El juicio pendiente

En España ha costado mucho llamar al franquismo por su nombre. Siempre me ha parecido una desviación patológica, que nos alejaba de las democracias europeas, mucho menos ambiguas con su propia historia. No fue hasta el 20 de noviembre de 2002 cuando el Congreso de los Diputados utilizó por primera vez la expresión “dictadura franquista” en una declaración institucional que, aun así, algunos analistas consideran insuficiente. Por eso, la mejor noticia que deja la encuesta de 40dB. para EL PAÍS y Cadena SER es, a mi juicio, que el 85% de la ciudadanía española reconoce que el régimen de Franco fue una dictadura, una convicción mayoritaria en todos los electorados, incluido el de Vox, aunque en ese caso con un respaldo claramente menor que la media.

Esta percepción, sin embargo, choca con otro dato menos alentador. Solo el 55% valora negativamente la dictadura franquista, mientras que una cuarta parte se sitúa en la equidistancia ―ni bien ni mal― y un 15% la juzga positivamente.

Si echamos la vista atrás, la evolución de cómo se valora el franquismo en España muestra avances, pero también retrocesos preocupantes. Por un lado, quienes consideran esta etapa como un periodo negativo de la historia de nuestro país han crecido con el tiempo. Según datos del CIS, en 1985 apenas algo más del 25% sostenía esta opinión y, en el año 2000, ya se acercaba al 40%. Pero, por otro, mientras que en aquellas décadas eran los jóvenes quienes mostraban una crítica mucho más firme ―duplicando a sus mayores en la valoración negativa del régimen―, hoy los términos se han invertido: son las generaciones más jóvenes, y especialmente los varones, quienes menos dispuestos se muestran a valorarlo negativamente.

La distancia entre el reconocimiento del franquismo como dictadura y su valoración revela algo fundamental: identificar un régimen con dictadura no implica necesariamente condenarlo. Una mezcla de inercias culturales, relatos familiares, silencios institucionales y una pedagogía democrática insuficiente han permitido que parte de la sociedad relativice —o incluso legitime— el franquismo. La dictadura se reconoce como hecho histórico, pero todavía hay quien la percibe como una etapa que, en conjunto, ‘tuvo sus cosas buenas’.

Seguramente hay quien piense que no es especialmente grave que en torno al 40% de la ciudadanía no condene con claridad el franquismo. Al fin y al cabo, en los últimos años del régimen la economía creció, y quienes expresan equidistancia o incluso una valoración positiva estarían simplemente reconociendo “hechos objetivos”. Sin embargo, la valoración del franquismo depende de manera muy marcada de la ideología, lo que demuestra que no estamos ante un juicio neutral, sino ante una interpretación política de lo ocurrido. Además, a menor información sobre el franquismo, menor rechazo de lo que supuso: la falta de conocimiento histórico actúa como un terreno fértil para relativizar el periodo. No es casual que quienes menos saben sobre aquel tiempo ―sobre todo los más jóvenes― sean también quienes menos lo condenan. Por ello, el ejercicio de recuerdo democrático, tan presente estos días en las páginas de este diario, me parece imprescindible.

Este artículo forma parte del especial sobre los 50 años de la muerte de Franco publicado por EL PAÍS