana de Consumo (ACC) impuso en 2019 sanciones por valor de 6,5 millones de euros, lo que supone un 150% más que el año anterior. Este incremento se debe a las multas impuestas a Vueling por las reclamaciones por los retrasos de esta aerolínea en 2016 (que se resolvieron el año pasado tras un recurso de la compañía) y a las sanciones a los operadores Telefónica, Orange y Vodafone, que suman más de tres millones en sanciones por haber subido unilateralmente los precios, hacer publicidad engañosa e incluir cláusulas abusivas en sus contratos. Sin embargo, el importe de las sanciones efectivamente ingresado en 2019 es de 4,5 millones de euros, ya que mientras Telefónica y Orange aceptaron las multas y corrigieron sus prácticas, Vodafone decidió presentar un recurso.

En el balance de la actividad de la ACC, presentado este lunes por el secretario de Empresa y Competitividad, Joaquim Ferrer, y por la directora de la ACC, Beth Abad, los responsables de la agencia han puesto de relieve que varios indicadores muestran que “los consumidores cada vez son más conscientes de sus derechos”. En 2019, la ACC atendió 40.350 consultas, 1.769 denuncias y gestionó 17.149 reclamaciones. Las consultas y las reclamaciones han aumentado un 6,2% y un 7,1% respectivamente, mientras que las denuncias se han reducido un 3,8%. La directora de la agencia explica que estas cifras demuestran, por un lado, que los ciudadanos tienen más información y son más conscientes de sus derechos, y por lo tanto consultan y reclaman; y por otro, que bajan las denuncias porque tiene éxito el modelo de resolución de las reclamaciones mediante la mediación y el arbitraje: un 51% de las reclamaciones se resolvieron por estas vías y no llegaron a los tribunales.

Las compañías con más reclamaciones, un año más, son las de telecomunicaciones, suministros del hogar y aerolíneas. Son estas las que protagonizaron en 2019 el grueso de las sanciones. La ACC impuso 492 expedientes sancionadores, un incremento del 24,2%, pero el importe total se disparó un 150% por la coincidencia de varias multas importantes. La sanción de 600.000 euros a Vueling por mala prestación de servicio responde a un expediente abierto en 2016 tras los retrasos y cancelaciones de vuelos de la aerolínea en El Prat ese verano, un expediente que no se cerró hasta 2019, cuando se resolvió el recurso de Vueling.

En el ámbito de los operadores telefónicos, Vodafone tiene el importe más alto, con 1,67 millones de euros, seguida de Telefónica, con 1,11 millones, y de Orange, con 343.420 euros. Estas dos últimas compañías han visto reducidas sus multas después de que aceptasen la mediación y accediesen a retirar de sus contratos las cláusulas abusivas que les permitían subir precios unilateralmente. Vodafone, no obstante, puso un recurso y las cláusulas siguen vigentes a la espera de que se resuelva, momento en el que la ACC ingresará o no la sanción impuesta.

También se ha sancionado con 95.000 euros a la empresa iDental, que cerró en 2018 tras el caso de fraude. Y a la empresa Automattic, con sede en Dublín, que fue multada con 85.000 euros por promover y dar publicidad a hábitos que pueden derivar en trastornos alimentarios como la anorexia o la bulímia. Los principales motivos por los que la ACC ha sancionado a empresas son: cláusulas y prácticas abusivas; negativa o resistencia a suministrar datos; alteración, adulteración, fraude o engaño; y prácticas comerciales desleales.

Menos inspecciones de oficio

Entre las novedades que ha explicado Abad, directora de la agencia desde 2018, ha destacado las mesas sectoriales con las empresas para evitar que comercialicen productos que puedan ser objeto de reclamaciones, y ha resaltado que la agencia está inmersa en “una nueva manera de trabajar” en lo que atañe a las inspecciones de oficio. Estas actuaciones cayeron en 2019 un 25,2% con respecto al año anterior. “Es un nuevo planteamiento de la política inspectora: antes la idea era hacer cuanto más actuaciones mejor, ahora apostamos por detectar antes dónde tenemos que actuar, hacer menos pero más eficiente”, ha dicho Abad. Los resultados de esta nueva política, ha explicado, serán visibles en los próximos ejercicios.

Los responsables de la ACC han destacado que para este año prevén impulsar un decreto ley para modificar el Código de Consumo de Cataluña, una ley de 2010 y que la agencia quiere renovar para prepararla ante los retos del consumo de la “era digital”. Está previsto que el decreto esté listo en dos semanas, y empiece su tramitación. Entre estos retos está la publicidad engañosa en videojuegos y en los vídeos de youtubers. Estos son los retos que se ha marcado también el nuevo Ministerio de Consumo, pese a que estas competencias están descentralizadas y Cataluña ya ha regulado en este sentido en alguna ocasión. La directora de la agencia acudirá este miércoles a una reunión con responsables del Ministerio para coordinar las actuaciones y las competencias.