El juez Peinado amplía hasta abril de 2026 su investigación contra Begoña Gómez

El magistrado Juan Carlos Peinado, que mantiene imputada a Begoña Gómez desde el pasado año, ha acordado ampliar seis meses más la investigación contra la esposa de Pedro Sánchez, presidente del Gobierno. Con esta iniciativa, el juez instructor prorroga sus pesquisas hasta abril de 2026, cuando se cumplirán dos años desde la apertura de la causa contra la mujer del dirigente socialista. Según consta en la resolución de Peinado, aún quedan “numerosas diligencias de investigación pendientes de resolver”.

Este movimiento se produce después de que la Audiencia Provincial de Madrid obligase la pasada semana al juez a unificar en un solo procedimiento toda la investigación contra Begoña Gómez. Peinado había decidido dividirla en dos partes: una centrada en un supuesto delito de malversación (por la contratación de su asesora en La Moncloa, Cristina Álvarez); y otra sobre los supuestos delitos de corrupción en los negocios, tráfico de influencias, apropiación indebida e intrusismo profesional por su relación laboral con el empresario Juan Carlos Barrabés y la Universidad Complutense de Madrid (UCM). Pero el tribunal superior le rectificó.

Ahora, a través de un escrito de ocho páginas y fechado el pasado viernes, el instructor comunica a las partes que sigue adelante con sus pesquisas. Según expone en su resolución, a la que tuvo acceso EL PAÍS, quedan múltiples averiguaciones por llevar a cabo. Entre otras, el juez subraya que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil debe confeccionar un informe sobre los convenios de la UCM relacionados con el máster que dirigió Gómez. También se está pendiente de que la Escuela de Gobierno de la universidad y Amazon EU “remitan los correos electrónicos emitidos y recibidos en relación con los correos asociados a los dominios del máster, para su posterior análisis e informe” por parte del instituto armado.

Además, apostilla el magistrado, el Ejecutivo debe comunicar todavía qué personas han desempeñado el cargo de secretario general de Presidencia del Gobierno desde el 11 de julio de 2018 (puesto que ostentó, entre otros, el actual ministro Félix Bolaños, al que trató de imputar sin éxito), “así como [informar] de las personas que han venido autorizando, aprobando y ordenando el pago de retribuciones desde su nombramiento” a Cristina Álvarez. Y, en esa misma línea, Peinado incide en que se le debe remitir una copia de todos los emails “recibidos y enviados desde la cuenta de correo asignada” a Begoña Gómez.

Por todo ello, el juez concluye que “difícilmente” pueda tener acabada su investigación para este 16 de octubre de 2025, cuando finalizará el plazo vigente actualmente. De hecho, Juan Carlos Peinado no descarta que, una vez recibida la documentación y los informes pendientes, tenga que impulsar la práctica de nuevas pruebas: “Para el esclarecimiento de los hechos”, insiste el instructor, que cumplirá 72 años en septiembre de 2026, cuando obligatoriamente tendrá que jubilarse (ya que esta es la edad máxima prevista por la ley para poder ejercer como magistrado).

Peinado abrió la causa contra Begoña Gómez en abril de 2024 tras admitir a trámite una denuncia del pseudosindicato Manos Limpias. En un principio, la instrucción se centraba en la relación profesional de Begoña Gómez con el empresario Barrabés y la Universidad Complutense, por lo que se le imputaban dos supuestos delitos: corrupción en los negocios y tráfico de influencias. Sin embargo, el caso fue expandiéndose, impulsado por el propio magistrado y por los grupos ultras que se personaron en el proceso (como el partido Vox y la asociación Hazte Oír). De esta forma, se sumaron tres nuevos delitos: apropiación indebida, intrusismo profesional y malversación. Las defensas y la Fiscalía, que han denunciado los excesos del juez, han pedido el archivo.