Una treintena de jóvenes extutelados se encierran en la Universidad de Girona para pedir la protección de las administraciones

Una treintena de jóvenes migrados, en su mayoría extutelados por la Generalitat, se han encerrado de forma indefinida en la Universidad de Girona (UdG) para denunciar su situación. Los jóvenes consideran que, al cumplir 18 años, han sido expulsados de forma injusta de los centros de acogida donde vivían, ya que no tienen medios para sostenerse una vez han cumplido la mayoría de edad. El encierro tiene lugar en la facultad de Educación y Psicología de la UdG y los protagonistas de la protesta exigen a las administraciones que les garanticen sus derechos fundamentales, principalmente trabajo y vivienda. Denuncian además que son víctimas de actitudes racistas y de persecución policial. “Luchamos para que pare el racismo en la calle; que estemos en la calle no quiere decir que seamos delincuentes, sino inmigrantes”, afirma uno de ellos.

Este “Encierro por derechos” en la UdG, que empezó el lunes y estaba pactado previamente con el centro educativo, está promovido por el Espai Antiracista Girona-Salt y cuenta con el apoyo de la Coordinadora de ONG Solidarias, la Fundación SER.GI y han hecho un llamamiento para que haya más adhesiones. Los dos jóvenes que dan voz a los participantes en el encierro –todos chicos de entre 18 y 19 años– siguen en el sistema de protección, porque a ellos “sí les ha funcionado”. Hatim Coucou llegó hace dos años, habla catalán y castellano y está haciendo un curso de auxiliar de enfermería y Yamna Amer está acabando ESO y tiene planes para seguir estudiando y trabajar.

Hatim considera que el encierro es para que la gente les pueda escuchar y sepa que luchan por sus derechos. Asegura que muchos jóvenes que están en la calle quieren estudiar y tener trabajo pero no pueden porque no tienen el permiso de trabajo. “Muchas veces salen de los centros sin formación y sin oportunidad de estudiar ni trabajar. Luchan para acabar con el racismo. Yamna pide para el colectivo poder trabajar y tener “un proyecto de vida propio y autónomo en Cataluña, acceso a cursos y a formación profesional, vivir sin discriminación racista y sin estigma policial”. Dice que “el problema de fondo es que la DGAIA debe vigilar la gestión de calidad de los centros poniendo en valor la acción socioeducativa y no la punitiva”. "Que el sistema funcione acaba dependiendo de cada centro”, la mayoría a cargo de fundaciones y entidades privadas que tienen traspasada su gestión.

Para el portavoz de Espai Antiracista, Mostafà Shaimi, el hecho de que los 40 jóvenes que tras salir del sistema malvivan en la calle, en pisos ocupados o acogidos por familias, demuestra que “el sistema actual de protección de menores ha fracasado” porque “no da respuesta a sus necesidades y les genera una situación de vulnerabilidad”.

Shaimi dice que “pasar muchas noches en la calle destroza cualquier vida”, por eso están intentando revertir esta situación. Interpelan también al Gobierno, para que agilice los trámites, y al Consulado de Marruecos, para que facilite la documentación, ya que sin pasaporte no pueden tramitar el resto de papeles.

La Generalitat se puso en contacto desde el primer momento con los organizadores de la protesta. Por el momento es la única administración que lo ha hecho. La directora territorial de Servicios Sociales, Marta Casacuberta, visitará a los jóvenes de la UdG y se ha ofrecido a mandar dos técnicos del departamento para que analicen caso por caso la situación de los jóvenes para saber quiénes son y poder buscar soluciones. Han rechazado esta propuesta y han dicho que les harán llegar información básica sobre los chicos por escrito.

En Cataluña actualmente se da atención a 5.901 jóvenes migrados solos, un 51% adultos extutelados. De estos 3.014 chicos y chicas, 1.601 son atendidos en un programa de la ASJTET (53%) y el 47% tiene un expediente asistencial abierto. En Girona se atiende a 589 y también el 51% son ya mayores de edad. En la oferta de plazas del sistema de protección se han creado más de 3.000 para atender a estos jóvenes, 380 en Girona.