Juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz - 5 de noviembre de 2025 | Los periodistas desligan al fiscal general de la filtración del correo de González Amador
El primer informador en dar cuenta del correo filtrado afirma que tuvo acceso a él horas antes que el fiscal | José Manuel Romero asegura que supo del correo por fuentes de la fiscalía de la Comunidad de Madrid
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Los periodistas que han comparecido este martes en el Supremo desligan al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, de la filtración del correo de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid. La vista ha cerrado su cuarta jornada con la declaración de varios informadores, entre ellos, Fernando Peinado, redactor de la sección de Madrid de este diario, quien ha asegurado tener constancia del “reconocimiento del delito” del comisionista. Miguel Ángel Campos, de la Cadena SER, el primero en dar cuenta de la existencia del correo de cuya filtración se acusa a García Ortiz, ha confirmado que tuvo acceso al mencionado correo, en el que la defensa de González Amador admitía dos delitos fiscales, unas seis horas antes que Álvaro García Ortiz. Ha negado, además, que García Ortiz fuese su fuente. Por su parte, José Manuel Romero, ha afirmado que también conoció el contenido del email antes que el fiscal, por fuentes de la Fiscalía de la Comunidad de Madrid. Y ha justificado una cronología publicada por EL PAÍS para “dar luz a la investigación y por justicia”. Antes, el fiscal delegado de Protección de Datos de la Fiscalía General del Estado, Agustín Hidalgo de Morillo, ha justificado el borrado del móvil de García Ortiz, porque “a falta de un protocolo claro de eliminación de los datos”, que no hay en la Fiscalía, los titulares de dispositivos móviles tienen la obligación de proteger los datos y la “facultad” de borrar sus móviles.
Los mensajes de este hilo están ordenados de forma cronológica, del más antiguo al más reciente
Buenos días. Arrancamos la narración de la cuarta jornada del juicio al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en el Tribunal Supremo. En esta cuarta sesión, declara el decano del colegio de abogados de Madrid, que denunció a la Fiscalía por emitir la nota de prensa que dio origen al caso, ya que incluía una cronología de hechos que certificaba que fue Alberto González Amador el que buscó un pacto con la Fiscalía por sus delitos fiscales, y no al revés. Después, están citados varios periodistas, entre ellos varios de EL PAÍS y uno de la Cadena SER, Miguel Ángel Campos, el primero que dio la información sobre el origen del pacto entre González Amador y la Fiscalía.
El juicio del que está pendiente toda la política española entra en su fase decisiva. Entre este martes y el próximo jueves, se cerrará la vista por revelación de secretos contra Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, un proceso que en sus tres primeras sesiones públicas no ha aportado una prueba incriminatoria, más allá de los indicios que ya se tuvieron en cuenta para sentarlo en el banquillo. En esta recta final se abordará uno de los pilares de la acusación contra García Ortiz: el borrado de sus dispositivos electrónicos. En ese punto se prevé un choque entre la Fiscalía y la UCO por las deducciones que esa unidad de la Guardia Civil incluyó en sus informes.
Hace ya muchos años, declaré ante un juez tras publicar, junto a una compañera, varias informaciones sobre un caso de corrupción que salpicaba a Izquierda Unida en Sevilla que estaba bajo secreto de sumario, esa fase en la que solo el juez y el fiscal conocen el estado de las investigaciones policiales. Llegado el momento, la comparecencia no llegó a durar ni tres minutos.
El juicio contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un delito de revelación de secretos entra en su ecuador este martes con la cuarta sesión. Lo más destacado de la jornada será el paso ante el tribunal de seis periodistas que informaron sobre el contenido del correo electrónico por cuya filtración se enjuicia a García Ortiz. En ese email, el abogado del empresario Alberto González Amador —pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso― reconocía que su cliente había cometido dos delitos fiscales y proponía un acuerdo.
Felipe González, durante la celebración de los Desayunos del Campo, este martes en Madrid. / Jesús Hellín / Europa Press
Felipe González expresa su “respeto” al Supremo en el juicio al Fiscal General: “De ningún modo voy a pronunciarme sobre su trabajo”
Felipe González ha evitado pronunciarse sobre el juicio a Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, cuya inocencia ha defendido Pedro Sánchez en una entrevista en EL PAÍS. “Respeto lo que está haciendo el Tribunal Supremo, de ningún modo voy a pronunciarme sobre su trabajo”, ha declarado a su llegada a la primera edición de Los Desayunos del Campo en el Hotel Mandarín Oriental Ritz de Madrid, en los que SOS Rural es el patrocinador principal. “Creo que la verdad se acabará imponiendo. Y la verdad es que el fiscal general del Estado es inocente”, sostuvo Sánchez. El líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, y la asociación mayoritaria de fiscales han criticado al presidente por “romper la independencia judicial” según Feijóo.
“Eso es lo que dice Junts”, ha añadido el expresidente socialista sobre el bloqueo parlamentario que afronta el Gobierno en el Congreso tras la última vuelta de tuerca del partido de Carles Puigdemont, que la semana pasada anunció la presentación de enmiendas a la totalidad a la acción legislativa del Ejecutivo, aunque sin que se muestre partidario de una moción de censura con PP y Vox.
Una asociación de abogados carga contra el Colegio de Madrid por personarse como acusación en el juicio al fiscal general
La Asociación Libre de la Abogacía ha difundido este martes un escrito en el que denuncia la “falta de neutralidad” del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) y de su decano, Eugenio Ribón, en la causa contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, en la que el ICAM está personado como acusación. En la nota, denuncian que Ribón actuó con “inusitada celeridad” al personarse como acusación, con un “despliegue sin precedentes” de actuaciones contra García Ortiz y por posicionarse “de forma jurídicamente innecesaria, conforme a las tesis de la defensa” de Alberto González Amador, el novio de Isabel Díaz Ayuso.
También critican que Ribón ha “sobreactuado” y se ha arrogado hablar “en nombre de la sociedad en su conjunto” y que hace afirmaciones en su escrito de acusación que no le corresponden, como que González Amador ha sufrido “perjuicios reputacionales de índole social y económica” o que la Fiscalía está “indudablemente contaminada”, “uniéndose” así a la estrategia de defensa de González Amador para lograr la nulidad del proceso que se seguirá contra él por fraude fiscal.
También critica que el ICAM dé por hecho que existe una “conexión Moncloa”, en el sentido de que la presidencia del Gobierno está implicada en el caso. Finalmente, denuncia que pese a personarse como acusación por la filtración de un correo, el del 2 de febrero, ha mantenido un “clamoroso silencio” ante la filtración de otro correo, el del 12 de febrero, el que difundió Miguel Ángel Rodríguez para montar un bulo sobre el origen de un posible pacto de conformidad en el caso del fraude fiscal de González Amador.
Comienza la cuarta jornada del juicio con el testimonio de Eugenio Ribón, decano del Colegio de Abogados de Madrid
El juicio al fiscal general del Estado se retoma con el testimonio de Eugenio Ribón, decano del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. Ribón denunció a la Fiscalía por la nota de prensa publicada en la mañana del 14 de marzo de 2024 en la que desmentía el bulo difundido por Miguel Ángel Rodríguez de que había sido la Fiscalía la que había buscado el pacto con Alberto González Amador, cuando era al revés. Para la elaboración de esa nota, el fiscal recabó los correos del caso, entre ellos el del 2 de febrero en el que la defensa de González Amador admitía dos delitos fiscales y buscaba un pacto de conformidad.
El decano del colegio de abogados de Madrid asegura que la difusión de la nota de Fiscalía causó una “honda preocupación” y “alarma” en la Abogacía
Enrique Ribón está explicando que cuando la Fiscalía difundió una nota de prensa para aclarar cómo se había producido la solicitud de pacto fiscal en el caso de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador. “Tanto el resto de los compañeros de la junta de la junta de gobierno como yo mismo comenzamos a recibir multitud de llamadas, multitud de mensajes, pues con honda preocupación de los compañeros”, ha relatado el decano del colegio de abogados de Madrid. “Pido que se acceda a esa nota por lo insólito que resultaba y lo difícil de creer (...). Una vez que me facilitan la nota, viendo que la nota tiene el sello por parte de la Fiscalía de la Audiencia Provincial, envío un mensaje ese mismo día a doña Pilar Rodríguez, la fiscal de la audiencia superior de la Audiencia Provincial, solicitándole hablar con ella”.
Eugenio Ribón, durante su testimonio este martes.
El decano del colegio de abogados de Madrid pidió a García Ortiz que se depuraran responsabilidades por la emisión de la nota de prensa
Eugenio Ribón, decano del colegio de abogados de Madrid, y el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, se reunieron al día siguiente de la emisión de la nota en la Fiscalía General del Estado. En la cita participaron también otros fiscales. El objeto principal fue tratar la polémica por la nota de prensa. García Ortiz sugirió emitir un comunicado conjunto para mostrar cordialidad entre las instituciones, pero Ribón ha contado que rechazó la idea, argumentando que lo que realmente se necesitaba era una investigación y una depuración de responsabilidades por la gravedad del asunto. Ante esta negativa, la reunión terminó de forma rápida, en apenas unos minutos, sin alcanzarse un acuerdo.
Ribón dice que la actuación del Colegio se centra en la nota, pese a que el Supremo ya la descartó
Eugenio Ribón, decano del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), ha insistido ante el tribunal que su actuación como acusación en el procedimiento se centró en la difusión de una nota de prensa por parte de la Fiscalía que desmentía las falsedades difundidas por el quipo de Ayuso. Sin embargo, el ICAM ha mantenido la acusación contra García Ortiz en este procedimiento (le pide cuatro años de cárcel), pese a que el Tribunal Supremo ya descartó que esa nota fuese delito por sí sola, pues todo el contenido que incluía ya había sido difundido antes por la prensa —y, por tanto, no existe un delito de revelación de secretos en ese comunicado—.
“Nos centramos únicamente en la nota de prensa. Y a eso quedamos constreñidos”, ha insistido Ribón. La Abogacía del Estado le ha preguntado entonces por qué el ICAM, en el escrito de acusación, mantiene el foco en la filtración del correo de la defensa de González Amador .
—En su escrito de acusación, dan relevancia a la filtración del correo del 2 de febrero [enviado por la defensa de González Amador al fiscal Julián Salto]; pero a la filtración del primero de los correos [el enviado por Salto al abogado del novio], no le dan relevancia. Mi pregunta es: ¿Por qué dan importancia a una y a otra no? —ha insistido la defensa.
—Nosotros damos relevancia a la publicación de la nota de la Fiscalía —se ha parapetado Ribón.
El decano de abogados defiende mantenerse como acusación
Al final de su declaración, Eugenio Ribón, ha defendido y justificado que el colegio de abogados haya iniciado la acción penal y se hayan mantenido como acusación particular hasta este momento. “El ejercicio de la acción penal, como bien conocemos todos, es de carácter evolutivo. Por lo tanto, ni nos sentimos desautorizadas ni nos sentimos replanteados. Nosotros iniciamos, ponemos en conocimiento de un órgano instructor la posible comisión de un hecho delictivo. A partir de ahí, el carácter evolutivo del proceso penal continúa y llegaremos, pues donde haya... A donde estamos sentados precisamente en este momento.”
Termina la declaración de Eugenio Ribón y comienza la de María Antonia Sanz, fiscal jefa de Inspección fiscal
Ha concluido el interrogatorio a Eugenio Ribón, decano del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. La siguiente testigo en declarar es María Antonia Sanz Gaite, fiscal jefa de la Inspección Fiscal de la Fiscalía General del Estado.
La fiscal María Antonia Sanz, este martes en el Tribunal Supremo.
Sanz detalla que la Fiscalía llegó a abrir su propia investigación
La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), que ejerce la acusación popular contra García Ortiz, ha chocado con la declaración de María Antonia Sanz Gaite, fiscal jefa de la Inspección Fiscal de la Fiscalía General del Estado, al tratar de introducir la sospecha de que el ministerio público no investigó la filtración de los correos bajo sospecha. Sanz ha detallado que la Fiscalía sí llegó a abrir dos expedientes (a raíz de sendas denuncias de Manos Limpias y del colegio de abogados de Madrid); que después unificó en uno solo porque trataban de lo mismo; y que quedó en suspenso cuando se abrieron pesquisas en los tribunales. Según ha detallado la fiscal jefa, la ley impide a la Fiscalía mantener su propia investigación cuando ya hay otra en los juzgados. “La inspección fiscal fue la primera entidad que incoó un expediente”, ha introducido Sanz, antes de explicar por qué suspendió sus pesquisas internas: “Yo no puedo llevar a cabo ninguna investigación si hay un procedimiento penal en curso [...] No hubo tiempo de hacer nada. Cuando habíamos empezado a instruir nuestro expediente, ya se había incoado un procedimiento penal”.
Termina la declaración de María Antonia Sanz y comienza la del fiscal Agustín Hidalgo
Ha concluido la declaración de la fiscal María Antonia Sanz y comienza el interrogatorio de Agustín Hidalgo de Morillo Jiménez, fiscal del Tribunal Supremo y delegado de protección de datos de la Fiscalía General del Estado.
Al ser delegado de protección de datos de la Fiscalía, su testimonio puede servir para entender si el borrado de datos del teléfono móvil del fiscal general del Estado siguió un protocolo habitual según los estándares internos de la Fiscalía o si constituyó una conducta sospechosa. Uno de los indicios que manejan los jueces para sostener la acusación contra García Ortiz es que borró su móvil y no colaboró.
El fiscal delegado de Protección de Datos: “Esa nota no constituye una violación de seguridad”
Agustín Hidalgo de Morillo Jiménez, fiscal delegado de Protección de Datos, ha explicado ante el tribunal que analizó el contenido de la nota de prensa emitida por la Fiscalía para desmentir el bulo difundido por el equipo de Ayuso. Y ha remachado: “En mi opinión, esa nota no constituye una violación de seguridad”, ha afirmado Hidalgo de Morillo a preguntas del abogado de Alberto González Amador.
El Tribunal Supremo ya descartó que esa nota fuese delito por sí sola, pues todo el contenido que incluía ya había sido difundido antes por la prensa —y, por tanto, no existe un delito de revelación de secretos en ese comunicado—.
El fiscal delegado de Protección de Datos asegura que actúa por reclamaciones concretas y que González Amador no se dirigió a él
Gran parte de las preguntas que ha recibido el fiscal delegado de Protección de Datos están girando en torno a sus funciones en este puesto. Agustín Hidalgo de Morillo ha explicado que entre ellas está la asesoría interna y la interlocución ante la autoridad de protección de datos y ha intentado aclarar que no tiene funciones de investigación de oficio sobre filtraciones o brechas. A preguntas del abogado de González Amador, ha explicado que nunca recibió ninguna información ni reclamación concreta por parte de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado sobre la publicación o filtración de la denuncia y el expediente tributario de la pareja de Ayuso. También, que no tuvo conocimiento directo de esos hechos y que, en los casos en los que interviene, lo hace a raíz de reclamaciones formales o comunicaciones directas, algo que no ocurrió en este caso. "En el caso de que, por ejemplo, su patrocinado se hubiera dirigido a mí, que no lo ha hecho, yo le hubiera dado una respuesta sobre las cuestiones planteadas", ha explicado.
El fiscal de Protección de Datos justifica el borrado de los móviles en el ministerio público
Agustín Hidalgo de Morillo, fiscal delegado de Protección de Datos de la Fiscalía General del Estado, ha afirmado que “a falta de un protocolo claro de borrado o eliminación de los datos”, los titulares de dispositivos móviles proporcionados a la Fiscalía tienen la “facultad” de borrar sus móviles para proteger la información, dado que esta tiene “un valor muy superior al del dispositivo que va a ser desechado”. Hidalgo ha explicado que en la Fiscalía no existe ese protocolo claro de eliminación de los datos, que eso corresponde a las “administraciones prestacionales” que proporcionan los dispositivos y que la unidad de apoyo de la fiscalía “hace lo que puede porque no hay un protocolo claro de recogida” de esos móviles o dispositivos, como ya explicó la semana pasada su responsable, Esmeralda Rasillo. El usuario, por tanto, ha dicho Hidalgo “debe ser responsable y garantizar” la protección de los datos contenidos en el dispositivo.
Receso hasta las 12.10
El tribunal da por finalizada la declaración de Agustín Hidalgo de Morillo Jiménez, fiscal delegado de Protección de Datos de la Fiscalía General del Estado. Se declara un receso hasta las 12.10.
Las acusaciones cargan contra un testigo fuera de la sala
El juicio retoma ahora los interrogatorios a periodistas. El tribunal ha previsto la declaración de seis informadores más. La pasada semana ya declaró media docena de periodistas; y tres de ellos aseguraron que habían tenido acceso al contenido del email filtrado antes de que llegara al fiscal general. Tras esas comparecencias, dos acusaciones populares arremetieron fuera de la sala contra uno de los testigos. El letrado que representa a la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), Juan Antonio Frago; y el del pseudosindicato Manos Limpias, Víctor Soriano, lanzaron varios tuits en X contra José Precedo (redactor de elDiario.es) para menospreciar su testimonio. Precedo dijo explícitamente que su fuente no era García Ortiz y que el fiscal general era “inocente”. “Son lágrimas de cocodrilo. Tiene derecho a no revelar la fuente, pero no tiene el deber de guardar secreto. Él sabrá por qué no lo cuenta (seguramente porque miente)”, atacó Soriano en un mensaje.
Frago publicó una batería de mensajes para cuestionar la declaración de Precedo. “¿Os imagináis tener el correo una semana antes que la competencia y que lo saque de noche otro medio y que tu primera noticia sea ‘tal y como ha publicado la SER’? Es de despido fulminante”, expuso en un mensaje. “Cómo le vibraban las piernas al pobre testigo, como en parte se puede apreciar”, remachó en otro. El abogado de APIF publicó más mensajes para insinuar que existe una relación personal entre el periodista y García Ortiz.
Comienza la declaración del periodista de la SER Miguel Ángel Campos
Tras la declaración del fiscal Agustín Hidalgo, el presidente ha decretado un receso. Ahora comienza la de Miguel Ángel Campos, periodista de la Cadena SER. Campos fue el primer periodista que reveló que fue Alberto González Amador el que buscó un pacto con la Fiscalía para no ir a la cárcel por sus presuntos delitos fiscales, y no al revés, como había difundido Miguel Ángel Rodríguez. En la noche del 13 de marzo, antes de que el fiscal general recibiese el correo origen de la filtración, emitió la primera noticia sobre el acuerdo. En la fase de instrucción, Campos declaró que el mismo día 13 por la tarde una fuente le mostró el correo, que no se lo entregó, pero le permitió tomar notas.
Otro periodista dice que tuvo acceso al ‘email’ filtrado antes que el fiscal
Miguel Ángel Campos, redactor de la Cadena SER y autor de la primera información que reproducía entrecomillados del email filtrado, ha asegurado al tribunal que tuvo acceso al correo horas antes de que le llegara al fiscal general. Como ya dijo durante la fase de instrucción, Campos ha detallado que una fuente le dijo que fuera a su despacho para enseñarle la prueba de que González Amador estaba intentando llegar a un acuerdo con la Fiscalía. Entonces, según ha añadido el periodista, acudió sobre las 15.30 del 13 de marzo de 2024 al edificio donde se encontraba su fuente, y esta le enseñó el email.
García Ortiz no recibió ese correo hasta las 21.59 del 13 de marzo de 2024. Otros tres periodistas ya mantuvieron la pasada semana que también accedieron al contenido de ese correo antes de que le llegara al fiscal general.
Campos asegura que no difundió el contenido del correo porque su fuente le pidió que no lo hiciera
Miguel Ángel Campos, periodista de la Cadena SER que tuvo acceso al correo del 2 de febrero, por cuya filtración se juzga al fiscal general del Estado, ha explicado que, a pesar de que una fuente le dejó leerlo, copiarlo, y difundirlo, después le retiró el permiso para publicarlo, porque esta fuente estaba preocupada por la privacidad de los datos y la posibilidad de ser identificada. Campos ha relatado que respetó el secreto profesional y se volvió a la redacción de su medio de comunicación, donde comenzó a hacer llamadas para tratar de obtener esa información por otro medio durante al menos cuatro horas.
Campos: “Mi noticia revelaba la verdad”
Miguel Ángel Campos, redactor de la Cadena SER, ha detallado que, una vez que El Mundo publicó la información tergiversada que decía que la Fiscalía había ofrecido un pacto a González Amador, su fuente le permitió revelar el contenido del email que había visto horas antes. “Mi noticia revelaba la verdad”, ha dicho el periodista. Su información contaba la realidad de lo que había ocurrido: había sido la defensa de González Amador la que había ofrecido un pacto a la Fiscalía.
La acusación busca contradicciones de Campos
La acusación particular, ejercida por el abogado de Alberto González Amador, se ha esforzado en buscar contradicciones de Miguel Ángel Campos. Con sus preguntas, el letrado cuestiona que el redactor de la Cadena SER tuviera acceso a ese email antes que el fiscal general. Por ejemplo, el abogado le ha puesto sobre la mesa por qué, si tenía el documento (fechado el 2 de febrero), dijo en una información que era de principios de marzo —Campos ha dicho que debió de equivocarse al transcribir—; o por qué, minutos después, no lo precisó en otra información y dijo solo que era anterior a marzo.
Campos: “Yo tenía el correo y sabía que esa información era falsa”
Miguel Ángel Campos ha explicado que la Cadena SER no dio alas a la versión tergiversada que publicó El Mundo en la noche del 13 de marzo de 2024 (ese diario decía que la Fiscalía había ofrecido un pacto a Alberto González Amador) porque él había tenido acceso horas antes al correo de la defensa del novio de Ayuso que desmentía esa versión. “Yo tenía el correo y sabía que esa información era falsa”, ha remachado.
Campos asegura que no tenía contacto con el fiscal general desde su nombramiento, pero que aún así le llamó
El periodista de la Cadena SER Miguel Ángel Campos ha contado a preguntas del letrado de la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), que ejerce la acusación particular, que la noche en la que dio la información sobre el email que se investiga llamó al fiscal general, pero que este no le contestó. El letrado ha dicho al tribunal que podría haber una contradicción con lo que dijo en la fase de instrucción, en la que dijo que no habían mantenido contacto con Álvaro García Ortiz después de su nombramiento, pero el presidente del tribunal no lo ha considerado así. Aunque los registros telefónicos muestran que hizo dos llamadas durante esa noche. Campos ha contado que en ese tiempo saltó el buzón de voz y que, al no responder, no lo consideró realmente un “contacto”. “Llevaba toda la tarde intentando corroborar una información, como digo, desde obtener por otra vía una información", porque su fuente le había retirado el permiso para informar sobre ese email. "Entonces directamente lo primero que hice para intentar tener la información cuanto antes era a ver si me lo coge el fiscal general, a ver si me puede confirmar o desmentir estos hechos y me puede certificar efectivamente lo que yo ya sé. Y por eso realicé esas dos llamadas”, ha contado.
Campos dice que su fuente no es el fiscal general del Estado
Miguel Ángel Campos, que fue el primer periodista en publicar entrecomillados del email filtrado, afirma que su fuente no fue Álvaro García Ortiz. El redactor de la Cadena SER ha dicho que pudo ver el correo horas antes de que le llegara al fiscal general.
—¿Esa fuente a la que está usted haciendo referencia es el fiscal general del Estado? —le ha preguntado la Fiscalía.
—No —ha contestado Campos.
Termina la declaración del periodista de la SER Miguel Ángel Campos
Ha concluido el testimonio de Miguel Ángel Campos y comienza el de José Manuel Romero-Salazar Pérez Cejuela, que era subdirector de EL PAÍS cuando se produjo la filtración. Es el primero de los cuatro informadores de esta cabecera que declara en el juicio. Los periodistas aportaron en la instrucción mensajes que muestran que, antes de que el fiscal general se interesase por el caso, ya estaban al tanto de los intentos de González Amador de llegar a un acuerdo con la Fiscalía.
Romero sitúa su fuente fuera de la Fiscalía General del Estado
José Manuel Romero afirma que, a raíz de que Ayuso comenzara a atacar al ministerio público por el caso de su novio, una “fuente de la Fiscalía de la Comunidad de Madrid” le contó el contenido del email filtrado antes de que llegara al fiscal general. El periodista, exsubdirector de EL PAÍS, sitúa así la fuente fuera de la Fiscalía General del Estado. “[Mi fuente de la Fiscalía de la Comunidad de Madrid] me dice no solamente que no hay una cacería [como decía Ayuso en su campaña de “intoxicación informativa”], sino que el abogado de González Amador ha presentado un acuerdo de conformidad, por el cual reconoce los delitos y propone el pago de una multa”. “Tuve la información contenida en el email del 2 de febrero”, ha remachado Romero, que ha insistido en que no tuvo acceso al correo, pero sí a su contenido. El periodista ha explicado que un pacto implicaba reconocer los delitos.
Romero explica por qué llama a González Amador “defraudador confeso”
José Manuel Romero está ofreciendo detalles del caso de Alberto González Amador y ha explicado por qué calificó al novio de Ayuso como “defraudador confeso”. “A lo largo de todo el proceso hay múltiples escritos del abogado de González Amador ante la Agencia Tributaria donde está reconociendo que las facturas son falsas”, ha recalcado.
Romero explica que se publicaron los ‘whatsapp’ de la redacción para dar luz a la investigación
José Manuel Romero ha explicado, a preguntas de la fiscal, que a finales de enero, 10 meses después de la filtración que se enjuicia, se publicaron los whatsapp internos de la redacción de EL PAÍS sobre González Amador. Lo hicieron porque se dieron cuenta de que esos mensajes reflejaban cómo obtuvieron y contrastaron la información sobre el caso y para “hacer un favor a la investigación judicial” que estaba abierta, permitiendo a las autoridades ver de forma clara la cronología y el proceso interno del periódico. “Todos pusimos los teléfonos móviles encima de la mesa”, con las conversaciones del 12 al 14 de marzo. “Y ahí estaba todo. Señoría, ahí estaba cómo EL PAÍS, efectivamente, conoció este secreto el 12 de marzo de una fuente muy solvente de la Fiscalía de la Comunidad de Madrid”. “Con esa idea podíamos hacer un favor a la investigación judicial que estaba abierta, darles luz respecto a eso, pero nos encontramos con la sorpresa de que el instructor de la causa se negó a citar a los periodistas que habían publicado esa noticia”, ha explicado.
Termina la declaración del periodista José Manuel Romero
Ha concluido el testimonio de José Manuel Romero-Salazar Pérez Cejuela, que ejercía como subdirector de EL PAÍS cuando se produjo la filtración por la que se juzga al fiscal general del Estado. El presidente del tribunal ha decretado un receso hasta las 16.00.
El fiscal delegado de protección de datos de la Fiscalía General del Estado, Agustín Hidalgo, ha dado un espaldarazo este martes a los argumentos que ha esgrimido desde hace meses Álvaro García Ortiz para explicar por qué borró todos los mensajes y cuentas de correo electrónico, un hecho que el Tribunal Supremo y las acusaciones consideran un indicio adicional de que fue él quien filtró el correo electrónico por el que se le está juzgando por revelación de secretos. Hidalgo ha asegurado que cada fiscal “es responsable” de adoptar las cautelas necesarias para prevenir brechas de seguridad y que la eliminación de datos almacenados en los teléfonos y ordenadores contribuye a disminuir esos riesgos. “Es muy superior el valor inmaterial de los datos que el de un dispositivo en desuso”, ha añadido Hidalgo a la pregunta de si un fiscal puede deshacerse de un terminal cuando lo cambia por otro o si debe devolverlo.
El juicio a García Ortiz prosigue esta tarde con la declaración de cuatro periodistas
El Tribunal Supremo retoma el juicio al fiscal general del Estado en la sesión de tarde, en la que declaran cuatro periodistas, tres de ellos de EL PAÍS. El primero es Fernando Peinado, redactor de la sección de Madrid de este periódico.
Fernando Peinado, periodista de EL PAÍS, durante su declaración en el juicio.
Otro periodista sitúa la fuente fuera de la Fiscalía General del Estado
Fernando Peinado, redactor de EL PAÍS, ha narrado cómo el 12 de marzo de 2024 el entonces subdirector del diario, José Manuel Romero, le comunicó a través de otra compañera que había sabido que González Amador había planteado un pacto a la Fiscalía que implicaba el reconocimiento del delito (un ofrecimiento que consta en el correo que sería filtrado en la noche del 13 de marzo). Con este testimonio, Peinado refuerza la versión de Romero y subraya que este les dijo que su fuente era alguien de “la Fiscalía de la Comunidad de Madrid”. “Teníamos claro el reconocimiento del delito. O sea, que había una voluntad de reconocer el delito y pagar”, ha apostillado el periodista.
Segundo testimonio de la tarde
La periodista Berta Ferrero, jefa de la sección de Madrid de EL PAÍS, comparece ahora como testigo.
Berta Ferrero, durante su comparecencia.
Ferrero asegura que encargó a un redactor averiguar si González Amador había reconocido el delito
Berta Ferrero, jefa de la sección de Madrid de EL PAÍS, ha explicado al tribunal que el 12 de marzo de 2024 recibió la instrucción del subdirector Romero de encargar a Fernando Peinado que contactase con Carlos Neira, abogado de González Amador, para confirmar si la pareja de Ayuso había intentado pagar la deuda con Hacienda y reconocer el delito.
Juan José Mateo, durante el juicio.
Los contactos con MAR
Juan José Mateo, periodista de EL PAÍS, ha ratificado la versión ofrecida por José Manuel Romero, subdirector de este periódico en el momento de los hechos, esta mañana y ha contado cómo el diario se puso en contacto con el jefe de gabinete de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel Rodríguez, en la tarde del 13 de marzo de 2024 para intentar contrastar la información que le llegaba.
Cynthia Coiduras, periodista de ‘El Plural’, durante el juicio.
El pantallazo se publicó cuando ya se conocía el contenido
Cynthia Coiduras, del medio digital El Plural, ha explicado que recibió un pantallazo del email filtrado sobre las ocho de la mañana del 14 de marzo de 2024; y que lo publicó a las 09.06. Ella no ha revelado la fuente. Según ha detallado, el contenido de ese correo ya había sido publicado antes por otros medios.
Termina la cuarta sesión del juicio
La sesión de la tarde ha terminado tras apenas media hora con los testimonios de cuatro nuevos periodistas.
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