Un juez ordena a la Intervención del Estado que verifique si los contratos fraccionados del Gobierno andaluz fueron legales

El juez Manuel Jesús Gómez, que investiga los contratos sanitarios fraccionados por el Gobierno andaluz en la provincia de Cádiz, ha ordenado a la Intervención General del Estado (IGAE) que dictamine si estos convenios por 232 millones de euros se ajustan a la legalidad y qué daño han podido causar a la hacienda pública. El magistrado busca analizar a fondo de todos los contratos bajo sospecha que firmó la central de compras del Servicio Andaluz de Salud (SAS) en esa provincia con las clínicas privadas en 2021, por lo que eleva a los peritos del Ministerio de Hacienda para que ratifiquen “las irregularidades” ya detectadas por los interventores de la Junta andaluza, un movimiento de calado para la causa.

“Análisis de todos los contratos objeto de investigación en el procedimiento, incluidas adendas, prórrogas y modificaciones, a los efectos de constatar y pronunciarse en relación con las irregularidades que aparecen detectadas en los Informes de la Intervención General de la Junta de Andalucía obrantes en autos”, reza la providencia del juez, fechada el pasado jueves y avanzada este martes por la Cadena SER. El PSOE, personado como acusación popular, había reclamado esta pericia ahora ordenada y ha pedido el mismo auxilio de la Intervención del Estado para la causa de los contratos de emergencia sanitarios en un juzgado de Sevilla, de momento sin éxito.

La Intervención del SAS ya analizó una muestra de los contratos cerrados en Cádiz y consideró que estaban “en fraude de ley”, pero ahora el magistrado decreta que la IGAE analice el total de los contratos, que en esa provincia incluyeron 135.767 facturas que sumaban 235 millones en contratos menores repartidos en 175 expedientes. El juez precisa que los peritos deben realizar un análisis técnico de los precios de contratación, incluyendo una comparativa entre los precios convenidos con la sanidad privada y los que se hubieran producido de haberse seguido la Ley de Contratos del Sector Público, que implica concurrencia y publicidad. Los interventores deberán comparar los precios obtenidos por el Gobierno andaluz con el que hayan logrado otras comunidades autónomas.

El juzgado de Instrucción 3 de Cádiz reclama a la IGAE “el análisis técnico en cada uno de los expedientes analizados sobre si existió o no, la debida justificación de la prestación de los servicios contratados y abonados”. Es decir, los peritos peinarán uno a uno cada contrato, incluyendo el análisis financiero presupuestario de cómo se adaptan a la norma vigente, con las fases de autorización y aprobación del gasto público, así como el supuesto daño producido al erario público, “aun de manera aproximativa o potencial”.

El Ejecutivo andaluz ha recurrido la investigación del juez Gómez ante la Audiencia de Cádiz, que de momento no ha resuelto al respecto. Podemos, personado como acusación popular en esta causa, ha pedido en cambio que la causa continúe porque faltan diligencias por practicar, entre otras la ratificación de un perito sobre las irregularidades que puso de manifiesto la Intervención provincial.

Este partido político ha subrayado “la singular anomalía procesal” que supone reconocer al SAS la capacidad para recurrir la investigación que pretende dilucidar si hubo daño a la hacienda pública, y al mismo tiempo ser responsable civil subsidiario. “Dicha Administración debería ser la especial interesada en investigar y esclarecer los supuestos hechos denunciados, y no ejercitar una suerte de codefensa de las personas investigadas”, denunció Podemos hace dos semanas contra la postura del Gobierno andaluz.