El juez Peinado pregunta a la UCO si hay “hechos nuevos” para investigar el rescate de Air Europa
El magistrado insiste en indagar en el rescate a la compañía a pesar de que la Audiencia Provincial cerró la puerta

El titular del Juzgado de instrucción número 41, Juan Carlos Peinado, que investiga a Begoña Gómez, ha acordado preguntar a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil si hay “hechos nuevos” respecto del rescate de Air Europa para ampliar la investigación en esa vía, después de haber recibido una nueva denuncia de un abogado particular cuyas denuncias sobre cuentas en el extranjero de ministros han sido descartadas por el Tribunal Supremo. La Audiencia Provincial de Madrid, sin embargo, cerró ya esa puerta en una resolución el pasado 13 de noviembre alegando que Peinado no había justificado una “ampliación del objeto” de la causa.
En un escrito con fecha de este lunes, al que ha tenido acceso EL PAÍS, el juez Peinado traslada a la Sección de Delitos Económicos de la UCO que “informe [...] si con base en los antecedentes de que disponen han aparecido hechos nuevos respecto del rescate de Air Europa”. Dice que lo hace para dar cumplimiento a la resolución de la Audiencia Provincial de Madrid y teniendo en cuenta un nuevo escrito de un particular que asegura que la mujer del presidente tendría fondos ocultos relacionados con el rescate.
Lo cierto es que los magistrados que corrigen al juez Peinado anularon hace unas semanas la decisión de pedir a la UCO que indagara en cómo se fraguó la ayuda económica de 475 millones de euros que el Gobierno inyectó a la aerolínea en 2020. “La resolución recurrida carece de la motivación necesaria”, decía la Audiencia Provincial, “para justificar una ampliación del objeto de la investigación”, dando la razón a la defensa de Begoña Gómez.
El juez Peinado dirige desde la primavera de 2024 una causa contra la esposa del presidente del Gobierno por delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, intrusismo, apropiación indebida y malversación. Bajo el foco está su relación laboral con una asesora de La Moncloa, así como su actividad privada para la Universidad Complutense de Madrid, donde dirigía una cátedra.
El magistrado ha tratado de ensanchar el caso añadiendo dicho rescate porque sospecha que la relación de Gómez con el ex consejero delegado de Globalia (matriz de la compañía) Javier Hidalgo pudo influir en esta gestión. “El juez está buscando indicios que le permitan abrir la investigación, lo que pretende es indagar en la vida del sujeto para tratar si en el curso de la investigación aparecen nuevos delitos y se hace con una resolución carente de motivación”, indicaba el letrado de Gómez, el exministro Antonio Camacho.
No era la primera vez que la sección 23 de la Audiencia madrileña frustraba el intento del magistrado de seguir hacia el rescate. Ya desde el inicio, cuando avaló que se analizara la conducta de la esposa del presidente del Gobierno, sí cercó la posibilidad de que en la instrucción se indagara también en el asunto de Air Europa, como pedía la denuncia inicial de Manos Limpias, porque se trataba de meras conjeturas y sospechas.
Ahora, la nueva denuncia de 52 folios del letrado Eduardo Martín-Duarte es para Peinado un empujón para volver a pedir a la UCO que informe. En dicha denuncia, se asegura que Begoña Gómez tiene “presuntas cuentas y depósitos bancarios” que “pudieran guardar relación con su posible intervención en el rescate de Air Europa”. Habla de productos financieros en República Dominicana y operaciones que pudieran “conllevar riesgo de blanqueo de capitales, por lo que resultaría procedente y necesario que se llevase a cabo una investigación judicial más profunda”.
El Supremo rechazó el pasado mes de abril una denuncia presentada por Martín-Duarte en parecidos términos alegando supuestas cuestas bancarias en República Dominicana de miembros del Ejecutivo. “Los hechos que el denunciante comunica son un conjunto de afirmaciones, que pretenden sustentarse en la mera referencia a titulares de noticias, difusas y carentes de apoyo y base objetiva”, indicó el alto tribunal. Sin mencionar su origen, incluía unas hojas en blanco, sin membrete ni referencia a entidad bancaria alguna, donde figuran unas líneas alfanuméricas referentes a [supuestos] depósitos y cuentas abiertas en bancos de la República Dominicana a nombre de miembros del Gobierno y diputados”, remacharon.
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