La comisión de investigación del Parlamento navarro cita a Santos Cerdán, en prisión provisional

El caso Cerdán amplía su campo de juego. La comisión de investigación creada en el Parlamento de Navarra tras el estallido del escándalo que envió a prisión provisional a Santos Cerdán, ex secretario de Organización del PSOE y exdiputado autonómico, ha dado luz verde este martes a citar a 40 comparecientes para que declaren en la Cámara. Entre ellos, según varias fuentes, destacan el propio Cerdán; Koldo García, exasesor del exministro José Luis Ábalos (este último, en cambio, ha quedado fuera del listado aunque también se encuentra imputado por el Tribunal Supremo); los empresarios Joseba Antxon Alonso y Fernando Merino, salpicados por la trama; y José Manuel Entrecanales, presidente ejecutivo de Acciona.

Según ha informado la presidenta de la comisión, Irati Jiménez (EH Bildu), este órgano centrará sus trabajos en obras licitadas, adjudicadas y financiadas por el Gobierno de Navarra durante las últimas cuatro legislaturas, que tengan relación con personas físicas o empresas implicadas en la causa abierta en el Supremo. De esta forma, se amplían las indagaciones más allá del actual Ejecutivo de la socialista María Chivite, cuya comparecencia ha sido rechazada por la mayoría. Se ha negado igualmente la citación de las expresidentas Uxue Barkos (Geroa Bai) y Yolanda Barcina (UPN).

El alto tribunal investiga una presunta trama de amaño de obra pública a cambio de mordidas. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que atribuyó la “gestión” de esas comisiones a Cerdán, afirmó que esta supuesta red corrupta tiene su origen en Navarra, donde el diputado encarcelado comenzó su carrera política y conoció a Koldo García, al que auparía posteriormente para que se convirtiera en ayudante del exministro José Luis Ábalos. El instituto armado mantiene que, con la cooperación de Cerdán, se usó a la mercantil Servinabar (encabezada por Joseba Antxon Alonso) para participar en adjudicaciones junto a Acciona (donde trabajaba Fernando Merino). Todos ellos niegan las imputaciones.

La comisión de investigación del Parlamento navarro prevé comenzar con los primeros interrogatorios a mediados de octubre. También se ha reclamado abundante documentación a otros órganos, como el Gobierno foral, la Audiencia Nacional, el Tribunal Supremo, el Registro Mercantil, la Seguridad Social; y a varias compañías señaladas por la UCO, como Geoalcali, Servinabar, Acciona y Noran Coop.

De algunas citaciones no se espera demasiado. El dueño de Servinabar, Joseba Antxon Alonso, que está imputado en el Supremo, se negó a responder este julio a las preguntas en la comisión abierta en el Senado por el caso Koldo. Por su parte, José Manuel Entrecanales, presidente de Acciona, marcó distancias hace unas semanas con Fernando Merino, el exdirectivo en Navarra de la constructora salpicado por el sumario: “Los hechos se relacionan directamente con la conducta de un exempleado de una filial del grupo [Acciona Construcción] que fue despedido en 2021 por pérdida de confianza por parte de sus superiores jerárquicos, sin llegar a tener entonces constancia alguna sobre posibles actuaciones irregulares”.

El listado de comparecientes no incluye a Ábalos, porque según la mayoría no tiene relación con la parte navarra de la supuesta trama. Sí se incluye a Óscar Chivite (PSN), consejero de Cohesión Territorial, del que dependen las obras públicas e infraestructuras, y también a su predecesor, el socialista Bernardo Ciriza. Y a Javier Esparza, exconsejero autonómico y portavoz de UPN en el Parlamento regional. A ellos se suman, entre otros, la responsable de la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción, Edurne Eginoa.

La batalla política

El listado aprobado no ha dejado contentos a todos. Buena parte de la oposición (PP, UPN y Vox) han criticado el plan de trabajo. Javier Esparza ha calificado de “escándalo” que se hayan negado algunas comparecencias para, según él, proteger a Chivite. Es “una tomadura de pelo”, “una vergüenza” y “un escándalo mayúsculo”, ha resumido, antes de acusar a los tres grupos del Gobierno (PSN, Geroa Bai y la coalición izquierdista Contigo-Zurekin) de mantener un “pacto de no agresión” con EH Bildu. “Es un paripé”, ha remachado la popular Irene Royo: “Se ha negado nuestro plan de trabajo porque puede ser molesto”.

Los socialistas han defendido que no tienen “nada que ocultar”. “Todo lo contrario”, ha asegurado Javier Lecumberri, miembro de la comisión por parte del PSN, que ha criticado los intentos de otros partidos de reclamar una cantidad “de documentación absolutamente inalcanzable” para establecer “un horizonte temporal casi ilimitado” y “generar crispación”. En este sentido, Pablo Azcona (Geroa Bai) ha incidido en que los informes de la UCO no han reflejado “ninguna irregularidad en las adjudicaciones de obra” en la Comunidad Foral.