Anticorrupción investiga a Vox por financiación irregular

La Fiscalía Anticorrupción ha abierto una investigación a Vox por supuesta financiación irregular a raíz de una denuncia que el PSOE presentó en diciembre ante la Fiscalía General del Estado, según ha adelantado El Independiente y ha confirmado este periódico. Los socialistas registraron su denuncia ante la Fiscalía General, pero esta no tiene competencia para investigar, por lo que la derivó a Anticorrupción, que es la que ha considerado que hay base para abrir unas diligencias de investigación. El órgano dirigido por el fiscal Alejandro Luzón todavía no ha practicado ninguna diligencia, según las fuentes consultadas, que señalan que por ahora se están estudiando los hechos y viendo su encaje en el Código Penal.

Los socialistas presentaron la querella tras concluir que Vox podría estar incurriendo en un delito de financiación ilegal de partidos políticos recogido en el artículo 304 bis del Código Penal. El PSOE aseguró haber constatado que, en las mesas informativas que despliega a lo largo de todo el territorio español, Vox incorporaba una serie de elementos de captación de ingresos económicos a modo de “huchas” o “cajas de caudales”, junto con una serie de elementos de merchandising “con el objetivo de captar fondos en metálico de un modo absolutamente opaco”. Una práctica “absolutamente irregular” a juicio del PSOE, que podría haber recaudado 4,6 millones de euros (2,8 millones en donaciones y 1,8 en supuestas actividades promocionales) entre 2017 y 2023.

En la denuncia también se incluye el préstamo de seis millones y medio de euros concedido por la entidad MBH Bank Nyrt; un banco húngaro cuyo principal accionista es un fondo estatal húngaro vinculado al primer ministro, Viktor Orbán, una noticia que adelantó EL PAÍS. Según los socialistas, este préstamo infringe la normativa que prohíbe a los partidos recibir financiación de organismos, entidades o empresas públicas extranjeras. Los de Abascal reconocieron haber recibido nueve millones de euros del banco húngaro MBH para financiar campañas electorales de las elecciones municipales y generales de 2023, asegurando que las entidades bancarias españolas se negaron a prestarles dinero porque “no quieren financiarles”.

Según la denuncia, “existen indicios más suficientes para entender que de forma organizada, premeditada --mediante instrucciones incluso-- y de forma constante en el tiempo, Vox se ha financiado con fondos que podrían ser constitutivos de un delito” de financiación ilegal de partidos políticos.

El portavoz de Vox, José Antonio Fúster, ha asegurado que su formación está tranquila sobre la denuncia de la Fiscalía porque “no hay nada” y las cuentas de su partido “son transparentes y están auditadas y presentadas ante el Tribunal de Cuentas”. “Aquí tenemos un Partido Socialista podrido de corrupción que quiere evitar que un partido se financie con el dinero del bolsillo de sus simpatizantes”, ha añadido. Fúster ha insistido en que el dinero recaudado con la venta de merchandising es legal, ya que el artículo 2 de la Ley de Financiación de Partidos Políticos incluye entre las vías de ingresos los “beneficios procedentes de sus actividades promocionales”. En cambio, no ha hecho ninguna referencia al préstamo de la banca húngara. Vox veta el acceso de los periodistas de EL PAÍS y otros muchos medios de comunicación a las ruedas de prensa de su portavoz, por lo que no pueden preguntarle.

Respecto al merchandising, la denuncia del PSOE, que incorpora informes del Tribunal de Cuentas, subraya que no existía la mínima contabilidad propia de una contabilidad comercial, ni indicación de productos vendidos, ni lista de precios, facturas, tickets o arqueos de caja,, por lo que podrían tratarse de donaciones encubiertas, que se fraccionaban en ingresos de un máximo de 300 euros, muchos de ellos en cajeros, para eludir la obligación legal de identificar al donante, “que pudieran dar lugar a una financiación ilegal, ya que estos ingresos carecen de toda transparencia y no cumplen las exigencias legales”..

Las Cuentas Anuales del Ejercicio 2023, colgadas en la web de Vox, reflejaban que, por primera vez en sus 10 años de historia, Vox recurrió a dos préstamos bancarios para financiar sus campañas electorales del año pasado. En concreto, un crédito de 6,5 millones para las elecciones generales, que luego se amplió con 192.082 euros más; y otro de 2,6 millones para las municipales; en total, 9.229.444,35 euros. En el momento en que se elaboró la memoria, en junio pasado, ya se habían devuelto 1,8 millones (la mayor parte correspondientes al crédito para las elecciones municipales), pero aún quedaban pendientes de pago otros 7,386.574,43 euros.

Anticorrupción, según fuentes del caso, está analizando también la “compatibilidad” de la denuncia del PSOE con la sanción de 233.324,22 euros que el Tribunal de Cuentas puso en julio pasado a Vox por financiación irregular. La sanción del órgano fiscalizador de los partidos políticos y del sector público puso fin a un expediente sancionador iniciado en febrero de 2024 tras examinar las cuentas del partido ultra correspondientes a 2019, el año en el que dicha formación entró en las instituciones y empezó a recibir financiación del Estado.