Navarra indemniza con 1,24 millones de euros a 41 víctimas de torturas y malos tratos policiales

La Comisión de Reconocimiento y Reparación de las víctimas por actos de motivación política provocados por grupos de extrema derecha o funcionarios públicos de Navarra ha reconocido a 41 personas como víctimas de este tipo de violencia. Es uno de los datos recogidos en el segundo informe anual elaborado por esa comisión, que ha aprobado indemnizarlos con un total de 1.243.383 euros para procurar reparar las secuelas que padecen o han padecido.

Desde que en 2019 fuera aprobada la normativa autonómica que regula estos reconocimientos, se han presentado ante la Dirección General de Memoria y Convivencia hasta 125 solicitudes de reconocimiento de víctimas por actos de motivación política: 50 durante 2023 y 75 durante 2024. Hasta el momento, la comisión ha resuelto 47 peticiones: 41 han concluido con un reconocimiento, cinco han sido inadmitidas y una ha sido desestimada al no haberse podido acreditar una “relación de causalidad entre los hechos y los perjuicios relatados por el solicitante”. En la actualidad, la comisión trabaja en la tramitación de 78 expedientes más —todos ellos admitidos en el procedimiento, pero en diferentes fases— y, por ahora, han recogido el testimonio de 71 víctimas.

Respecto a las que ya han sido reconocidas, el informe señala que seis de ellas murieron como consecuencia de los malos tratos padecidos, una fue torturada y murió bajo custodia policial y las cinco restantes recibieron disparos de agentes pertenecientes a cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Estas acciones se registraron en diferentes situaciones: en un control policial, en confrontaciones de motivación política, en disturbios callejeros o, incluso, en el monte mientras la víctima conducía ganado a lo largo de la frontera con Francia.

Los peritos que forman parte de la comisión han declarado probado que 16 víctimas fueron detenidas y que durante ese periodo sufrieron malos tratos o torturas. Además, 12 de ellas estuvieron incomunicadas durante su encierro. A raíz de esos malos tratos, seis personas sufrieron secuelas psicológicas y 11, físicas.

El documento, en el que no se identifica a estas víctimas, sí enumera algunas lesiones, como la pérdida del globo ocular, otras tres lesiones en el globo ocular que conllevaron pérdida de visión y tres heridos por arma de fuego. También se han constatado cuatro personas más con diversas lesiones. Según han acreditado los expertos, durante los Sanfermines de 1978 se registraron cinco agresiones, otras cinco se produjeron en diversos disturbios callejeros y una más en las manifestaciones por conflictos laborales que se desarrollaron en los setenta en las minas de Potasas. Los daños no quedan ahí. Del documento también se desprende que dos personas sufrieron daños físicos y materiales y que una de estas dos fue víctima de un intento de atentado por parte de un grupo de la extrema derecha.

La gran mayoría de las víctimas son hombres (34) y tan solo se ha reconocido a 7 mujeres. Eso sí, desde la comisión recalcan que las que fueron sometidas a malos tratos y torturas sufrieron también violencia sexual: desde insultos y comentarios vejatorios hasta tocamientos que, en algunas ocasiones, derivaron en agresiones sexuales.

Al recopilar estos testimonios y reconocer a estas víctimas, la comisión aspira a reparar de algún modo a las familias de quienes fallecieron o a quienes sufrieron heridas psicológicas y físicas como consecuencia de acciones violentas, desproporcionadas e ilegítimas realizadas por miembros de los cuerpos policiales o de grupos de extrema derecha. En función de las secuelas, estas víctimas o sus familias tienen derecho a recibir asistencia sanitaria y, si los peritos así lo consideran, pueden recibir indemnizaciones económicas. La cuantía final que recibe cada persona se determina en función de unas tablas marcadas por la ley autonómica —Ley Foral 16/2019— y son iguales, por ejemplo, a las que reciben las víctimas del terrorismo de ETA. Además, en mayo de 2024, el Gobierno de Navarra realizó un acto público para reconocer públicamente a estas personas.

No se identifica a los autores

La comisión se limita a reconocer y reparar estos actos violentos y sus secuelas, pero no puede identificar a los victimarios. Su labor se limita a constatar la existencia de un “daño real y efectivo”. Así lo determinó el Tribunal Constitucional en 2021 (sentencias 108/2021, de 13 de mayo y 135/2021, de 24 de junio) al responder al recurso de inconstitucional planteado por PP y Vox contra la Ley Foral 16/2019. En concreto, estas resoluciones legales determinan que “las Comisiones de Reconocimiento y Reparación de Víctimas deberán limitarse a determinar la relación de causalidad existente entre los hechos y la producción del resultado dañoso, sin que ello implique indagación alguna sobre ilícitos penales o la identificación y eventual castigo de sus autores”.

En cualquier caso, la comisión no actúa de oficio, sino que son las propias víctimas, sus familias o las asociaciones que las representan quienes tienen que presentar la solicitud de reconocimiento. Una vez que lo hacen, se ha establecido un plazo de un mes para que sea admitida o no. Si lo es, la comisión tiene un año para realizar las pruebas que considere pertinentes —incluidas las entrevistas con las víctimas y sus entornos— y resolver el procedimiento. Desde la comisión defienden que la metodología con la que investigan estos casos está “perfectamente homologada y alineada con las recomendaciones internacionales” y subrayan que Navarra fue la única comunidad autónoma española en presentar este trabajo en la Convención de Víctimas del Terrorismo organizado este pasado octubre por la ONU.

Por ahora son 41 las personas reconocidas como víctimas de torturas y malos tratos policiales o a manos de grupos de extrema derecha, pero se prevé que su número se incremente. En su primer informe, la comisión ya reconoció que esta violencia no fue sistemática entre 1950 y la actualidad, pero que sí se produjeron “abusos a escala importante”. En esta línea, un estudio del Instituto Vasco de Criminología (IVAC), encargado por el Gobierno de Navarra, identificó 1.068 posibles casos de tortura y malos tratos sufridos por 891 personas en la comunidad entre 1960 y 2015.