37 partidos superaron el límite de gastos en las últimas elecciones municipales

El Tribunal de Cuentas ha inadmitido gastos por valor de 3,2 millones de euros de los 60 millones declarados por los partidos políticos para financiar la campaña de las últimas elecciones municipales, celebradas en 2023. Según el informe de fiscalización aprobado por el pleno, 37 formaciones políticas de las 371 que han presentado la contabilidad electoral superaron el límite máximo de gastos previsto para dichas elecciones.

El informe señala que, de las 37 formaciones políticas, 32 superan el límite máximo en un porcentaje superior al 1%, lo que constituye una infracción sancionable. El límite de gastos de publicidad exterior y el límite de publicidad en prensa y radio ha sido superado, en ambos casos, por seis partidos políticos.

El Tribunal de Cuentas ha formulado 72 propuestas de reducción de las subvenciones electorales por valor conjunto superior a los 500.000 euros. Estas propuestas se realizan a aquellos partidos políticos que han incurrido en determinados incumplimientos de la normativa electoral y de acuerdo con los criterios recogidos en la Instrucción aprobada por el pleno. Como resultado de la fiscalización, el Tribunal formula una serie de recomendaciones dirigidas al Gobierno de España, con el fin de que ejercite las correspondientes iniciativas legislativas, y también a la Junta Electoral Central (JEC), al prestador del servicio postal y a los propios partidos políticos.

El informe se ha aprobado con el voto discrepante de cuatro consejeros del tribunal, que cuestionan que Bildu pudiera tener acceso a las subvenciones electorales en tales comicios. Dichos consejeros son José Manuel Otero —redactor del texto—, y Javier Morillas, Rebeca Laliga y Miguel Ángel Torres, que se adhirieron al voto en contra. Todos ellos fueron propuestos por el PP para formar parte del órgano fiscalizador.

La discrepancia se basa en una diferencia de criterio sobre si el Tribunal de Cuentas ha de apreciar si las formaciones políticas cumplen las condiciones y circunstancias establecidas por la ley orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) para acceder a subvenciones públicas. Para la mayoría del pleno no le corresponde al tribunal decidir si los partidos que concurren a unas elecciones cumplen todos los requisitos para recibir dichos pagos de dinero público, cuestión que compete a su juicio de forma exclusiva a la Dirección General de Política Interior.

Los consejeros discrepantes, en cambio, estiman que la competencia fiscalizadora incluye la obligación de pronunciarse sobre si Bildu podía recibir dichas subvenciones a tenor del artículo 127.4 de la mencionada ley orgánica. Ese precepto establece que esas subvenciones “no se devengarán” a favor de formaciones políticas cuyos órganos directivos, grupos parlamentarios o políticos, o sus listas electorales “incluyan o mantengan a personas condenadas por sentencia, aunque no sea firme, por delitos de rebelión, de terrorismo o delitos graves contra las Instituciones del Estado, en los términos previstos en la legislación penal, salvo que aquellas hubieran rechazado públicamente los fines y los medios utilizados”. Como consecuencia de este debate, dicho departamento de Interior deberá comprobar si Bildu reunía los requisitos establecidos por la ley para proceder o no al desembolso de la subvención. Hasta ahora, la citada formación ha recibido el 30% de la subvención que le correspondería.

Las elecciones municipales a que se refiere el informe tuvieron lugar el 28 de mayo de 2023. La fiscalización realizada analiza las contabilidades de los ingresos y gastos electorales presentadas al Tribunal de Cuentas por las formaciones políticas que participaron en los comicios municipales de mayo de 2023 en los que se eligieron más de 8.000 ayuntamientos. En relación con dichas elecciones locales han presentado contabilidad 371 formaciones políticas, el 22% de las 1.662 que obtuvieron finalmente representación. En las elecciones a los siete Cabildos insulares canarios, que también se eligieron aquella fecha, lo han hecho 5 formaciones políticas de las 10 que obtuvieron representación. El 85% de las formaciones presentaron en plazo la contabilidad electoral y lo han hecho a través de la Sede Electrónica de la institución.

Las formaciones políticas han declarado ingresos para financiar la campaña electoral por casi 60 millones de euros. Un 44% procedían de las aportaciones de las propias formaciones políticas, un 37% de endeudamiento bancario y un 18% de adelantos de subvenciones electorales. Los gastos electorales que han sido considerados justificados por el Tribunal de Cuentas han ascendido a 57 millones de euros, de los que 34 millones corresponden a operaciones electorales ordinarias y 23 millones a operaciones de envío de propaganda electoral a través de buzoneo.

Entre los gastos electorales por operaciones ordinarias figuran los 5,5 millones de euros destinados a publicidad exterior o los 4,5 millones de euros destinados a publicidad en prensa y radio. El tribunal ha identificado gastos electorales por valor de 3,2 millones de euros que no han sido correctamente justificados o no tienen naturaleza electoral al no ajustarse a los conceptos de gasto previstos en el artículo 130 de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General. Por lo tanto, no han sido admitidos como susceptibles de ser financiados con subvenciones electorales.

Un total de 38 partidos políticos han reunido los requisitos para percibir la subvención específica por el envío directo y personal de propaganda electoral (los partidos hicieron unos 120 millones de envíos).