Un tribunal no tan dividido políticamente: el Constitucional dicta el 80% de sus sentencias por unanimidad

El Tribunal Constitucional, en el vértice de la justicia y la democracia, se pronuncia sobre asuntos que inevitablemente se mezclan con el ambiente político. En el arranque de este año lo ha hecho sobre dos figuras que suelen marcar la tónica del muy polarizado debate público: el expresidente de la Generalitat catalana, Carles Puigdemont, y la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Las decisiones de la corte de garantías, sin embargo, lejos de reflejar la supuesta fractura política que haría previsibles cada una de sus resoluciones, se han tomado con un notable consenso. La de mantener la orden de detención contra Puigdemont se alcanzó con un solo voto particular en contra; y la sentencia que declaró que en la Asamblea de Madrid, controlada por el Partido Popular de Ayuso, se habían vulnerado los derechos de la oposición socialista, se dictó por una mayoría de 10 a 2.

Los amplios consensos no son una excepción de la cuesta de enero, sino la norma durante casi todo el año. El 80% de las sentencias del Tribunal Constitucional en el último año se dictaron por unanimidad. De las 192 sentencias de 2025, 153 contaron con el respaldo unánime de los 12 magistrados y muchos de los votos particulares emitidos en otras 24 de las principales sentencias tampoco reflejan la presunta fractura política que tantas veces se le atribuye, salvo en tres asuntos cruciales: la amnistía, la vivienda y los impuestos.

Según el análisis de EL PAÍS sobre los datos del tribunal, entre la mayoría de sentencias unánimes hay asuntos como el del llamado Tour de la Manada, el de una propietaria en un caso de desahucio o tres sentencias sobre un asunto urbanístico de Extremadura. Las deliberaciones culminaron con el acuerdo de todos los magistrados del Pleno, o de alguna de sus dos salas. Sin embargo, en otros de especial densidad ideológica, como la Ley de Amnistía sobre el proceso independentista catalán (solo en 2025 dio lugar a 12 sentencias), la vivienda o los pagos fraccionados a Hacienda de las grandes empresas, el tribunal se dividió entre progresistas y conservadores.

Más allá de los datos, la percepción de la fractura del tribunal, que tanto debe a la crónica mediática de su funcionamiento, pero también al propio método con el que se nombra a los magistrados, que depende en última instancia del acuerdo de los grandes partidos, permea los interiores de la sede del tribunal. Y se expresa en la propia percepción: en los asuntos importantes, “cuando se trata de las cosas del comer”, dice uno de sus magistrados, la división es innegable; otros destacan que el consenso se da en la gran mayoría de los asuntos, y un tercero atribuye la fractura a la propia sensibilidad ideológica o jurídica de los magistrados —”yo no me puedo poner de acuerdo en el tema del aborto con quienes lo ven como un ataque contra la vida”, apunta uno de ellos—, antes que al partido o el sector político que los nombró. Varios magistrados conservadores lamentan que haya poco tiempo para la deliberación y se remiten al ejemplo del Tribunal Constitucional alemán, donde las ponencias circulan entre los magistrados con la suficiente antelación como para que pueda haber un verdadero debate antes de llevar el borrador al pleno.

Sin embargo, los datos de 2025 no desentonan con años anteriores, cuando la unanimidad prevaleció, pero también hubo asuntos divisivos: el más importante, el caso de los ERES de Andalucía, en el que varios altos cargos de la administración socialista pidieron amparo y lo obtuvieron. El tribunal de garantías anuló las condenas a prisión de los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán, ambos socialistas. El año pasado, la decisión sobre la amnistía, con el principal recurso presentado por el Partido Popular, dividió al tribunal y la división se repitió luego en otras 11 sentencias que resolvieron recursos y cuestiones de inconstitucionalidad de administraciones autonómicas gobernadas por el Partido Popular y tribunales ordinarios, del TSJ de Cataluña a la Sala Penal del Supremo.

En los próximos meses, el perdón de los delitos el Procés volverá a ser gran factor de división en la corte de garantías. A la espera de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre dos cuestiones prejudiciales presentadas por sendos órganos españoles, todo apunta a que cuando se decida sobre los recursos de amparo del expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y otros seis líderes independentistas a quienes el Supremo denegó la aplicación de la amnistía por el delito de malversación, el Constitucional se volverá a dividir. Los progresistas votarán a favor del amparo y los conservadores, en contra.

La amnistía es quizá el paradigma de cómo el Tribunal Constitucional, por su propia posición en el vértice del Estado democrático de derecho —allí donde el poder legislativo pasa por el tamiz de los derechos fundamentales y donde los ciudadanos pueden acudir cuando el poder judicial vulnera esos mismos derechos—, cuando delibera sobre algunos asuntos cruciales, las diferencias políticas siguen pareciendo irreconciliables. El pago fraccionado de las grandes empresas a la Hacienda pública reflejó la fractura del tribunal y así también la Ley de Vivienda de la coalición gubernamental. Aunque con matices: si la ley estatal de vivienda dividió al tribunal, una sentencia sobre un recurso de la Generalitat sobre las viviendas de uso turístico obtuvo una mayoría de 10 votos a 2 (dos conservadores votaron en contra).

A veces, incluso en asuntos que a primera vista podrían hacer pensar en una clara línea divisoria, los votos particulares tampoco encajan con lo previsible. Frente a una sentencia que dilucidaba entre el derecho a la información del diario conservador Abc y un ciudadano que recurrió por vulneración de su derecho al honor, una mayoría de siete magistrados apoyaron amparar al ciudadano, mientras que otros cinco votaron en contra. Sin embargo, los votos particulares los firmaron tres magistrados progresistas y dos conservadores. Y una ponencia sobre la muy polémica ley trans, cuya ponencia corresponde al magistrado del bloque progresistas, Juan Carlos Campo, lleva un tiempo en el cajón porque la división sobre el tema opera dentro de ese mismo bloque hace improbable que pueda salir adelante.