El mismo examen para policía local de Sevilla, 11 años después

Transcurridos 11 años y tres sentencias después, a finales de septiembre se repetirán las oposiciones a policía local de Sevilla celebradas en 2012. Una filtración del examen hizo que varios candidatos calcaran entonces las respuestas, incluso con erratas, de una plantilla de corrección que se suponía secreta. El escándalo fue mayúsculo y abrió una causa penal que tras llegar a juicio se cerró sin culpables, pero ahora se ha resuelto el caso contencioso-administrativo abierto, que acabará previsiblemente con el cese de 44 agentes y la celebración de un nuevo examen práctico tras el verano.

Tras descubrirse la filtración de la prueba en 2012, un juzgado comenzó la investigación penal para dilucidar quién había pasado de antemano las respuestas a los candidatos para 56 plazas. Las sospechas se centraron en familiares y amigos de mandos policiales, incluido el exsuperintendente del cuerpo, Juan José García, que según la Fiscalía “filtraron de modo intencionado y selectivo la plantilla de corrección del caso práctico”. Sin embargo, tras sentarse 45 acusados en el banquillo, el Juzgado de lo Penal 10 de Sevilla los absolvió a todos en 2019 por falta de pruebas y el ministerio público no recurrió el fallo. “Un número considerable de ellos [los opositores] utiliza guiones como en la plantilla, el orden utilizado para contestar los casos prácticos es idéntico o casi idéntico, se utilizan los mismos paréntesis, expresiones, viñetas, etc.”, censuró la sentencia sobre el fraude.

A continuación, un opositor que suspendió el examen recurrió entonces a la vía contencioso-administrativa para anular el concurso, y en 2020 una jueza le dio la razón dado que la sentencia penal no pudo identificar a los filtradores, pero sí dictaminó que hubo filtración, lo que invalidaba el examen. El concurso público de 2012 ignoró los principios constitucionales de “igualdad, mérito y capacidad” al ser amañado por la filtración del examen, según estableció ocho años después el Juzgado Contencioso-Administrativo 7 de Sevilla, que anuló las oposiciones. La Policía Local de Sevilla dispone de 1.055 efectivos.

Sin embargo, hasta este mes no se ha aclarado que el examen debe repetirse. Después de la sentencia absolutoria penal, la contencioso-administrativa que anuló las oposiciones y la ratificación del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), ahora se debe ejecutar el fallo de 2020. El camino será espinoso. La jueza sustituta del Juzgado 7 Nieves Martínez considera que las oposiciones deben repetirse y 44 policías locales que aprobaron deben abandonar el cuerpo. La magistrada lo ha aclarado tras preguntar al Ayuntamiento por qué no ha ejecutado aún la sentencia y este responder que lo hará tras el verano, cuando la falta de agentes es más acuciante por las vacaciones.

Pero 11 años no pasan en balde. Los policías municipales afectados por la sentencia han recurrido su ejecución porque estiman que no se puede llevar a cabo y que el daño a las arcas públicas sería mayor que el beneficio por hacer cumplir la ley. Para empezar, pese a que la sentencia afecta a 56 funcionarios, solo 13 de ellos estuvieron encausados en el procedimiento penal y 43 de ellos pagarían “justos por pecadores”, denuncia Luis Val, presidente del sindicato policial mayoritario SPPME-A.

Uno de los agentes que cesarán en su puesto confiesa bajo anonimato: “Está siendo muy duro. El Ayuntamiento no lo hizo bien y en su día no puso todos los medios para hacer una oposición limpia. Ahora tenemos nuestra vida en peligro, familiar y personalmente, todo está en peligro. Ni siquiera sabemos el número exacto de agentes que deberán ser cesados”, se queja.

En paralelo, hay cinco agentes que en la última década se permutaron con las policías locales de Málaga, Marbella y Cádiz, y es posible que la ejecución de sentencia no les afecte al implicar a otros ayuntamientos y, por tanto, plantillas ajenas a la sevillana. Otro agente falleció en acto de servicio durante estos 11 años, por lo que sus padres fueron indemnizados. Por último, hay ocho agentes a los que el Ayuntamiento considera que no afecta la sentencia por el hecho de que fueron ascendidos a oficiales.

“La ejecución provocaría un sacrificio desproporcionado en la medida en que se produciría una merma considerable en la plantilla actual de la Policía Local y por ello en la seguridad ciudadana”, sostiene el sindicato en su escrito. El abogado Antonio Romero, que representa en el procedimiento a 30 agentes, remata: “En aplicación del cuadro médico de la Junta, policías que en su día [en 2012] pasaron el reconocimiento médico, hoy no podrían pasarlo”, comenta el letrado sobre agentes que hoy padecen enfermedades como la diabetes.

El recurso de Romero para que no se ejecute la sentencia se dilucidará en el TSJA en septiembre y estos magistrados zanjarán si el fallo puede llevarse a efecto o si la repetición del examen es demasiado procelosa y no compensa a la justicia y a la Administración. En Málaga hubo un caso similar por otra filtración de un examen en una oposición para 94 plazas de policía local y finalmente en 2014 el TSJA declaró que la sentencia era inejecutable por el “sacrificio desproporcionado” y decidió indemnizar al recurrente antes que cesar a los agentes que aprobaron la prueba.

El abogado Javier Carnerero, otro de los recurrentes en el proceso, critica: “La sentencia, después de 11 años, carece de sentido ejecutarla en sus propios términos, máxime porque los daños y perjuicios que generan son irreparables o de muy difícil reparación. Hay que buscar otra forma de ejecutarla permitida por la ley y numerosas veces aplicada por otros tribunales, incluido el Supremo. Se le pueden respetar las notas [al opositor recurrente] y que se presente en otra convocatoria o simplemente que sea indemnizado. No es necesario que la seguridad pública se vea mermada o haya que destinar fondos públicos, del contribuyente, para formar a nuevos policías teniendo 44 ya experimentados”. El sindicalista Val critica: “El auto de la jueza no responde a los 10 puntos que le piden los agentes que aclare, sino que decide que la sentencia es ejecutable sin entrar a valorarlos, obvia el fondo del asunto”.

El Ayuntamiento de Sevilla (PP), que cambió de manos hace dos meses tras las últimas elecciones municipales, alega que el despido de sus agentes lo ordena una jueza y que solo puede acatar su sentencia: “Es un asunto complejo por el número de afectados y el tiempo transcurrido. La previsión de los servicios jurídicos es que a finales de septiembre se pueda celebrar la repetición del examen y en el momento inmediatamente anterior se producirá el cese de los afectados, para que los puestos estén vacantes el menor tiempo posible”, argumentan fuentes del Consistorio.

El laberinto judicial, primero por callejuelas de lo penal y luego de lo contencioso-administrativo, podría acabar en septiembre si se confirma la decisión de la jueza sustituta Martínez, los 44 policías locales afectados son destituidos y el examen se repite. Pero la decisión está en manos del tribunal superior andaluz, que podría prorrogar de nuevo un examen más complicado que ningún otro, con más de una década de recorrido.