La Cámara de Cuentas de Andalucía reprocha a PP y PSOE el abuso de contratos de emergencia antes de la pandemia

Ni el PSOE en su último año en el poder en la Junta andaluza, ni el PP y Ciudadanos en el primero de esta pasada legislatura, superan el examen de la Cámara de Cuentas autonómica, que ha fiscalizado los contratos por vía de emergencia del Gobierno andaluz los años previos a la pandemia, 2018 y 2019. El órgano considera injustificados el 39% de los expedientes que ha revisado porque eran “urgentes” pero no “acontecimientos catastróficos” o situaciones de “grave peligro” que justificaran este régimen excepcional para limitar la libre concurrencia de empresas a los contratos públicos, 68.214 en 2018 y 79.018 en 2019, un 15% más. Los auditores consideran que casi cuatro de cada 10 contratos (el 37%) respondían a una necesidad previsible y no sobrevenida, por lo que la Junta incurrió con la vía de emergencia en una “carencia de una diligente planificación o programación”.

Cuando el PP y Ciudadanos subieron al poder en 2019, tras 36 años de gobiernos socialistas, una de sus proclamas más repetidas era el deseo de acabar con la opacidad en la contratación de la Junta de Andalucía, a la que acusaban de favorecer a empresas afines al PSOE. La contratación pública de emergencia, recogida en la Ley de Contratos del Sector Público, permite al Ejecutivo autonómico evitar los requisitos formales que fija la ley e incluso carecer del crédito suficiente, además de suponer “un riesgo para la transparencia y publicidad de la contratación pública”, según el órgano fiscalizador.

Un ejemplo claro de cómo los auditores discrepan de la Junta es el reproche que hacen a la Consejería de Turismo (Ciudadanos) después de que contratara de emergencia los servicios de limpieza en su sede central de Sevilla: “La prestación es recurrente y tenía una fecha de inicio y fin perfectamente previsible, máxime cuando la duración del contrato que expiraba fue de tres años improrrogables”.

Más tarde, y ya en pandemia, la Junta firmó 21.668 contratos de emergencia por valor de 1.600 millones de euros entre 2020 y 2022 gracias a la contratación extraordinaria recogida en el decreto ley del 16 de marzo de 2020. Ante las severas críticas de la oposición, la Junta decidió el pasado marzo derogar parcialmente la norma que daba cobertura jurídica a los miles de contratos de emergencia en la lucha contra el coronavirus para agilizar los trámites, pero que también implicaba eliminar controles. El Gobierno central determinó que la contratación excepcional estaba injustificada desde mayo de 2021, pero la Junta siguió empleándola para sus compras de material sanitario y otros.

Los motivos de la censura de la Cámara de Cuentas a esta agilidad extrema de la Junta al contratar en 2018 y 2019, “con carácter restrictivo” según la ley, son varios: “La emergencia obedece a una necesidad que pudo ser previsible y no sobrevenida (…) No se justifica que no fuese posible remediar los daños utilizando otros procedimientos menos restrictivos (…) No consta la publicidad en el perfil del contratante de la adjudicación”, critica su último informe. El porcentaje del 39% de los contratos sube al 50% en los que “no queda justificado” que los daños se pudieran haber remediado con procedimientos menos restrictivos, censuran los auditores públicos, que han examinado 46 actuaciones de emergencia con 101 contratos por 47 millones de euros. El importe gastado por la vía de emergencia fue muy similar entre el último Gobierno socialista y el primero de derechas, de 43,1 millones y 43,7 millones, respectivamente.

La Consejería de Fomento (PP) acaparó el grueso de las concesiones, con 36 millones del total de 43 y el 60% de los expedientes (14 de 23), en 2019. “La mayoría de los contratos corresponden a la conservación de carreteras, que estaba abandonada y requería una inversión de emergencia para garantizar la seguridad vial. Estaban caducados 32 de los 35 contratos integrales y se tuvieron que hacer contratos de emergencia”, alega una portavoz de Fomento. Ese año, esta consejería adjudicó 24 contratos por 133 millones para la conservación del 77% de los 10.500 kilómetros de carreteras de la Junta, y tenía otros ocho pendientes de rematar.

Tras el acondicionamiento de las carreteras, el mayor gasto de emergencia se destinó a la protección de menores inmigrantes no acompañados y a las obras de reconstrucción de infraestructuras hidráulicas por daños meteorológicos, según refleja el informe. Los auditores subrayan que salvo los tramitados por el Servicio Andaluz de Salud (SAS), en los expedientes las consejerías no comprobaron la capacidad de los contratistas, su solvencia o si estaban habilitados para licitaciones públicas, obligaciones estipuladas por ley. Además, en el 89% de los contratos se incumplió la exigencia de publicar los contratos en un plazo de 15 días y el retraso medio fue de 123 días.

En paralelo, la Cámara de Cuentas critica el “ingente volumen” de los contratos menores en la Junta justo antes de la pandemia, con un uso “generalizado” en el SAS, que acaparó el 89% de los contratos en 2018 y el 86% en 2019. Preguntado por esta profusión de contratos menores, el SAS ha rechazado contestar al respecto. El porcentaje de contratos por procedimiento abierto en la Junta fue mínimo (de un 1,4% en 2018 y 2,9% en 2019); el de procedimiento negociado, aun más reducido (0,16% en 2018 y 0,26%); mientras que los contratos menores alcanzaron el 95,9% en 2018 y el 93% al año siguiente, ya con la derecha en el poder.

Los auditores recomiendan a la Consejería de Hacienda (Dirección General de Contratación) que a partir de ahora evite y restrinja la tramitación de emergencia para ocasiones contadas, “bajo criterios de necesidad y proporcionalidad”. Y le piden que planifique mejor su actividad, argumente mejor por qué es necesario contratar por esta vía y utilice otras fórmulas como el procedimiento abierto por vía abreviada o el negociado sin publicidad por imperiosa urgencia: “Los órganos de contratación han de justificar, motivar e intensificar la concreción de forma que se ofrezca una justificación sólida que demuestre un uso adecuado de esa figura”.

En paralelo, la Cámara de Cuentas impele a la Consejería de Fomento a que se adelante a los daños en las carreteras: “Recalcar la importancia de efectuar tareas programadas de mantenimiento, reparación o reposición que de forma eficaz garanticen la seguridad vial, lo que evitaría el deterioro prematuro de la infraestructura vial”. Sin embargo, Fomento ha tomado nota a medias, porque en 2021 volvió a firmar 32 contratos de emergencia de conservación de carreteras por inundaciones o desprendimiento —eso sí, menos que los 48 en 2019—, según datos de esa consejería.