Una familia de Utrera denuncia que un colegio ampara al presunto pederasta de su hijo

Los últimos dos años se han convertido en una pesadilla para los integrantes de una familia de Utrera que hasta el curso pasado tenía a sus dos hijos escolarizados en el colegio concertado SC de esa localidad. A finales de octubre de 2022 descubrieron en el móvil de su hijo mayor conversaciones inapropiadas e intercambios de fotos íntimas y material de contenido sexual entre el chico, que entonces tenía 14 años, y uno de sus profesores, miembro, además, de una de las dos familias titulares al 50% del centro. Al docente se le impuso una orden de alejamiento de 300 metros por la presunta comisión de un delito de abusos sexuales. La familia se ha quedado con una sensación de impotencia inexplicable, por la desidia y el intento de acoso sufrido desde ese momento por parte del director del colegio, cuñado del supuesto pederasta. “Se les olvidó que las víctimas aquí éramos nosotros”, señalan los padres.

En este tiempo han tratado de llamar la atención del Defensor andaluz de la Infancia, de la Inspección educativa y de la Subdelegación de Desarrollo Educativo de la Junta, alertándoles de los episodios de hostigamiento hacia su hijo y los desplantes del director hacia ellos cada vez que pedían ayuda o querían trasladar una queja sobre su actitud o sobre las presuntas irregularidades en los consejos escolares en los que se trataban temas relacionados con el menor o con peticiones que ellos impulsaban. La situación ha llegado a ser tan desesperante que, ante la falta de respuestas y de apoyo, los padres han decidido sacar del centro a su otro hijo. “No estábamos a gusto con la actitud hacia nosotros, si el niño se ponía malo, teníamos que ir al colegio y allí nos encontrábamos con la mujer del hombre que abusó de mi hijo [es conserje y realiza las funciones de secretaria], con el cuñado… Bueno, hasta el director nos dijo que la mejor solución era que lo sacáramos del colegio”, explica la madre.

“Estábamos viviendo una situación desgarradora y en lugar de empatía nos topamos con una actitud desafiante y una falta de apoyo sistemático por parte del director, cuestionando el comportamiento de nuestro hijo, en lugar de esclarecer lo sucedido”, afirma la madre. El director del centro ha declinado hacer a este diario cualquier tipo de declaración relacionada con este asunto.

Todo comenzó a finales de octubre de 2022, cuando el hijo mayor, que en 2017 fue diagnosticado con déficit de atención con hiperactividad y síndrome de Tourette, fue expulsado del colegio durante 15 días por mostrar una actitud inadecuada con una de las profesoras. Fue en ese tiempo cuando su madre descubrió los mensajes que le enviaba el profesor y a los que ha podido acceder este diario. En ellos,siempre es el él quien se pone en contacto con el chico, le habla de ver porno, le recuerda episodios en los que supuestamente habían estado a solas, se intercambian fotos de contenido sexual y también le pide que borre los mensajes.

Tras denunciar los hechos a la Guardia Civil, el 22 de noviembre de ese mismo año, la jueza decretó una orden de alejamiento de 300 metros respecto del niño y su familia por la presunta comisión de delitos de abuso sexual sobre un menor y sobre un mayor de más de 13 años y un posible delito de exhibicionismo y provocación sexual, a determinar en función del análisis de su teléfono móvil. Un dispositivo que sigue siendo investigado, pendiente de otras diligencias judiciales.

La jueza no admitió ninguna de las justificaciones que le dio el docente y se mostró sorprendida de que hubiera reconocido que, pese a encontrarse en situación de incapacidad absoluta, siguiera acudiendo de manera asidua al colegio para desarrollar sus funciones como administrador. La magistrada llama la atención sobre el hecho de que esa conducta le permite seguir manteniendo contacto no solo con el denunciante, sino con otros menores y le impuso la prohibición de realizar cualquier actividad docente. El profesor también había sido jefe de estudios y tutor de su supuesta víctima en 5º de la ESO. En todo este tiempo se ha mantenido como accionista del centro.

En los meses siguientes a dictarse la orden de alejamiento, el trato de los docentes del colegio fue atento. “La cosa se torció cuando regresó el director, que estaba de baja cuando pasó todo”, explica el padre. Fue el director quien el 13 de marzo de 2023, conociendo la investigación y la imputación penal de su cuñado, informa de que iban a expulsar al menor dos días por haber vapeado en la clase. Con el trauma aún vivo por la denuncia por abusos sexuales, los padres le pidieron que sustituyera la expulsión por alguna medida dentro del centro escolar. “Nadie vio realmente a mi hijo fumar, solo se guiaron por el olor, pero decidieron señalarlo a él. Pero, sobre todo, no creíamos que después de lo que había pasado fuera conveniente que nuestro hijo se quedara solo en casa”, relata la madre. Contaban con el apoyo de la vicedirectora y de la profesora responsable de Igualdad, representantes de la otra familia propietaria del centro.

Tras innumerables reticencias por parte del director —que constan en todos los documentos que los padres han hecho llegar a todas las administraciones pertinentes―, consiguieron que se celebrara un consejo escolar extraordinario —en el que estaba presente la mujer del presunto abusador, en calidad de representante del personal no docente y que firmó el acta― donde se decidió por mayoría absoluta que el menor realizara trabajos escolares y tareas colaborativas en el colegio. Los padres querían tener copia del acta porque allí habían relatado el episodio de abusos sexuales que había soportado su hijo. Ante la imposibilidad de poder comunicarse con la secretaría del centro (donde trabaja la mujer del presunto agresor), la consiguieron a través de la Inspección. “Queríamos que quedara constancia, porque nosotros en todo este proceso somos víctimas y se nos ha tratado como a culpables, como si molestáramos”, dice la madre.

Incumplimiento de la orden de alejamiento

La Inspección ha sido una instancia a la que han tenido que apelar de manera recurrente en estos meses, no solo para solicitar ese acta, sino para poner en conocimiento la actitud obstruccionista del director y la impugnación de la renovación irregular de su cargo, que se realizó sin la participación del Consejo Escolar.

En otro consejo escolar, de 9 de noviembre de 2023, se presentó uno de los hermanos del presunto pederasta, y empezó a criticar el comportamiento del chico, hasta que uno de los representantes de los padres le instó a que se callara porque se estaba refiriendo a un menor. “Siempre se ha tratado de tapar o minimizar lo que hizo su familiar”, sostiene el padre.

Estas conductas ejemplifican para los padres el nulo apoyo recibido por parte del director y de la familia del presunto agresor de su hijo y propietaria del 50% del colegio, hasta el punto de que la Inspección dictaminó que fuera la vicedirectora —representante de la otra familia― quien se encargara de mediar en las relaciones entre la familia del menor y el colegio.

Pero el infierno no se ha circunscrito a las cuatro paredes del colegio. En mayo de 2023, durante la celebración de las Cruces de Mayo, la madre estaba acompañando a su hijo, que iba de costalero debajo del paso que sacan los alumnos, cuando vio al profesor entre el público que, pese a la orden de alejamiento, no se movió. “Incluso me sostuvo la mirada”, cuenta la madre, que dejó constancia de todo en su teléfono móvil. Un mes después, fue el padre quien se lo encontró comiendo en un restaurante a 80 metros de su casa. “Él lo sabía perfectamente porque en el pueblo nos conocemos todos”, explica el padre, que se dirigió a la Guardia Civil, que detuvo al docente de inmediato. La jueza decretó el destierro de Utrera el 12 de julio de 2023, una medida que fue recurrida y que se anuló el pasado mes de marzo. “Nuestra angustia es volvérnoslo a encontrar en cualquier momento”, señala la madre.

El menor cursa Bachillerato en otro centro. Aunque está más tranquilo, continúa sufriendo episodios de miedo y pánico. “Seguimos sintiendo la frustración por la falta de comprensión y empatía por parte del Inspector de referencia, el delegado de Educación y el Defensor de la Indancia, al que hace meses que relatamos lo sucedido”, dicen. No han recibido una respuesta o explicación que les ayude a aplacar su desazón.