Balance de la huelga de jueces y fiscales: “éxito rotundo” según las asociaciones, pero el Gobierno minimiza sus efectos

Los tres días de huelga convocados por cinco asociaciones de jueces y fiscales -todas menos las dos progresistas- contra las reformas legales en materia de justicia han terminado como empezaron: sin cifras oficiales de seguimiento y con estimaciones dispares por parte de las asociaciones y el Gobierno. Los convocantes han catalogado el seguimiento del paro como un “éxito rotundo” y, en un comunicado conjunto, han cifrado el seguimiento medio en el 70% (75% el martes, 70% el miércoles y 65% este jueves); el Ministerio de Justicia, sin embargo, los rebaja a un promedio del 31,04% (28,75% el primer día, 30,84% el segundo y 33m55% el tercero). El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la Fiscalía General del Estado, a quien el Gobierno reclamó que le informara diariamente de los jueces y fiscales que secundaban el paro para poder detraer la parte proporcional del sueldo, no han facilitado los datos porque aseguran que no tienen competencias para ello.

Los jueces y fiscales en huelga han expresado su “más profundo agradecimiento y reconocimiento” a los profesionales que, “con su sacrificio y valentía”, han secundado el paro. También han reiterado que se trata de una “huelga histórica”, al ser la primera en la justicia que dura tres días consecutivos. En este periodo han asegurado que no han contactado con el Ministerio de Justicia y han tildado de “inaudito” que el departamento encabezado por Félix Bolaños “no haya dado respuesta a las demandas planteadas ni haya abierto una mesa negociadora”.

Tanto las asociaciones como el CGPJ han reiterado que carecen de los datos de los señalamientos aplazados. El Consejo insiste en que no tiene “la competencia para recabar datos de identidad de quienes participen en la huelga”, pero recuerda que el departamento que dirige Bolaños “ha facilitado públicamente datos de participación a partir de la información requerida por su departamento a los Secretarios de Gobierno de los Tribunales Superiores de Justicia”. El Ministerio pidió al CGPJ un informe diario sobre los participantes de la huelga, con el fin de sustraerles el salario de esos días, pero el Consejo no lo ha enviado porque asegura no tener competencias para ello.

En la nota de prensa, el Poder Judicial ha reiterado que el paro “carece de soporte normativo”, como ya acordó por unanimidad en un pleno extraordinario que celebró el 26 de junio, donde todos los vocales suscribieron un pronunciamiento que concluía que el derecho a huelga de los jueces no tiene respaldo normativo, por lo que la dio por no convocada.

Las asociaciones han incidido este jueves en las causas que han motivado la protesta. Por un lado, lo que entienden como medidas para dar “más poder” al fiscal general del Estado “sin reforzar su independencia”, refiriéndose a la reforma impulsada por el Gobierno para dejar en manos de los fiscales la instrucción de las causas penales. Por otro, el proceso de estabilización extraordinario para incluir en las carreras judicial y fiscal a 1.004 personas que ahora ejercen como jueces o fiscales sustitutos. Según las asociaciones, esta medida “vulnera injustamente los derechos de los 4.000 jóvenes que dedican sus esfuerzos personales y familiares a alcanzar el sueño de ser juez o fiscal”.

Este viernes, una vez terminado el paro, las asociaciones se reunirán “para realizar una valoración exhaustiva de la huelga” y para dirimir cuáles serán los próximos pasos si no se cumplen sus exigencias.