La polémica compraventa de derechos de agua aumenta en Andalucía pese a su sequía extrema

La compraventa de derechos de agua está al alza en la cuenca del Guadalquivir pese a la sequía extrema que padece. Ante los recortes en las concesiones hídricas para el regadío, hay cultivos cuya siembra ya no compensa al agricultor y sus derechos de agua se ofrecen en el libre mercado al mejor postor. Es una fórmula legal pero polémica, ya que este verano se prevén más cortes en el suministro para consumo humano en los pueblos del interior por la falta de canalizaciones, mientras se riegan cultivos gracias a la compra de estos derechos.

El tráfico de agua para regar unos cultivos distintos a los asignados en un principio se ha producido ya en el pasado, pero nunca con el volumen actual. Esta primavera a los arroceros del Guadalquivir, que cada año siembran 36.500 hectáreas, el agua concedida por las autoridades no les compensa tras sufrir un recorte del 88% en sus dotaciones. Para paliar sus pérdidas han puesto en el mercado sus 40 hectómetros cúbicos, que equivalen a 11.851 piscinas olímpicas. Esta agua, que está a la venta a 23 céntimos de euro el metro cúbico, puede acabar en cualquier rincón de Andalucía, incluida Almería, en el extremo opuesto a las marismas del Guadalquivir, donde cada año crece la mayor superficie de arroz plantada en España. Y el precio de estos derechos no será menor de 9,2 millones de euros.

Este lunes, dos organizaciones agrarias (COAG y UPA), los sindicatos, los expertos de la Fundación Nueva Cultura del Agua (FNCA) y los ecologistas, englobados en la Mesa Social del Agua, han reclamado al Ministerio para la Transición Ecológica que intervenga para frenar esta escalada de compraventa de derechos. Al respecto, los partidos políticos discrepan entre la conveniencia de intervenir desde lo público y dejar hacer a las comunidades de regantes para negociar a su antojo el precio del agua.

Los 13 agentes sociales le piden al Gobierno que genere los centros públicos de intercambio para reasignar el agua a las explotaciones agrarias más necesitadas y evitar que se la quede el mejor postor. Es decir, que regule el mercado del agua al igual que el de la vivienda. “Doñana, Daimiel y el Mar Menor son solo las puntas de lanza de un problema generado por el regadío, el gran reto político del Gobierno porque el sistema no aguanta. ¿Dejamos que la reorganización del regadío la haga el mercado?”, plantea Leandro del Moral, de la Fundación Nueva Cultura del Agua y catedrático de Geografía de la Universidad de Sevilla.

El aterrizaje de los fondos de inversión para comprar grandes fincas es una realidad en la agricultura de regadío desde hace décadas, y su músculo financiero para salvar sus cultivos es mucho mayor que el de las pequeñas explotaciones familiares. Dada la carestía actual y las perspectivas con el cambio climático, esta guerra por el agua no ha hecho más que empezar y las pujas feroces harán peligrar el futuro de muchos pequeños regantes, resaltan los expertos.

“Es una cuestión política que no se puede dejar en manos privadas porque se convierte en un mercadeo sin transparencia. Toda la filosofía que marca la ley de aguas en democracia se ha roto y hace falta revisarla para ponerla al servicio del interés social”, critica Eduardo López, secretario de la organización agraria COAG Andalucía. De momento, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica) se ha puesto de perfil y alega que “son los regantes quienes acuerdan la compensación económica”. Sin embargo, sus jefes en Transición Ecológica, tanto el director general del agua, Teodoro Estrela, como el secretario de Estado de medio ambiente, Hugo Morán, ven con buenos ojos que la confederación incluya en el próximo decreto de sequía —ahora en proceso de redacción— la creación de centros públicos de intercambio de agua para regular este tráfico de derechos, según COAG y la FNCA, que se han reunido con ambos. Transición Ecológica ha rechazado opinar al respecto a preguntas de este diario.

Esta fórmula pública para intervenir, recogida en la Ley de Aguas, ya tiene un precedente: las confederaciones hidrográficas del Segura, Júcar y Guadiana crearon en 2004 centros de intercambio de derechos del uso de agua para adquirir 28 hectómetros cúbicos tras autorizarlo el Consejo de Ministros.

Ahora, los 1.200 empresarios arroceros que han puesto a la venta sus derechos de agua prevén cerrar la operación la próxima semana. “No vamos a especular ni subastar el precio, nuestra intención no es mercadear, aunque haya agricultores que nos ofrezcan un euro y medio por metro cúbico [cinco veces la oferta inicial]”, asegura Álvaro Pallarés, presidente de la Junta Central de Regantes de la Margen Derecha del Guadalquivir, que representa a 900 arroceros, con 22.000 hectáreas. Preguntado sobre cómo mantendrá el precio final en 23 céntimos el metro cúbico y eludirá la oferta del mejor postor, a pesar de que esto supondrá más dinero para sus regantes, guarda silencio. Pallarés avanza que los 40 hectómetros cúbicos se repartirán entre fincas de las provincias de Huelva, Sevilla, Córdoba y Jaén.

La formación política Por Andalucía se alinea con la petición de la Mesa Social del Agua: “Total respaldo, en primer lugar porque hay que tomar las decisiones con criterios ajustados a la realidad del problema, en términos sociales y medioambientales y, por tanto, sacar de la ecuación a la intermediación privada. El objetivo debe ser garantizar el agua a las pequeñas explotaciones agrícolas y ganaderas en primera instancia”, subraya su portavoz, Inmaculada Nieto. Adelante Andalucía abunda en esa idea: “El agua no se puede vender al mejor postor y sacar a subasta. Como bien común imprescindible para la vida debe cumplir un bien social y nos oponemos al mercadeo”, opina Mari García, responsable de organización del partido de izquierdas.

Desde el extremo opuesto, Vox estima que hay que dar libertad a las comunidades de regantes para negociar: “Las entidades que integran la Mesa del Agua, como UGT, Greenpeace, Facua o Ecologistas en Acción, se pretenden erigir ahora como defensores de los agricultores (…) Su ecologismo de salón, comprado por el PSOE, está condenando a miles de agricultores a la ruina”, censura el portavoz de la formación ultra Manuel Gavira, que obvia que las organizaciones de agricultores COAG y UPA Andalucía integran dicha mesa social. Tanto PSOE como PP han rechazado opinar al respecto.

El año pasado y en 2021 los arroceros también dejaron hectáreas sin sembrar por la falta de agua y se transmitieron derechos, pero entre los propios arroceros. El dinero que ahora reciban les servirá para cubrir gastos fijos como la potencia mínima para el suministro eléctrico, el servicio de guardas y el mantenimiento de las instalaciones. Dado que el próximo año la producción nacional de arroz decaerá, los supermercados importarán más género del extranjero.

El tráfico de derechos de agua es legal desde que el Gobierno de José María Aznar reformó la Ley de aguas en 1999 para permitirlo, pero hasta ahora no se ha desarrollado porque las reservas han decaído de manera paulatina y solo ahora el sistema ha dicho basta, con cultivos que no se siembran porque las cuentas no salen. La situación geográfica en España respecto al clima se asemeja cada vez más a territorios como California o Chile, donde el cambio climático golpea con fuerza la sostenibilidad de sus cultivos. Sin embargo, el Gobierno y las autonomías fían la previsión hasta 2027 a que llueva, los embalses se recuperen, y se pueda mantener el altísimo nivel de regadío actual con 3,8 millones de hectáreas.

En Andalucía, el agua embalsada a principios de mayo en la cuenca del Guadalquivir asciende a 1.971 hectómetros cúbicos y los pantanos están al 24%, cuando la media de reservas la última década este mes es del 63%. De esos casi cuatro millones de hectáreas de cultivo para regadío que hay en España, Andalucía es la primera región con 900.000 hectáreas.

Con la oferta actual de los 40 hectómetros de los arroceros, el tráfico de derechos acaba de comenzar con grandes volúmenes. Aunque ya en el pasado ha habido ejemplos muy llamativos, como cuando los regantes almerienses del Almanzora compraron 1.700 hectáreas de arrozales, que han sembrado, pero también han dejado en barbecho para desviar hasta 60 hectómetros cúbicos en varios años hasta sus hortalizas en los invernaderos del levante andaluz. Lo hicieron gracias al trasvase del Negratín, que conecta la cuenca del Guadalquivir con sus cultivos. “El agua se está convirtiendo en el nuevo petróleo y dejarla en manos del libre mercado es el ‘apaga y vámonos”, critica Rocío Algeciras, directiva de la asociación de consumidores Facua, integrante de la Mesa Social del Agua.

Ahora, entre los arroceros ofertantes y los posibles compradores media la federación de regantes Feragua. “Solo ponemos en contacto ofertantes con demandantes, no somos árbitros ni cobramos comisiones”, alegan fuentes de esta federación, que considera que la intervención pública requiere unos plazos dilatados incompatibles con la urgencia actual. En un comunicado, Feragua ha subrayado: “La cesión de derechos no solo es una fórmula jurídica legal y habitual en situaciones de sequía, sino que es la única fórmula viable para garantizar el mejor uso del agua disponible”.

Mientras, la Mesa Social del Agua insiste en exigir a la Confederación Hidrográfica que se implique para imponer un criterio social y ecológico antes que económico, y así evitar que el agua acabe en manos del mejor postor. El presidente de la Fundación Savia, Paco Casero, reclamó con enfado y tono grave: “Todas las previsiones se han roto con la sequía y no somos conscientes todavía de la situación que padece Andalucía. Es necesario un reparto social del agua porque ya hay muchas explotaciones extensivas donde el ganado no puede beber. No podemos primar otros intereses de negocio del agua frente a las explotaciones familiares”.