Un alto cargo educativo de la Junta andaluza asesoró este curso a una universidad privada

El director general de Ordenación y Evaluación Educativa de la Junta de Andalucía, Manuel Jesús Sánchez, ha trabajado para dos universidades desde que fue nombrado alto cargo hace casi un año, a pesar de que entre sus funciones está la coordinación de su departamento con los campus “en materia de educación superior”. El director general asesoró la pasada primavera a la universidad privada italiana Guglielmo Marconi para impartir un máster y da clases en la Universidad de Córdoba, un campus público. Sánchez había previsto impartir clases también para la universidad privada a la que asesoró, pero debido a su carga de trabajo actual declinó la oferta, según su testimonio.

El Ejecutivo autonómico autorizó a Sánchez trabajar para ambas universidades, pese a que entre sus funciones destaca coordinar la educación superior con los campus. “La coordinación con las universidades en materia de educación superior, sin perjuicio de la que corresponde a otros órganos directivos”, subraya su perfil oficial. El alto cargo rechaza que haya roto el principio de neutralidad e imparcialidad por su asesoría y docencia para ambas universidades, defiende que su comportamiento ha sido “ético” y asegura que la universidad italiana con campus virtual nunca le pagó por su asesoramiento y que realizó el trabajo de manera gratuita.

“Para ellos [Guglielmo Marconi] preparé contenidos de clases online para un máster de formación y orientación laboral, pero no hubo retribución porque no era mi objetivo. Trabajé varios días gratis con reuniones en septiembre porque tenía dos compañeros de la Inspección [educativa] que estaban con ellos. Era interesante, pero no tenía tiempo”, alega Sánchez. “Esta universidad quería ver cómo montar un máster para profesores que quieran habilitarse para FP o en Educación Secundaria, por eso me contactaron (…) Seguro que no soy el único”, añade.

Preguntado por qué si las reuniones fueron en septiembre, el alto cargo cursó su solicitud meses después, en febrero, la Consejería corrige la versión inicial de Sánchez y asegura que “no hay reuniones previas antes, más allá de una petición por parte de los organizadores de poder impartir alguna hora de docencia en el máster”. Un portavoz de la Consejería asegura en una respuesta por escrito que la autorización concedida para compatibilizar es del 26 de marzo porque es la fecha de inicio del máster y que Sánchez solo participó en dos webinar y en “una explicación de algunos temas” en marzo y abril pasados. El alto cargo asesoró a la universidad privada “para realizar la explicación de algunos temas relacionados con la didáctica y la escuela en la sociedad y la familia, como personal experto externo que puede participar en cualquier máster, limitándose solo a esas horas de docencia”, arguye el Ejecutivo.

La Consejería alega que la relación del alto cargo con las universidades se limita a las pruebas de acceso a la universidad (PAU), al participar en la Comisión Interuniversitaria Andaluza que preside un rector de alguna universidad pública andaluza. “Únicamente tiene su área de trabajo con el acceso, en ningún caso con enseñanzas universitarias ni máster (alumnado ya con titulación universitaria)”, matiza la Junta en su respuesta escrita.

La ley 19/2013 de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, establece que los altos cargos de las Administraciones “respetarán el principio de imparcialidad, de modo que mantengan un criterio independiente y ajeno a todo interés particular”. Además, estos responsables “guardarán la debida reserva respecto a los hechos o informaciones conocidos con motivo u ocasión del ejercicio de sus competencias”.

El alto cargo solicitó al Gobierno andaluz los pasados diciembre y febrero compatibilizar el asesoramiento y la docencia para las universidades con sus responsabilidades en la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional. A continuación, la Secretaría General para la Administración Pública andaluza le autorizó dicha concurrencia, según un documento oficial. Sánchez impartió una sesión de cuatro horas en un máster de la Universidad de Córdoba entre el pasado diciembre y finales de febrero, según la autorización concedida.

En el último listado de autorizaciones para compatibilizar otros trabajos con la función de alto cargo de la Junta, la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública, figuran 25 dirigentes entre directores generales, secretarios generales y delegados de las distintas consejerías andaluzas. Todos imparten clases y asesoran a universidades públicas, excepto tres directores generales que trabajan para la Universidad Loyola Andalucía, la CEU Fernando III y la italiana Guglielmo Marconi. Sánchez es el único alto cargo del Gobierno andaluz que ha asesorado a una universidad privada.

Antes de su nombramiento como director general hace un año, Sánchez fue inspector general de Educación en la Consejería y en años precedentes ejerció su función como inspector en la inspección educativa en la provincia de Cádiz, y fue director de distintos colegios en Sanlúcar de Barrameda. Este diario ha intentado sin éxito recabar la versión de la Universidad Guglielmo Marconi sobre la contratación del alto cargo de la Junta de Andalucía.