Vox pide recortar el delito de odio tras el enjuiciamiento de su presidente del Parlamento balear

Vox quiere recortar el delito de odio, previsto en el Código Penal para proteger a minorías como judíos, gitanos, discapacitados o miembros de la comunidad LGTBIQ+, y dejarlo reducido estrictamente a “la inducción o apología de conductas propiamente dirigidas a la comisión de actos criminales”. De salir adelante, esta reforma despenalizaría, por ejemplo, el racismo, el antisemitismo, la homofobia, la islamofobia y en general cualquier formar de instigar a la hostilidad, discriminación o violencia contra una persona o colectivo por razón de su etnia, ideología, religión, orientación o identidad sexual. También despenalizaría la negación del Holocausto o la apología del nazismo. La propuesta de Vox incluye blindar el anonimato en las redes sociales, lo que dificultaría identificar a quienes acosan a personas o propagan el odio contra colectivos.

Así se deduce de la proposición no de ley que el grupo que preside Santiago Abascal ha presentado ante la Comisión Constitucional del Congreso. La iniciativa está fechada el pasado 3 de junio, solo 24 horas después de que la Audiencia Provincial de Baleares decidiera sentar en el banquillo al presidente del parlamento balear, Gabriel Le Senne, de Vox, por romper una fotografía de víctimas del franquismo en el pleno de la Cámara autonómica en junio del año pasado. El fiscal ha pedido el archivo del caso, mientras que las acusaciones populares y particulares demandan entre 16 meses y cuatro años de cárcel para el político ultra por un delito de odio.

Aunque la iniciativa de Vox se titula “en defensa de la libertad de expresión”, en la exposición de motivos aclara que este derecho sirve “como coartada de las conductas más despreciables: apología del terrorismo y de toda clase de violencia, actos de blasfemia y escarnio contra las convicciones y sentimientos religiosos de millones de españoles, injurias y ultrajes de todo tipo contra España y sus símbolos…” En consecuencia, Vox no propone despenalizar los delitos de ultraje a la bandera o de ofensa a los sentimientos religioso, que llega a calificar como “odio vesánico contra el Cristianismo, que vertebra espiritual y moralmente la civilización occidental”.

En cambio, quiere despenalizar las conductas de quienes fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente el odio, hostilidad, discriminación o violencia contra una persona o un grupo por razón de su etnia, sexo, religión, orientación sexual, creencias, origen nacional, etc. Para Vox, este delito es “una construcción perversa […] con la que la izquierda quiere imponer totalitariamente su programa en todos los niveles de la sociedad y el Estado”. Se da la circunstancia de que este artículo del Código Penal incorporó expresamente como delito el antisemitismo y la negación del Holocausto por los compromisos asumidos por España con la comunidad judía.

La proposición de ley incluye también “el respeto al anonimato en las redes sociales cuando se utilice para ejercer la libertad de expresión de manera legítima y sin sobrepasar los límites establecidos por la Constitución y por el Código Penal”, lo que dificulta la identificación de los autores de mensajes que sobrepasen dichos límites o, sin llegar a incurrir en delito, se utilicen como forma de acosar u hostigar a personas, especialmente si se trata de miembros de colectivos vulnerables, discapacitados o menores.

La propuesta de Vox para despenalizar las conductas de odio coincide con una campaña del partido ultra en Cataluña contra la celebración de la Fiesta del Cordero, una de las principales celebraciones de la religión musulmana. El grupo ultra ha presentado una iniciativa en el Parlament en la que pide “prohibir la celebración pública de la denominada Fiesta del Cordero u otras conmemoraciones ajenas a nuestras tradiciones por tratarse de prácticas incompatibles con la identidad, usos y costumbres de la nación española”. “Si quieren mantener sus tradiciones, que las celebren en Marruecos o Arabia Saudí”, ha escrito el grupo ultra en las redes sociales. La legislación española reconoce al islam como religión de notorio arraigo desde 1989. En Cataluña viven más de 660.000 musulmanes.