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El Gobierno no permitirá pagar por visitar la plaza de España de Sevilla: “Detrás se encuentra la privatización del PP”

La ministra de Hacienda reitera su oposición al cierre del enclave turístico y reprocha al alcalde hispalense que adolezca de un “modelo de ciudad”, mientras el regidor pide al Ejecutivo “fórmulas alternativas”

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda y de Función Pública, María Jesús Montero, interviene durante la sesión de control al Gobierno celebrada este miércoles en el Congreso.
La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda y de Función Pública, María Jesús Montero, interviene durante la sesión de control al Gobierno celebrada este miércoles en el Congreso.Chema Moya (EFE)
Eva Saiz

La polémica propuesta del alcalde de Sevilla, el popular José Luis Sanz, de cerrar la plaza de España y de cobrar una tasa a los visitantes de fuera de esta provincia ha llegado hasta la sesión de control al Gobierno del Congreso de los Diputados. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha reiterado este miércoles en sede parlamentaria la rotunda negativa a esta iniciativa, que ya manifestó a través de su cuenta de X en cuanto se conoció. “El Gobierno de España no va a permitir la privatización de este espacio público ni cobrará las visitas”, ha dicho la ministra.

Su oposición es determinante para que salga adelante o no la propuesta del regidor sevillano, puesto que el Estado es el titular de los edificios que se ubican en la galería que rodea la plaza de España y de la balaustrada y los bancos que identifican a las provincias, mientras que el Ayuntamiento es el propietario del espacio abierto delimitado por ese conjunto. Sanz había propuesto la firma de un convenio entre ambas administraciones para materializar el cierre y el pago por su acceso, una cantidad ―que el consistorio no ha definido, aunque el alcalde siempre habla de tres o cuatro euros― de la que el 75% iría a las arcas municipales y el resto, a las del Estado.

El hecho de que la iniciativa no hubiera sido consultada previamente con el Ejecutivo le ha valido el reproche de “traición” por parte del diputado socialista por Sevilla, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, que es quien había formulado la pregunta parlamentaria a la que ha contestado la ministra. “La intención de Sanz no solo es económica, sino que detrás de ella se encuentra la intención de privatización del PP”, ha abundado Montero, que es sevillana. El regidor trasladó el lunes su intención de seguir adelante con su plan de cierre al subdelegado del Gobierno en Sevilla, al que le confirmó que ya había pedido una entrevista con la ministra de Hacienda. Consciente de que es contraria a la propuesta, Sanz ya avisó: “Espero que me plantee una fórmula alternativa de mantenimiento. Yo llevaré las mías”. El alcalde no concretó en qué consistirían.

Sanz justifica el cierre de la plaza de España —una joya de la arquitectura regionalista, diseñada por Aníbal González, para la Exposición Universal de 1929― y el cobro de un peaje a los turistas para garantizar la seguridad permanente del recinto —objeto de agresiones y destrozos, como otros puntos monumentales de la ciudad― y su mantenimiento mediante la instalación de un taller de restauración. El martes añadió un argumento más. Con los ingresos, la plaza de España se convertiría en el “motor económico del resto de espacios del 29″, de cara a tenerlos en perfecto estado de revista para la celebración del 200 aniversario de la muestra dentro de cinco años.

Montero no solo se ha opuesto a la fórmula planteada por el alcalde de Sevilla, sino que ha hecho una enmienda a la totalidad de su política municipal. “Los recursos públicos hay que gestionarlos bien para cumplir con la conservación y reparación de los monumentos”, ha señalado la ministra, que ha aprovechado para recordar que el Ayuntamiento hispalense ha percibido un 56% más fondos desde que gobierna Pedro Sánchez. “José Luis Sanz no tiene un modelo de ciudad”, ha abundado.

El Gobierno de España y la oposición socialista en el Ayuntamiento insisten en que, para garantizar el mantenimiento de la plaza de España y del resto de monumentos de Sevilla, hay que reclamar la implantación de la tasa turística, un impuesto al que el regidor hispalense no se opone, pero que considera que no es incompatible con la tasa concreta que plantea para la plaza de España. “En Roma pagas tasa turística, pero también pagas luego por entrar al Coliseo”, alega.

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Alternativas

Los expertos consultados por este diario recelan del plan del alcalde, por considerarlo poco maduro y concreto y entender que plantea el riesgo de que se acabe aplicando, precisamente por las razones de vandalismo y mantenimiento, a otros enclaves de la ciudad. José Alberto Castañeda, decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Granada y experto en turismo, advierte de que la tasa turística “es una herramienta que ha venido para quedarse”. Como alternativa al cierre de la plaza de España, propone que se limite el aforo diario, como ocurre en otros espacios abiertos, incluso naturales. “Esto tiene una complicación y un coste añadido porque implica gestionar el control de acceso”, matiza. Con eso se podría sufragar el mantenimiento, pero no se podría recaudar para pagar la seguridad que también pretende costear el alcalde.

Lola Frías, directora del Instituto Interuniversitario de Turismo de Andalucía, creado por las Universidades de Granada, Málaga y Sevilla, también se muestra favorable a la aplicación de una tasa turística y a la limitación del aforo para acceder a determinados monumentos. “Hay ciudades sometidas a una presión turística muy importante y sus responsables deben velar por una sostenibilidad ambiental, económica y social”, explica. “Cuando un visitante quiere conocer cómo es una plaza, por ejemplo, quiere hacerlo viendo cómo son las costumbres de sus residentes, pero nos encontramos con que en muchas de ellas solo hay turistas, no hay sostenibilidad social. Igual que hay restricciones de acceso para algunas playas, debería imponerse en otros enclaves, porque al final la experiencia es más enriquecedora”, explica.

José Ignacio Castillo, catedrático en el departamento de Análisis Económico y Economía Política de la Universidad de Sevilla y exvocal del Pleno Andaluz del Turismo, también se muestra partidario de aplicar una tasa turística: “La liberalización del transporte aéreo y la competencia de las aerolíneas de bajo coste han permitido que en el turismo que no sea de paquetes turísticos el efecto sea despreciable y más aún cuando la mayoría de los destinos que son nuestra competencia directa la tienen”. Solo una vez que esté implantada, plantea que se pueda “estudiar cobrar por otros atractivos de la ciudad”, pero no de manera aislada, sino ofreciendo paquetes atractivos que unan ofertas de visitas y transporte, como una tarjeta turística.

Mientras el Gobierno de la Junta mantiene una férrea oposición para la implantación de una tasa turística, por ser contraria a la defensa cerrada de su política de bajada de impuestos, cada vez hay más regidores de su propio partido que la defienden. A Sanz, que lo hace tímidamente ―alega que el sector turístico debería estar de acuerdo y que habría que especificar cómo y a qué se destina―, se le ha sumado esta semana el alcalde de Córdoba ―otra ciudad que lucha contra la turistificación― y presidente de la Federación de Municipios y Provincias de Andalucía, que ha propuesto “abrir un grupo de trabajo” para analizar su aplicación.

Sobre la firma

Eva Saiz
Redactora jefa en Andalucía. Ha desarrollado su carrera profesional en el diario como responsable de la edición impresa y de contenidos y producción digital. Formó parte de la corresponsalía en Washington y ha estado en las secciones de España y Deportes. Licenciada en Derecho por Universidad Pontificia Comillas ICAI- ICADE y Máster de EL PAÍS.
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