‘Caso Marchelo’: el mayor juicio por corrupción urbanística del PP en Granada se acerca a su final 18 años después

Han pasado más de 18 años y 10 meses desde que un juzgado inició la investigación del caso Marchelo, que esta semana tiene su última o penúltima fase. Se trata del mayor juicio por presunta corrupción urbanística que tiene al PP granadino como actor principal. Junto al entonces alcalde popular de Alhendín (Granada) y tres de sus concejales, la causa incluye a varios técnicos municipales y numerosos empresarios, entre los que se incluye a Juan Muñoz Tamara, marido de la presentadora de televisión Ana Rosa Quintana, a los que la Fiscalía acusa, según su implicación, de delito de tráfico de influencias, prevaricación urbanística, cohecho cometido por funcionario público o particular, fraude en la contratación o malversación de caudales públicos. Catorce de los 15 investigados —uno de ellos, con 94 años y problemas cognitivos, ha quedado exento— deben ir al juzgado esta semana a mostrar o no su acuerdo con la petición de pena del fiscal y de la acusación particular. Si todos la aceptan, el caso acabará con la imposición de esas penas o, según el acusado, alguna reducción. Si no, habrá juicio oral y aún quedará caso Marchelo durante meses o años, algo muy posible.

El principal acusado es Manuel Fernández Moreno, concejal de Urbanismo en 2007 y primer detenido, que se enfrenta a más de 15 años de prisión por ocho delitos, según la petición fiscal. Para el siguiente, José Guerrero, entonces alcalde y ahora provisionalmente fuera del juicio, según ha dado a conocer el diario Granada Hoy por su deterioro cognitivo, la Fiscalía solicita casi nueve años de prisión por cuatro delitos. Y así hasta los 15 investigados en un juicio que se ha dividido en tres piezas, todas ellas relacionadas con el urbanismo y la presunta compraventa a precios siempre ventajosos para los políticos locales, que ofrecían la consiguiente prestación en forma de modificación de las normas urbanísticas a medida para los empresarios. El caso está adornado con el también habitual piso regalado, terrenos comprados baratos y vendidos caros y, por supuesto, siempre según Fiscalía, con la pérdida de ingresos para el municipio. Una merma que se estima en una cifra de entre siete y 16 millones de euros.

La parte judicial arrancó en mayo de 2006. El día 10 de ese mes, un juez de Santa Fe (Granada) comenzó una investigación por presuntos delitos urbanísticos en la localidad de Alhendín. El PSOE local y dos denuncias de Ciudadanos pusieron en marcha un proceso que el juez mantuvo 10 meses en secreto. Esa investigación, que incluía 200 horas de escuchas telefónicas de conversaciones entre miembros de ese consistorio, en manos entonces y ahora del PP, con empresarios y entre ellos, desembocó en la detención del entonces edil de Urbanismo. También dio por terminado el secreto del sumario. Era marzo de 2007 y a aquel juez le siguió una jueza y a esta, otro magistrado. Tres jueces que, finalmente, han alargado el proceso, por ahora, hasta esos casi 19 años.

Una persona que vivió aquello y que prefiere mantenerse en el anonimato sitúa el contexto: “Era la época del boom del ladrillo, tanto en suelo urbano como industrial y Alhendín tenía mucho suelo disponible. Las empresas pagaban muchas cosas en el pueblo, fiestas, iluminación… Eso acabó con el ayuntamiento convertido prácticamente en el brazo armado de las constructoras y promotoras”. Eran estas empresas, continúa, quienes marcaban el ritmo de la gestión. “Si oyes las escuchas que hizo la policía, percibes que eran ellas quienes decían lo que había que hacer. Por eso, los pequeños propietarios que tenían interés en vender estaban muy incentivados y los que no, se les presionaba por todos sitios”, continúa esta fuente. “Se hacía urbanismo a la carta, pero no por la necesidad del municipio, sino por deseo de las empresas”, concluye.

La historia que acaba en esta investigación judicial tiene su inicio, quizá sin imaginar lo que venía entonces, en 1989. Entonces, José Guerrero, que luego sería alcalde de Alhendín, compró con sus hermanos un terreno rústico. 1.000 metros cuadrados por el equivalente a 9.000 euros. Diez años después, según escrito de acusación del fiscal, con Guerrero ya de alcalde, el suelo se convirtió en urbano, lo que multiplicó el valor por 33 hasta alcanzar los 300.000 euros. El comprador quería hacer una gasolinera, lo que era incompatible con el tipo de calificación del suelo. No obstante, el alcalde le fue facilitando el tránsito hasta que finalmente cambió también la calificación. El fiscal explica que, por si acaso, la venta no se llevó a escritura pública hasta que no se consiguió esta calificación. Aunque el nuevo propietario pagó 300.000 euros, los documentos reflejaban la mitad… Y así, haciendo lo que fuera necesario, se construyó una gasolinera en un terreno del alcalde que años atrás era rústico.

Las otras dos piezas, según la fiscal del caso, incluyen suelos inicialmente rústicos, comprados baratos, calificados posteriormente según necesidad del comprador, con plusvalías o beneficios inesperados para los políticos locales intervinientes. Es el caso de la construcción de un polígono industrial —Marchalhendín— en un suelo en 1999 no urbanizable, comprado por el ayuntamiento por 10.500 euros con el compromiso municipal de que se cambiaría el uso. Esta es la pieza que involucra al marido de Ana Rosa Quintana, propietario de la empresa que quiso construir el polígono. En este caso, la descripción del fiscal habla de cesiones de parcelas de unos a otros, de pagos previstos, de empresas diversas, etc. para acabar muchos folios después en la conclusión de que el ayuntamiento acabó perdiendo una cantidad que puede fluctuar entre siete y 16 millones de euros según la fiscalía, cerca de los 20 según el PSOE estimó en su momento.

La tercera pieza se refiere a la construcción de una urbanización de 1.400 viviendas, de las que se construyeron 1.100 y que, entre otras cosas, debía prestar atención a su cercanía a la base aérea de Armilla —lugar de aprendizaje de vuelo en helicóptero para los militares españoles— y a un arroyo. Nada de eso se tuvo en cuenta, y una sentencia posterior obligó a recortar los bloques, quitando sobre todo cuartos de ascensores y dependencias técnicas porque afectaba a la seguridad de la navegación aérea. El Ministerio de Defensa denunció aquello para finalmente aceptar que la empresa constructora pagara la adecuación de la pista de aterrizaje de la base en la medida necesaria y que no hubiera que tirar bloques completos. El fiscal, en cualquier caso, estima que el entonces concejal de Urbanismo consiguió un piso tasado en 340.000 euros de manera “gratuita”, dice en su escrito.

Y así, a lo largo de 64 páginas transcurre un relato del fiscal que requiere de mucha toma de apuntes por lo prolijo del relato y los cientos de acciones concretas que se requirieron para estos tres presuntos delitos urbanísticos. Este martes, miércoles y jueves, 14 investigados están llamados al juzgado a mostrar su conformidad o no con la petición fiscal. Surgen dos problemas, al menos, para pensar que no será fácil que todos acepten la pena propuesta. Por un lado, la dificultad de que haya coincidencia en dar por bueno todo el relato y las penas que se solicitan y, por otro, que han pasado casi 19 años y tres jueces. No parece descabellado que algunos acusados usen ese argumento para alegar una dilación indebida del caso.