El PP obvia dos resoluciones de la Audiencia Nacional para acusar al fiscal general de alinearse con ETA

El PP ha azuzado de nuevo la tesis de que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, se ha alineado con la extinta ETA. En las últimas dos semanas, la formación conservadora ha ignorado dos dictámenes de la Audiencia Nacional que contradicen su teoría y le ha vuelto a reprochar a García Ortiz que el ministerio público haya defendido que han prescrito las imputaciones contra tres exjefes de la organización terrorista por su supuesta implicación en el secuestro y asesinato en 1997 de Miguel Ángel Blanco, concejal del PP en Ermua (Bizkaia). “¿Estará del lado de las víctimas o del de los verdugos?”, le criticó este lunes la senadora popular Pepa Pardo, que obvió que tres magistrados han respaldado la posición defendida por la Fiscalía en este tema.

La principal fuerza de la oposición, liderada por Alberto Núñez Feijóo, hace meses que ha colocado a García Ortiz en la diana con el objetivo de desgastar también al Gobierno. En esta línea, este martes, el PP aprovechó la comparecencia del fiscal general en el Senado —adonde acudió para informar de la última memoria de su departamento— para cargar contra el máximo representante del ministerio público. La senadora Pepa Pardo arremetió principalmente contra él por su imputación por un supuesto delito de revelación de secretos en el caso del novio de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. Pero la parlamentaria no se quedó ahí y recuperó las acusaciones de connivencia con ETA.

“Memoria democrática es hacer todo lo posible por esclarecer los más de 300 asesinatos sin resolver de ETA. ¿Y qué ha hecho usted? Un párrafo ha dedicado en su memoria”, arrancó la política del PP, que le censuró entonces que “un fiscal bajo sus órdenes” propusiese el archivo de la causa contra tres exjefes de la banda por prescripción. “¿Estará del lado de las víctimas o del de los verdugos?”, prosiguió la popular, que añadió: “¡Qué indecencia y qué inmoralidad! Usted no puede seguir ni un minuto más en su cargo”.

Daniel Portero, diputado del PP en la Asamblea de Madrid y presidente de la asociación Dignidad y Justicia, lanzó unos ataques similares la pasada semana: “Estamos asistiendo en directo a la degradación de la carrera fiscal y a la perversión de la figura del ministerio público del Estado, que está dejando de ser del Estado para convertirse en la correa de transmisión del presidente del Gobierno, que por mantenerse en la poltrona se traga los votos de sangre de quienes asesinaron a mi padre y a cientos de personas inocentes y heroicas”, afirmó en una nota de prensa.

Ese duro tono ya ha sido usado antes en este mismo tema. En 2022, el senador Luis Santamaría se dirigía así al fiscal general al abordar el mismo asunto: “¿Por qué no quiere usted que sean juzgadas las personas que fueron los autores intelectuales del asesinato de Miguel Ángel Blanco? Pues para sostener la mayoría de Gobierno que sostiene a su jefe, el señor Sánchez”, le cuestionó el parlamentario, que lo acusó de mantener una “actitud de complicidad o colaboración” con la banda terrorista.

Mientras el PP se afana en atacar a García Ortiz por el criterio técnico que se ha defendido en la causa sobre el asesinato de Miguel Ángel Blanco, los populares obvian que existen ya dos resoluciones de la Audiencia Nacional que respaldan la posición del ministerio público. De esta forma, los conservadores evitan hacer cualquier crítica a los magistrados que firman esos dictámenes.

El pasado octubre, tres jueces de la Audiencia Nacional (Juan Francisco Martel, Francisca María Ramis y Fermín Javier Echarri) declararon prescritas las acusaciones contra tres exjefes de ETA (María Soledad Iparraguirre, alias Anboto; Mikel Albisu, Mikel Antza; e Ignacio Miguel Gracia Arregui, Iñaki de Rentería), que habían sido procesados el abril anterior por el atentado contra Miguel Ángel Blanco. El tribunal concluyó que la causa no se había dirigido contra ellos hasta casi 25 años después del crimen, cuando el plazo de prescripción era de 20.

Según sendas resoluciones de estos magistrados, la posición de la Fiscalía era la correcta y, de no haberse archivado el proceso contra estos tres exjefes de la banda terrorista, se estarían “vulnerando los principios de legalidad, de seguridad jurídica, de irretroactividad de normas sancionadores no favorables y de prohibición de la arbitrariedad de los poderes públicos”. Es más, el tribunal remachaba que debía adoptarse esta decisión, “precisamente, en defensa del Estado de derecho que otros han intentado arrebatarnos a través de actos de subversión del orden constitucional, de desestabilización de las estructuras políticas o económicas y de aterrorización social (no del todo superados)”.

Tras esta resolución de la Audiencia Nacional, el PP y la asociación Dignidad y Justicia recurrieron al Tribunal Supremo para tratar de revocar el archivo por prescripción. La mayoría de la junta de fiscales de la sección Penal del Supremo (13 de 16) votaron la pasada semana a favor de adherirse a esas alegaciones al considerar, según explicó la agencia Europa Press, que la Audiencia se extralimitó al adoptar su decisión porque carecía de competencias para ello. Sin embargo, debido a las discrepancias entre los jefes de la sección, la decisión de sumarse a los recursos ha quedado en manos de la teniente fiscal del Supremo, María Ángeles Sánchez Conde. Lo apruebe o no, el alto tribunal resolverá después sobre el fondo del asunto.