Un juez cita a Sánchez a un acto de conciliación por llamar “delincuente confeso” al novio de Ayuso

Un juzgado de Madrid ha citado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a un acto de conciliación previsto en la ley como paso previo a la presentación de una querella por parte de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso por injurias y calumnias tras llamarle “delincuente confeso”. En un auto dictado este viernes, el Juzgado de Primera 98 de Madrid cita al jefe del Ejecutivo para el próximo 12 de febrero, a las 12.30, a un acto de conciliación. Ese acto es un trámite obligado previsto en la ley al que no tienen la obligación de ir Sánchez ni sus abogados. Aunque si no acuden, la vía de la conciliación previa se dará por cerrada y González Amador podrá presentar una querella en el Tribunal Supremo, ante el que está aforado el presidente del Gobierno.

Esta querella anunciada por la pareja de Ayuso forma parte de la ofensiva judicial emprendida por sus abogados contra varios miembros del Gobierno y periodistas por referirse a él como delincuente confeso tras hacerse público un correo de su abogado en el que reconocía en su nombre haber defraudado a Hacienda para llegar a un acuerdo con la Fiscalía.

Sánchez se pronunció sobre Amador a mediados de octubre durante una comparecencia en Bruselas, en las que respaldó al fiscal general del Estado después de que Álvaro García Ortiz fuera imputado por el Supremo. El presidente defendió que el fiscal general había “hecho su trabajo, perseguir al delincuente” y se refirió a González Amador como “un delincuente confeso que ha defraudado a Hacienda, que se ha lucrado y se ha enriquecido con las mascarillas durante la pandemia”. Sánchez se basaba en que la pareja de Ayuso reconocido que había cometido dos delitos de fraude a Hacienda a través de un correo enviado por su abogado el 2 de febrero a la fiscalía de delitos económicos. Con ese correo, el empresario buscaba un pacto que le permitiera conseguir una rebaja de pena que le evitara entrar en prisión.

González Amador está imputado por un juzgado de Madrid junto a cuatro presuntos colaboradores por posible fraude de 350.951 euros en los ejercicios de 2020 y 2021. Según una investigación previa de Hacienda, la pareja de Ayuso ganó dos millones de euros como intermediario en la compraventa de mascarillas en los primeros meses de la pandemia, pero para rebajar su cuota fiscal presentó facturas falsas simulando gastos que nunca tuvo.

Después de manifestarle en febrero a la Fiscalía su voluntad de un pacto, Amador tuvo que esperar a que el caso fuera judicializado para negociar los términos. Antes de una declaración ante la jueza el 24 de junio, los abogados del investigado negociaron ese acuerdo. Como adelantó EL PAÍS, el último borrador de proyecto de conformidad “supeditado al reconocimiento de los hechos” por parte de González Amador establece que la Fiscalía pedirá para el comisionista “la pena de cuatro meses de prisión por cada uno de los dos delitos contra la Hacienda Pública más multa del 40% de la cuota defraudada, esto es 60.000 euros (40% de los 155.000 euros defraudados en 2021) y 78.380 euros (40% de los 195.951 euros defraudados en 2022)”.

En el mismo proyecto de conformidad, apoyado por la defensa del novio de Ayuso, se asegura que la Fiscalía no se opondrá a que se conceda “la suspensión de las penas de prisión para Alberto González Amador por ser las condenas inferiores a dos años y estar satisfechas las responsabilidades civiles”.

Amador se ha querellado por delitos relacionados con su honor contra el presidente, cuatro ministros, la portavoz de Más Madrid, el secretario de comunicación del PSOE, Ion Antolín y el diputado socialista José Zaragoza. A estas se suma su querella por revelación de secretos contra la Fiscalía, que ha derivado en la imputación del fiscal general.