El Parlamento andaluz aprueba por unanimidad cambiar las oposiciones para personas con discapacidad intelectual

El Parlamento de Andalucía ha aprobado por unanimidad y por lectura única tramitar ante la Mesa del Congreso de los Diputados una proposición de ley de Por Andalucía para reformar la ley del Estatuto Básico del Empleado Público para permitir que las personas con discapacidad intelectual pasen por una prueba práctica que evalúe sus habilidades para el puesto al que aspiran, en lugar de examinar sus conocimientos teóricos sobre legislación y reglamentos. El acuerdo ha sido posible por el cambio súbito de opinión del Gobierno andaluz que hace seis meses tumbó la iniciativa.

Por un momento, el Parlamento de Andalucía ha aparcado el lío, el barullo y la bronca habitual y ha apostado por el acuerdo. “Hoy hacemos política de la buena, aunque no abramos los telediarios”, ha dicho la diputada de Por Andalucía (la marca andaluza de Sumar), Esperanza Gómez, impulsora de la proposición de ley. Gómez es presidenta de Más País Andalucía, profesora de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla y madre de una hija con síndrome de Down. Ha subido emocionada a la tribuna y ha agradecido su apoyo a todos los grupos y al consejero de Justicia y Función Pública, José Antonio Nieto, así como a las asociaciones de discapacidad que llevan años luchando.

La propuesta aprobada por unanimidad de los cinco grupos (PP, PSOE, Vox, Por Andalucía y Mixto-Adelante Andalucía) propone modificar el apartado 2 del artículo 61 de la ley del Estatuto Básico del Empleado Público de forma que “las pruebas de acceso para las personas con discapacidad intelectual consistirán en una prueba de situación que permita valorar las habilidades y destrezas necesarias para el desempeño de las tareas propias del puesto de trabajo”.

Se trata, explicó Gómez, de hacer pruebas prácticas a los aspirantes con discapacidad intelectual “y no que se les evalúe por unos conocimientos teóricos” sobre tochos legislativos ajenos a las labores que van a desempeñar. Por Andalucía asegura que a estos opositores “les cuesta demostrar en un examen-test, que no está concebido para personas que no entienden el concepto de trampa que entraña todo examen de este tipo, aunque sea fácil”. La diputada ha asegurado que la discapacidad tiene muchos retos, pero hay “dos que son enormes: uno es la educación y otros, la integración laboral. Aunque hay cuotas, eso es una quimera, es falso. Los condenamos a vivir eternamente como niños por tener una discapacidad y ellos quieren tener un proyecto de vida propio y autónomo”.

Los diputados, como la socialista Pilar Navarro, han contado algunos casos de la “tortura” que para los opositores y sus familias suponen no solo las pruebas de acceso a la función público sino el periodo de preparación previo. “María tiene autismo y aspiraba a una plaza de subalterna después de estudiar durante dos años y medio. No superó la prueba porque no entendía lo que le preguntaba sobre la organización del Estado”.

Tanto la socialista como el diputado de Vox, Benito Morillo, han reprochado al PP su cambio de opinión. El segundo la justificó por un intento de los populares de no perder votos; y la primera porque el cambio de la ley obligará a la Junta de Andalucía “a trabajar” y cambiar las pruebas de acceso en aquellas materias en las que tiene competencias exclusivas. El diputado del PP, Juan Manuel Marchal, argumentó el cambio de opinión en que se habían solventado los déficits de “técnica legislativa”. “No era por el fondo, sino por la forma”, zanjó.

Ahora le toca el turno al Congreso de los Diputados, ya que se trata de una ley de ámbito estatal, para que esta iniciativa vea la luz. El Parlamento andaluz, aunque ha perdido seis meses hasta que el Gobierno de Juan Manuel Moreno ha dado su visto bueno, ha corrido todo lo posible. Al aprobarse por lectura única se evita toda la tramitación parlamentaria posterior. La proposición de ley ya va camino de la Cámara baja.