Koldo García: “La Guardia Civil me trató como a un terrorista”

Koldo García, asesor principal del exministro de Transportes José Luis Ábalos, tiene muy mal recuerdo del pasado 20 de febrero, cuando más de una decena de agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil irrumpió en su casa de Alicante. “Me trataron como si fuera un terrorista. Apuntaron a mi mujer con una pistola. ¿Era necesario?”, rememora el presunto conseguidor de la red desmantelada en la Operación Delorme a este periódico. Una investigación que instruye la Audiencia Nacional que arrancó con el rastreo de las presuntas irregularidades en las adjudicaciones públicas de mascarillas en lo peor de la pandemia.

Las imágenes del vídeo de la detención de García, a las que ha tenido acceso EL PAÍS, muestran la entrada de los agentes en el domicilio. Pertrechados con escudos, pistolas, pasamontañas y cascos, los funcionarios se cuelan en la vivienda por sorpresa pasadas las ocho de la mañana. La secuencia provoca el sobresalto de la entonces esposa del asesor y de su hija. García, maniatado, aparece después frente a los agentes, según el metraje captado por las cámaras de seguridad de la vivienda.

El exasesor sostiene que su detención fue “desproporcionada” y que meses antes del arresto se percató de que le estaban siguiendo funcionarios de la Guardia Civil de incógnito. Preguntó entonces a mandos del instituto armado, a los que conocía de su etapa como colaborador durante más de una década en la lucha antiterrorista en el País Vasco, que le indicaron que no se preocupara. “Les mostré [a los oficiales de la Guardia Civil] mi plena colaboración”, indica.

El que fuera sombra de José Luis Ábalos fue arrestado el pasado febrero junto a otras 20 personas, entre ellas su entonces esposa y el empresario Víctor de Aldama, que ganó más de 53 millones en contratos de material sanitario en lo peor de la pandemia y que ha declarado haber entregado 250.000 euros a Ábalos y 100.000 a su asesor por las operaciones de compraventa de mascarillas.

El juez atribuye a García los presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

La causa, que arrancó como una investigación sobre las adjudicaciones irregulares de material sanitario por parte de organismos como Puertos del Estado, Adif, el Ministerio del Interior y las administraciones canarias y balear, ha transmutado en una compleja madeja de derivadas. Las maniobras para el rescate de 475 millones de Air Europa, la supuesta compra de un chalé en Cádiz para el exministro o el pago de casi 90.000 euros del alquiler de un apartamento de lujo a una amiga del político socialista componen una película en la que se entremezclan historias de infidelidad y traición.