El exalcalde de Gandia asesinado fue apuñalado en África hace meses

Arturo Torró Chisvert, el exalcalde de Gandia (Valencia, 80.000 habitantes) del PP y empresario asesinado de un tiro el pasado miércoles, sufrió un apuñalamiento en África hace meses, según confirman a EL PAÍS fuentes próximas a la investigación, que añaden que la víctima denunció la agresión en una comisaría de la Policía Nacional.

El ex primer edil, de 62 años, había acudido a dependencias policiales a presentar, al menos, tres denuncias, entre ellas una por amenazas. La Guardia Civil, que indaga el caso, trata de acreditar si alguno de estos hechos guarda relación con el asesinato y va a analizar los atestados de aquellos hechos. Además, escudriña las grabaciones de las cámaras de seguridad de gasolineras, locales y organismos públicos en busca de pistas, así como el móvil de la víctima. Los agentes también recaban testimonios de familiares y amigos. La finalidad: tratar de averiguar la lista de potenciales enemigos de este político que tuvo la vara de mando de Gandia entre 2011 y 2015.

Torró apareció muerto a las 22.35 del pasado miércoles junto al vehículo de su esposa en el kilómetro 37 de la autovía A-38 en Xeresa (Valencia, 2.340 habitantes). Tenía signos de estrangulamiento y un tiro en el pecho. Los investigadores manejan la hipótesis de que el crimen fue planificado y ejecutado por dos sicarios dos horas y medias antes del hallazgo del cadáver.

La tarde del asesinato, Torró habló con un amigo por teléfono. Le dijo que tenía que detenerse porque le había saltado una alerta en su Mercedes que indicaba que tenía problemas de presión en una rueda. La parada en la carretera fue, presuntamente, aprovechada por los sicarios para atacarle por sorpresa y dispararle con un arma corta.

Las pesquisas de la Guardia Civil descartan por ahora el móvil político y se centran en el económico. La investigación ha revelado que recientemente Torró había hecho negocios de comercio de aceite en Kenia y Colombia que salieron mal. También que el empresario atravesaba desde hace más de una década por una delicada situación económica. Tras encaramarse a mediados de la década de los noventa a la cima con un multimillonario negocio óptico ―la cadena +Visión, que llegó a tener 340 franquicias y una facturación de 60 millones anuales―, vendió la empresa en 2008.

Junto al imperio de las gafas, el expolítico también desembarcó en el negocio de la comercialización de ataúdes. Llegó exportar 3.000 unidades de cajas que fabricaba inicialmente en China y después en Argentina, según desveló al diario Clarín.

Con los beneficios de la venta de +Visión, compró más de 20 millones de preferentes de Bankia, un producto tóxico que atrapó más de 4.000 millones de 3.000 ahorradores. Y ahí arrancó su declive financiero.

Distintas fuentes señalan que el empresario encaraba concursos de acreedores, liquidaciones y deudas en su entramado mercantil. Llegó a ocupar 80 cargos en 45 sociedades. Y una empresa de su madeja figuró en 2019 en la lista negra de Hacienda por una adeudar más de dos millones al fisco.

A los acuciantes problemas financieros se sumó un periplo en los tribunales que también atacó su economía y que arrancó tras abandonar el Ayuntamiento de Gandia, en 2015. La Audiencia Nacional archivó en 2021 la causa contra Torró en el caso Púnica, que lo indagaba por usar presuntamente dinero público para fichar a un experto en márquetin digital para blanquear su reputación en redes. En 2023, a raíz de una denuncia de los socialistas de Gandia, la Audiencia de Valencia le condenó a tres años y medio de prisión y a seis de inhabilitación por el caso Tele 7, que acreditó malversación y fraude por desviar dinero de este municipio a dos canales privados. El Tribunal Supremo ratificó la sentencia y obligó a Torró a desembolsar 350.000 euros para tapar el agujero municipal.