El hermano de Pedro Sánchez renuncia al puesto en la Diputación de Badajoz por el que se le investiga

David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente del Gobierno, ha presentado minutos antes de las tres de la tarde de este miércoles y por escrito su dimisión como jefe de la Oficina de Artes Escénicas de la Diputación Provincial de Badajoz, según ha adelantado el diario Hoy y ha confirmado EL PAÍS en fuentes de este organismo. En el texto, Sánchez presenta su “renuncia de forma unilateral” al cargo por el que está siendo investigado por un juzgado pacense ante la denuncia presentada por Manos Limpias por supuestas irregularidades en su contratación.

Fuentes de la Diputación de Badajoz señalan que se va a convocar de nuevo la plaza que ha ocupado David Sánchez desde julio de 2017, una vez quede en efecto vacante, porque la intención de la institución es que continúe el programa Ópera Joven. En el escrito de renuncia, al que ha tenido acceso EL PAÍS, Sánchez señala que se trata de un preaviso de extinción de su contrato de alta dirección.

La investigación sobre el hermano del presidente del Gobierno se inició el pasado mayo después de que el pseudosindicato Manos Limpias presentara una denuncia sustentada en informaciones publicadas en prensa, según las cuales David Sánchez no realizaba las funciones que tenía asignadas en la Diputación de Badajoz, no acudía a su puesto de trabajo y residía en Portugal presuntamente para ahorrarse pagar impuestos en España. Además, afirmaba que el hermano del presidente tenía un patrimonio valorado en dos millones de euros, que calificaba de desproporcionado por el sueldo que percibía y su vida laboral anterior. Un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, luego respaldado por la entidad financiera donde el hermano de Sánchez tiene depositadas acciones, desmontó el bulo creado por varios medios y amplificado por Manos Limpias sobre una supuesta fortuna de 1,4 millones de euros que habría amasado Sánchez basada en un cálculo totalmente erróneo que confundía número de acciones con el valor de las mismas para multiplicar por 30 el saldo real. La jueza ordenó numerosas diligencias sin lograr ni un solo indicio de los delitos denunciados por Manos Limpias.

El documento elaborado por el instituto armado en el que analizaron decenas de miles de correos electrónicos del personal de la Diputación implicado en la contratación no aportaba ni una sola prueba de que el puesto de trabajo adjudicado a David Sánchez como coordinador de actividades de los conservatorios de la provincia de Badajoz se hubiera creado específicamente para el hermano del presidente del Gobierno. Además en el momento de la convocatoria de la plaza, Pedro Sánchez acababa de ser obligado a dimitir como secretario general del PSOE tras una dura batalla interna en el partido.

Desde entonces, la jueza ha tomado declaración a Sánchez y a otros ocho investigados, entre ellos el secretario general del PSOE de Extremadura y presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, además de a numerosos testigos. Ante la magistrada, tanto el hermano del presidente, que aseguró que encontró en internet la oferta laboral de coordinador de actividades de los conservatorios de la provincia de Badajoz, como Gallardo, que insistió en que no conocía a este “de nada” hasta que entró a trabajar en la Diputación ni conocía su parentesco con el líder de su partido, negaron cualquier irregularidad en el proceso de creación y posterior adjudicación del puesto.

David Sánchez esperaba el archivo del procedimiento tras no aparecer ni un sólo indicio durante la investigación y durante los interrogatorios de los delitos que se investigaban. Pero la juez, en un auto reciente, resolvió seguir adelante con la causa y argumentó por qué rechaza la petición de seis de los investigados, entre ellos Gallardo, de sobreseer la causa contra ellos. La instructora sigue pensando que pudo haber tráfico de influencias tanto en la creación y adjudicación del puesto a David Sánchez, como en la posterior modificación de las funciones de este, aunque testigos e imputados lo han desmentido. La magistrada afirmaba en esa resolución que “todo parece indicar que el puesto se creó para ser asignado al hermano de Pedro Sánchez. La magistrada añadía que, posteriormente, se acomodaron las funciones del cargo a las “preferencias personales” del familiar del presidente “de forma que no le fuera necesaria la asistencia diaria a su despacho profesional”. La jueza ―que ya ha apuntado en otras resoluciones judiciales su intención de concluir cuanto antes la investigación para decidir si la manda a juicio o no― añadía que, si bien la asignación de este tipo de puestos de alta dirección es discrecional, en este caso consideraba que había indicios de “arbitrariedad”, lo que constituiría un delito de prevaricación administrativa.

“No hay indicio mayor de la arbitrariedad de la creación de un puesto que la falta de necesidad del mismo, la celeridad en su provisión [...], que dicha provisión tenga lugar cuando el candidato al que pretende otorgarse está, precisamente, buscando trabajo, y el dotar al procedimiento de una apariencia de legalidad a través del cumplimiento de trámites formales pero que en realidad ocultan la intención de satisfacer un interés distinto al general que debe perseguir cualquier actuación de la Administración Pública”, incidía más adelante en el auto la jueza.

[Noticia de última hora. Habrá ampliación en breve]